La viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, ya se puede ir tranquila del gobierno el 8 de mayo porque no le debe ni un cinco al Estado costarricense.
Zúñiga ya pagó los ¢27 millones que cobró de más en su salario en los tres primeros años de esta administración. Así lo anunció la Presidencia de la República este lunes.
Documentación aportada por Casa Presidencial indica que en diciembre la funcionaria pagó ¢14,3 millones, el 22 de febrero depositó ¢11,6 millones en el Banco Nacional a favor del gobierno y este lunes ¢47 mil.
Con esos pagos la funcionaria completó los ¢27 millones que se echó de más a la bolsa y que defendió infructuosamente a más no poder durante el año pasado.
El 19 de abril la Procuraduría General de la República determinó que Zúñiga recibió de forma ilegal un 65% de sobresueldo por concepto de prohibición, pues no contaba con los requisitos académicos de ley necesarios para cobrar ese beneficio.
En total percibió ¢34,4 millones de más, sin embargo cuando se rebajaron las cargas sociales y la renta, la deuda final le quedó en ¢27 millones.
A partir del pronunciamiento de la Procuraduría, la funcionaria empezó a abonar en tractos lo que cobró de más, hasta la semana pasada que canceló la totalidad.
Para amortiguar su deuda, en abril de 2017 la viceministra tramitó un préstamo con la asociación solidarista de Casa Presidencial por un monto de ¢7,1 millones, pagadero en 40 cuotas consecutivas de ¢198.550.
"Reintegro la totalidad de la suma por concepto de prohibición que percibí debido a un error administrativo desde que ingresé a fungir como viceministra, con el objetivo de que el erario público no sufra ninguna afectación como consecuencia de las decisiones administrativas que llevaron a asignarme el pago por prohibición profesional de manera errónea.
Lo hago con la convicción de que no ostento este cargo para aferrarme a una compensación económica sino para trabajar con diversos sectores y poblaciones para mejorar su calidad de vida", dijo Zúñiga por medio de un audio general para todos los medios de comunicación, pues desde que se le obligó a devolver el dinero optó por apartarse del foco público y pasar inadvertida el resto de su gestión.
SIN RESPONSABLES
Casa Presidencial no sentó ninguna responsabilidad por este caso, que a los ojos de un 71% de la población fue corrupción.
El 30 de enero DIARIO EXTRA dio a conocer que Presidencia absolvió a Ligia Vargas Ramírez, ex subdirectora de Recursos Humanos de Casa Presidencial, a pesar de ser la responsable de gestionar los pagos de Zúñiga.
El 30 de abril de 2014, ocho días antes de que este gobierno asumiera sus funciones, Vargas Ramírez suscribió el nombramiento de la viceministra, en el cual se le reconoció de manera ilegal el incentivo del 65% de prohibición.
Así consta en la resolución DMP-024-2017 del 21 de diciembre de 2017. Casa Presidencial decidió no responsabilizar a Vargas Ramírez aludiendo que existe disparidad de criterios sobre las normas para el pago de prohibición.
Presidencia menciona que en la institución existía una práctica administrativa que consistía en asignar el 65% de prohibición a los jerarcas “de manera automática” y que no fue hasta abril de 2017 cuando se conoció, tras un pronunciamiento de la Contraloría General de la República, la imposibilidad de pagar este porcentaje a los egresados en Derecho, pues no tienen la posibilidad de ejercer la profesión de manera liberal.
Durante el gobierno de Luis Guillermo Solís ocho funcionarios cobraron de manera ilegal ¢189 millones un incentivo salarial conocido como prohibición (ver recuadro), a pesar de que no cumplían con los requisitos para ello.
La Procuraduría General de la República dejó claro que para cobrar ese plus es necesario estar incorporado al colegio profesional respectivo, en los casos que la membresía sea requisito para ejercer la profesión.
Dicho plus equivale al 65% del salario base y se creó para impedir que los jerarcas del Estado ejerzan sus profesiones liberales.
A poco más de dos meses para que concluya esta administración, los ministros de Comercio y Planificación, Alexander Mora y Olga Marta Sánchez, respectivamente, no cancelan ni un cinco, pues desde hace 10 meses se abrió un procedimiento administrativo para determinar si pagan.
Además de la viceministra Zúñiga y los ministros Mora y Sánchez, este mismo plus lo cobraron, sin estar colegiados, el ministro de Turismo, Mauricio Ventura; el viceministro de Paz, Víctor Barrantes; y la de Gobernación, Carmen Muñoz.
También lo cobraron las ex viceministras Ana Cristina Trejos, de Vivienda, y Gina Paniagua, de Agricultura.
PERIODISTA: Carlos Mora
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Martes 27 Febrero, 2018
HORA: 12:00 AM
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