El problema fiscal es asunto de todos
Editorial
E
n las últimas semanas, luego de la primera ronda electoral, ha revivido por parte de algunas fracciones legislativas la intención de aprobar una reforma fiscal que incluye transformar el conocido impuesto de ventas al impuesto de valor agregado (IVA), dejándolo en un 13%, pero ampliando su base de cobro.
Es decir, actividades principalmente del área de servicios, como ir al cine, al teatro, conciertos o eventos deportivos, alquilar un vehículo o ver televisión por internet se incluirán en el tributo.
De igual forma afectaría la visita a profesionales liberales como doctores, dentistas, psiquiatras, arquitectos y abogados, entre otros.
Este intento desesperado, quizás para que el próximo gobierno no tenga que agarrar una brasa que de forma irresponsable la actual administración no quiso resolver desde el comienzo cuando entró con el aval electoral que le brindaron los votos, tampoco será la solución al hueco fiscal que vive el país acumulado desde las últimas tres administraciones y que Luis Guillermo Solís heredará en un alarmante 6,2% del Producto Interno Bruto (PIB).
Un reciente estudio de la Universidad Nacional (UNA) indica que, si bien crear el IVA podría ser una solución, si no se hace de forma ordenada, traerá más pobreza a las clases menos favorecidas, ya de por sí muy golpeadas.
Para que el IVA funcione, el Ministerio de Hacienda tendrían que crear la plataforma que permita devolver ese impuesto a las personas de menor ingreso, que se ubican en los quintiles 1,2,3 y 4.
Pero, además, la recaudación con este impuesto apenas llegaría al 0,5% del PIB que, según cálculos de la universidad, serían ¢175 mil millones.
Por ello el gobierno pretendía aumentar la tasa del 13% al 15%, y así recoger ¢450 mil millones en el primer año, sin embargo, esto nunca tuvo viabilidad política en el Congreso.
El problema es que ningún gobierno ha logrado reducir el enorme abismo que se produce por la defraudación fiscal.
Según los sindicatos, más de ¢2 billones le son robados al Estado por defraudación fiscal cada año, más otro ¢1 billón que se ha acumulado por exoneraciones a lo largo del tiempo.
Para tener una idea que la defraudación fiscal se ha convertido en deporte nacional, sin pena o sanción, en los Tribunales de Justicia se acumulan más de 300 denuncias desde 1995 por esta causa, sin que hasta la fecha nadie haya sido condenado penalmente.
Pero el problema es también de forma, ya que tras más de 20 años de que se aprobó la Ley de Defraudación Fiscal, aún no se cuenta ni con la Jurisdicción Penal Tributaria ni la Fiscalía de Delitos Tributarios.
Si bien esta administración con el esfuerzo de los diputados aprobó una reforma a dicha ley, con la que esperan recoger cerca de ¢100 mil millones anuales, lo cierto es que hay muchos baches que siguen abiertos y que requieren, además de la buena voluntad de los diputados, el compromiso de todos los sectores.
Este debe ser un debate nacional sobre cómo vamos a cobrar los impuestos, sobre qué se va a grabar y sentar las responsabilidades de quiénes evaden y también cómo corregir esas grietas del sistema.
Si bien el esfuerzo que se realiza en los últimos días parece válido, este debe hacerse con el cuidado debido de no por correr para aprobar algo que no va a contribuir a solucionar el problema.
Las autoridades de turno, los partidos de oposición, los sindicatos, los empresarios y la sociedad civil deben sentarse con cabeza fría, pero con la responsabilidad que el tema amerita para de una vez por todas poner en orden las finanzas públicas.
