Empleo público: el Estado como empleador único
Piszkas cotidianas / Sandra Piszk Feinzilber*
Quedan escasos dos meses para que concluya este cuatrienio y asuma un nuevo Gobierno, así como nuevas autoridades legislativas. No obstante, es tiempo suficiente para seguir avanzando en reformas que promuevan el ordenamiento al empleo público, en aras de coadyuvar en la contención del gasto público y como una medida urgente en la unificación de criterios para el otorgamiento de incentivos y compensaciones salariales para todos los servidores públicos.
Valga recordar que desde marzo de 2015, habíamos presentado iniciativas para abordar integralmente el ordenamiento de los pluses salariales en el sector público, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores. Las iniciativas fueron sometidas a cientos de consultas y audiencias para enriquecer la propuesta.
Hoy, sin embargo, no quisiera referirme a los aspectos cuantitativos de la propuesta, sino más bien a aquellos que le dan respaldo jurídico.
En primer lugar, según el constituyente de 1949, en Costa Rica debería existir un solo régimen de empleo público. El Estado es uno, y como tal, es un único patrono. No obstante lo anterior, a través de los años se han ido creando diferentes regímenes, cada uno con sus propias reglas sin que el Estado como patrono tuviera injerencia en las decisiones.
En segundo lugar, la garantía jurídica que protege los derechos adquiridos de los trabajadores, ello quiere decir, que en ningún proyecto sobre empleo público, dichos derechos pueden vulnerarse.
En tercer lugar, debe tenerse claro que el salario es intocable y que lo que puede reformarse son las remuneraciones adicionales, conocidas como pluses. En este punto valga aclarar que es necesario distinguir entre derechos adquiridos, que son aquellos que el servidor ya ha recibido y, expectativas de derechos, que son aquellos que pueden regularse.
Las propuestas en discusión no son antojadizas, obedecen a criterios de razonabilidad, proporcionalidad y oportunidad que satisfagan la correcta prestación de los servicios públicos y la gestión pública en general. Al tiempo que deberán estar relacionadas con los fines y objetivos institucionales, estar respaldadas por el correspondiente contenido presupuestario y criterios técnicos. Asimismo, es importante rectificar la enorme desigualdad que hay entre servidores públicas con idénticas funciones y remuneraciones desiguales.
El Acuerdo Nacional firmado en junio de 2017 por los nueve partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, puntualizó la necesidad de que el país inicie una era de gobernanza. Para ello es indispensable el ordenamiento al que nos hemos referido desde nuestro ingreso a la Asamblea Legislativa.
*Diputada
Partido Liberación Nacional
