Sigue piñata con bonos de Bancos
Editorial
Hoy con gran sorpresa vemos cómo los trabajadores del Banco Nacional pegan el grito al cielo porque la gerencia de Juan Carlos Corrales les comunicó que podría no haber bonificaciones.
Lo anterior luego de que DIARIO EXTRA tuviera acceso a una carta oficial que señala claramente que el ente financiero considerado el más robusto del país debió aprovisionar más de ¢256 mil millones por los supuestos problemas que genera el caso de la planta Hidrotárcoles y el contrato con el ICE.
Es decir, al existir un riesgo inminente en la gestión de ese crédito y para resguardar al banco se reservó el dineral, por eso los empleados están muy molestos, incluyendo a más de un subgerente que supimos ya alegó que era injusto el congelamiento del pago.
Aquí surgen mil cuestionamientos. ¿Cómo es que los empleados bancarios de todos los estratos siguen recibiendo bonos por utilidades estando el país casi en quiebra?
Vamos a reseñar. En agosto de 2014 El Periódico de más Venta en Costa Rica denunció que los bancos públicos, estatales y no estatales, pagaban bonos por las utilidades recaudadas cada año en todas las categorías hasta la alta gerencia.
Solo para poner un ejemplo, en aquel momento se reveló entre otras cosas que el Nacional apartaba un monto superior a ¢70 mil millones anuales para este tipo de erogaciones, que cabe destacar tampoco se la pagaban a todos los colaboradores.
El incentivo era por desempeño; es decir, los jefes calificaban a sus trabajadores y así se obtenía el aval para recibir el dinero. Eso también se cuestionó.
En ese banco el anterior gerente Fernando Naranjo estuvo en el ojo del huracán por “ganarse” también sus buenos millones.
En aquel momento se informó que los gerentes del Banco de Costa Rica (BCR), algunos de los que hoy son señalados en el caso Cementazo, recibieron más de ¢225 millones por incentivos, siendo Mario Rivera, el gerente general de la época, quien más dinero percibió con ¢58 millones.
En esa fecha se publicó que Gilberth Barrantes, auditor corporativo, recibió más de ¢38 millones y en un tercer lugar Eduardo Ramírez, director jurídico y recién nombrado gerente general interino, con más de ¢31 millones.
Tras nuestras informaciones, la Contraloría General de la República nos informó que realizaba un estudio de división sobre el pago de incentivos y meses más tarde demostró con mayores cifras la piñata de plata que se hace con eso de los bonos.
Menos de un año después el ministro Sergio Alfaro anunció con bombos y platillos que junto con el Ministerio de Hacienda pusieron un freno a esos incentivos y ordenaban mediante la directriz 0-26H, emitida por Casa Presidencial, recortar los bonos millonarios que reciben los funcionarios de los bancos estatales, obligando a los entes a reducir tales beneficios.
La orden se giró para el BCR y el Nacional, pero se invitó al Banco Popular a secundar la propuesta, con el fin de custodiar y fiscalizar el uso desproporcionado de recursos públicos generados de la actividad financiera.
Las dudas por el manejo de estos dineros no se disipan, más bien se incrementan, y lo que sucede hoy en el Nacional con el malestar de los trabajadores evidencia que este banco de no ser por la situación que enfrenta, y así lo justifica, habría repartido los incentivos de las utilidades.
¿Será acaso que la directriz presidencial emitida en 2015 fue una pantalla o que definitivamente los entes financieros públicos son una república independiente?
¿De 2015 a la fecha cuánto se ha repartido en los bancos Nacional, Popular y de Costa Rica? Señores gerentes, los invitamos a responder y que en un acto de total transparencia nos hagan llegar las cifras de todos los pagos, con nombres y apellidos, en las gerencias y subgerencias.
Preguntamos también qué hicieron los legisladores que criticaron y siguieron estas denuncias para buscar las reformas legales a estos tubos abiertos de dinero público.
Es el colmo que haya que pagarles a los empleados públicos por ser eficientes, por hacer su trabajo, por ser competitivos. Esa es una obligación implícita cuando uno adquiere responsabilidades laborales, los resultados son los que hablan y para eso reciben el salario.
Esas erogaciones se hacen al amparo de la ley. El pago de los incentivos se realiza bajo la directriz No.25 emitida por el Poder Ejecutivo el 3 de octubre de 1997. Reza: “Con sustento en la cual, y en el ejercicio de la potestad reglamentaria que ostenta la Junta Directiva General, de conformidad con el artículo 34, inciso 3) de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, se emitieron las Políticas sobre el Sistema de Evaluación de Desempeño e Incentivos del Conglomerado BCR a partir de julio del 2004, cuya legalidad fue verificada en su oportunidad por la Contraloría General de República”.
Pese a ser legales no dejan de ser chocantes, de cara a un sistema financiero casi impenetrable para los propios costarricenses, que limita los créditos a vivienda a su único interés de seguir capitalizando. Claro está, cuanto más ganen, más se reparten, y eso tiene las platas de los ciudadanos amarradas en todos los extremos.
Ni que decir de un pequeño empresario que desea abrir una empresita, casi le piden examen de ADN y análisis de física cuántica, además de certificación de récord Guinness para avalar préstamos, a veces de sumas insignificantes.
Eso no se vale. Las utilidades de los bancos públicos, estatales y no estatales, deben estar direccionados a programas sociales que tanta falta hacen. Plata hay, de eso estamos seguros, tanto que se la reparten entre unos cuantos cuando le pertenece al pueblo en pleno.
Los bancos se rasgan las vestiduras publicando que casi hacen obras de caridad, responsabilidad social empresarial, etc., pero nunca está de más mejorar, aumentar las inversiones en esos programas sociales.
¡Ojo! Las bonificaciones por utilidades deben y tienen que revisarse, aquellas son las piñatas que se revientan en las “fiestas privadas” de los bancos públicos. La ley dejó abierto el portillo para que se fugara la platica.
