Absolvieron a Ligia Vargas Ramírez, ex subdirectora de Recursos Humanos de Casa Presidencial, a pesar de ser la responsable de gestionar los ¢34,4 millones que Ana Gabriel Zúñiga, viceministra de la Presidencia, recibió de más en su salario durante los primeros 33 meses de esta administración.
Así consta en la resolución DMP-024-2017 del 21 de diciembre de 2017, cuya copia remitió la Presidencia de la República a DIARIO EXTRA tras una solicitud de este medio desde el 12 de enero.
El 30 de abril de 2014, ocho días antes que este gobierno asumiera sus funciones, Vargas Ramírez suscribió el nombramiento de la viceministra Zúñiga, en el cual se le reconoció de manera ilegal el incentivo del 65% de prohibición.
El 19 de abril de 2017 la Procuraduría General de la República determinó que Zúñiga recibió, de forma ilegal, ese 65% de sobresueldo por concepto de prohibición, pues no contaba con los requisitos académicos de ley necesarios para cobrar ese beneficio.
La Casa de Cristal -como se hace llamar la Presidencia en alusión a su supuesta transparencia- decidió no responsabilizar a Vargas Ramírez aludiendo que existe disparidad de criterios sobre las normas para el pago de prohibición.
Presidencia menciona que en la institución existía una práctica administrativa que consistía en asignar el 65% de prohibición a los jerarcas “de manera automática” y que no fue hasta abril de 2017 cuando se conoció, tras un pronunciamiento de la Contraloría General de la República, la imposibilidad de pagar este porcentaje a los egresados en Derecho, pues no tienen la posibilidad de ejercer la profesión de manera liberal.
Además señala que la Zúñiga presentó su título de bachiller en Derecho hasta el 1 de julio de 2014 y para esa fecha ya Vargas Ramírez había sido trasladada a la Proveeduría de la Presidencia.
Añade que tras la aprobación del plus no se constató ninguna gestión o trámite administrativo que buscara determinar la procedencia del pago, lo que a su criterio dejaba ver la costumbre administrativa de asignar el plus en virtud del cargo y no de su profesión.
“No existe ningún indicio de culpa grave o dolo que permita visualizar que, a la fecha de la asignación del plus a la Viceministra de la Presidencia, este de manera inmediata se consideraba improcedente”, se lee en el informe.
El procedimiento administrativo contra Vargas Ramírez se inició el 27 de febrero de 2017, pero se suspendió poco después a la espera del resultado del proceso en contra de Zúñiga. La investigación se reanudó el 4 de agosto de 2017 y concluyó el 21 de diciembre de 2017.
A pesar de tener un procedimiento abierto en su contra, Presidencia reubicó a Vargas Ramírez en el Ministerio de Ciencia y Tecnología desde el 16 de marzo de 2016.
VICEMINISTRA VA
SOLTANDO EL PERRO
En total Zúñiga se embolsó ¢34,4 millones de más, sin embargo cuando se rebajaron las cargas sociales y la renta, la deuda final le quedó en ¢27 millones.
En noviembre anterior DIARIO EXTRA dio a conocer que hasta ese momento la Viceministra de la Presidencia había devuelto ¢14,3 millones de todo lo que se echó de más a su cartera.
Hasta diciembre la funcionaria aún le debía al Estado ¢12,7 millones, los cuales según Presidencia iba a cancelar en dos tractos, uno en diciembre y otro en abril de 2018, cada uno por ¢6,3 millones.
Para amortiguar su deuda, en abril Zúñiga tramitó un préstamo con la asociación solidarista de Casa Presidencial por un monto de ¢7,1 millones, pagadero en 40 cuotas consecutivas de ¢198.550.
La Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa que investigó estos sobresueldos le pidió en abril al presidente Luis Guillermo Solís destituir a Zúñiga.
Los legisladores criticaron la forma “irrespetuosa, altanera y soberbia” en que defendió el pago ilegal que recibió y aseguraron que no contaba con el músculo político para seguir en su cargo.
Solís se negó a destituirla, sin embargo desde abril la Viceministra prefirió mantener un perfil sumamente bajo dentro de la gestión del gobierno.
Zúñiga, quien constantemente aparecía en los medios hablando de sus tareas como encargada de temas como consulta indígena y gobierno abierto, de un momento a otro se encerró en su despacho y sus apariciones pasaron a ser esporádicas.
MINISTRO INTENTA LAVARSE LA CARA CON RECOMENDACIONES
Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, fue quien firmó y avaló absolver a Ligia Vargas Ramírez, a pesar de ser ella quien gestionó sus sobresueldos de manera ilegal.
Alfaro ha sido muy criticado por la oposición por su poco interés en que se aclare este tema.
Hay que recordar también fue cuestionado por este caso, pues tardó 50 días en ordenar la apertura de una investigación contra Zúñiga, tras un informe de la auditoría interna donde se le advirtió que ella podría estar cobrando un 65% de más en su salario, sin cumplir los requisitos para ello.
El Ministro solicitó abrirle el proceso administrativo el 20 de enero pasado, aunque la auditoría lo entregó el 1 de diciembre de 2016.
Ahora, como parte de esta resolución, Alfaro intentó lavarse la cara y ordenó al Ministerio de la Presidencia y la Dirección General de Servicio Civil revisar los manuales de políticas y procedimientos de las oficinas de Recursos Humanos en relación con los pagos de incentivos y el procedimiento para su verificación y que se capacite a sus funcionarios sobre los lineamientos para sus asignaciones.
TICOS PIENSAN QUE
FUE CORRUPCIÓN
En junio la Presidencia de la República pagó por una encuesta que le advirtió que la polémica por el pago de sobresueldos de manera ilegal en algunos ministerios se percibía como actos de corrupción dentro del gobierno, sin embargo seis meses después la administración Solís Rivera aún no resuelve este embrollo.
DIARIO EXTRA tuvo acceso al Estudio Tipo Sondeo o “Pulso” del Escenario Político Sobre Ítems Específicos de Interés Inmediato, que elaboró la empresa Índice por encargo de Casa Presidencial.
De esa encuesta, aplicada a 150 hombres y 150 mujeres entre los 18 y 65 años y residentes en la Gran Área Metropolitana, se deduce que un 71% de los consultados opinó que el pago ilegal se hizo por corrupción; entre tanto, solo un 29% indicó que fue fruto de un error administrativo.
Además un 24% de los entrevistados dijo saber que los pagos resultaron ilegales porque los burócratas no estaban incorporados a sus respectivos colegios profesionales.
Un 17% dijo que se debía castigar a los involucrados, un 27% que destituirlos de sus puestos y un 39% que los beneficiados no son eficientes para ganar esos pluses.
PERIODISTA: Carlos Mora
EMAIL: [email protected]
Martes 30 Enero, 2018
HORA: 12:00 AM
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