El TSE tiene que detener el proselitismo religioso
Felipe Guadamuz Flores
La opinión jurídica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos atizó la polémica y ha divido al país en dos bandos: uno a favor del reconocimiento al matrimonio entre las personas del mismo sexo y otro en contra. Este hecho ha servido como combustible para alimentar la campaña de varios candidatos opositores a esa opinión jurídica y Fabricio Alvarado es quien lidera esta cruzada, sin embargo, el invocar aspectos religiosos para la propaganda política no es la forma correcta de llevar a cabo la labor proselitista.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha mostrado un sesgo evidente contra la Iglesia Católica, pues tal pareciera que los artículos 28 de la Constitución Política y 136 del Código Electoral solo aplican para el clero católico y no para otras denominaciones religiosas, sobre todo las protestantes, recuérdese el caso de Melvin Jiménez y la crítica que ANFE hiciera en algún momento contra el exministro por ser parte de un grupo religioso y aun así ocupó una posición estratégica en el gabinete de Luis Guillermo Solís.
Es innegable el hecho de que todas las personas deben de recibir el mismo trato ante la ley, nadie debería de ser aislado de buscar un puesto de elección pública, en el tanto que cumpla con los requisitos correspondientes, pero la noción liberal de la separación entre Iglesia y estado atiende al hecho de que debe de existir un estado que no se encuentre adscrito a una sola corriente religiosa en virtud del respeto a la libertad de culto y a las minorías religiosas, recuérdese que la separación del Estado y la Iglesia en los Estados Unidos fue producto más que todo de las corrientes cristianas protestantes que buscaban disminuir la injerencia de la Iglesia Católica en asuntos de gobierno, ello llevó al debilitamiento y separación de la Iglesia Católica y el Estado, dando así como resultado ese distanciamiento necesario para llevar a cabo la función gubernamental fuera del ámbito inmediato de influencia de la Iglesia Católica.
Ahora bien, es cierto que en su momento fueron los protestantes quienes buscaron disminuir la influencia de la Iglesia Católica en el Estado, téngase en cuenta que el Estado debe de operar fuera de la religión y que, al momento de pasarse la prohibición contra la Iglesia Católica en Costa Rica, fue porque en esa época se trataba de la corriente religiosa hegemónica, es decir, la que casi todo el país profesaba, sin embargo, con el advenimiento de la corriente protestante, sobre todo a partir de la década de los 60 del siglo pasado, el panorama religioso comenzó a cambiar en Costa Rica y esto llevó a que la influencia de las creencias protestantes también comenzara a incrementar, pues muchos de los funcionarios públicos y oficiales electos seguían siendo cristianos pero no católicos. Por ende, el hecho de que la norma haya sido emitida durante los tiempos de hegemonía del catolicismo en Costa Rica no le resta al hecho de que los tiempos han cambiado pero el principio sigue siendo el mismo: debe de haber una separación entre la religión y el Estado.
El Tribunal Supremo de Elecciones se ha tomado mucho tiempo para resolver las controversias planteadas con respecto a la campaña proselitista de Fabricio Alvarado, pese a que estamos a menos de dos semanas de celebrar las elecciones. Evidentemente, el atraso está permitiéndole al partido continuar con proselitismo religioso, al cual se le pretende enmascarar como valores; valores, claro está, que se basan en una doctrina religiosa en específico, pero que utilizan el mecanismo de la religión para transmitirlos, cosa que un aspirante a la presidencia de una república no puede hacer, pues debe de tener en cuenta la pluralidad religiosa y de pensamiento en un Estado de derecho que se precie como tal.
No dejan de tener razón quienes promueven sus valores religiosos en que desearían tener un Estado acorde con sus creencias, después de todo, tanto la libertad de culto como la de pensamiento instan a las personas a buscar la construcción de un mundo mejor acorde a su forma de pensar, sin embargo, el hecho de que esa sea la aspiración de ellos no necesariamente implica que sea la aspiración de todos los habitantes del país, pues no todos profesan la misma religión y muchos tienen otros valores de vida que no necesariamente son compatibles con los del protestantismo. Sabias fueron las palabras de Ricardo Jiménez de Oreamuno al decir que tanto la escuela como la iglesia pueden estar una a la par de la otra, lo mismo ocurre con los credos religiosos y el Estado, en tanto que estos no intervengan en la función gubernamental.
Un Estado de derecho debe de respetar la libertad de culto, pero debe hacerlo para todos por igual. El hecho de que un grupo se considere poseedor de la verdad absoluta no le convierte sus creencias en verdades absolutas, pues hemos de recordar que inclusive la misma mecánica cuántica ha demostrado que la luz es onda y rayo a la vez, que el hecho de que el ojo humano la perciba como onda o como rayo se debe a un tema de percepción, por lo que de aquí se extrae que una cosa es la realidad objetiva y otra la forma en la cual nosotros la vemos o percibimos, por tanto, esto implica que las creencias individuales deben de ser respetadas en el tanto que no contraríen el orden público la moral o las buenas costumbres.
Para muestra un botón, en el siglo pasado, en España se consideraba de buen gusto y deseable que un hombre tuviera esposa y amantes, pues con ello demostraba tener solvencia para mantener a tantas mujeres, hoy en día esto es una aberración, por tanto, no hay verdades absolutas y las cosas cambian con el paso del tiempo, pero hay principios de suma importancia como la separación de la religión y el Estado que deben de mantenerse para preservar la democracia en un Estado de derecho.
