El Sindicato de la Judicatura de Costa Rica (Sindijud) denuncia que el Consejo Superior de la Corte y la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial están en mora con la contratación para un nuevo estudio actuarial del régimen de pensiones de ese poder de la República.
De acuerdo con Jorge Morales, secretario general de Sindijud, la ley establece que cada dos años se debe realizar un estudio actuarial para conocer la estabilidad del fondo.
“Si el anterior se hizo a diciembre del 2017, antes de esa fecha tuvo que haber arrancado los trámites para que ya sea por medio de un convenio o de una contratación administrativa, vencido el plazo ya la empresa esté contratada y ejerciendo sus labores técnicas para rendir el informe”, indicó Morales.
El problema según los sindicatos es que a la fecha ya el plazo se venció y el proceso de contratación ni siquiera ha iniciado.
PROCESO
Mediante un comunicado de prensa, las autoridades de la Corte respondieron los señalamientos de los sindicatos.
Ahí se indica que el proceso para un nuevo informe ya se analiza, aunque no dan detalles de los plazos.
“El Consejo Superior y la Dirección Ejecutiva deben velar por que la nueva valuación actuarial se realice de manera objetiva, transparente y con rigor técnico. La participación gremial se dará mediante la integración de un equipo contraparte donde contarán con representantes, tal y como se hizo durante el desarrollo del estudio realizado por el IICE”, explicó la directora ejecutiva, Ana Eugenia Romero Jenkins.
CAMBIO
Otra inquietud que mantienen los gremios es que exista alternabilidad y criterios diferentes en los estudios.
Por eso hacen un llamado para que en este nuevo estudio lo realicen los expertos de la Universidad Nacional (UNA).
Hay que recordar que el último estudio actuarial lo realizó el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR), el cual recibió críticas de los sindicatos judiciales aduciendo que algunas de sus conclusiones no tomaron en cuenta datos completos del fondo.
“Ciertamente sí nos quedó una duda en cuanto al IICE. Sabemos que los actuarios disponibles son muy pocos y sabemos que la UCR contrató actuarios externos que a la vez tenían cargos en juntas directivas de operadores de pensiones privados y eso para nosotros es un problema, porque hay un doble sombrero por las suspicacias que genera esto”, comentó Morales.
También denunciaron que ellos promovieron una reunión en octubre pasado con el rector de la UNA, pero las autoridades judiciales lo dejaron plantado.
Reconocen que un nuevo estudio indicará problemas, más aún que no se han aplicado reformas, mismas que aún siguen en análisis en la Sala IV, luego de que los diputados llevaron el proyecto aprobado en primer debate a consulta.
En su momento los actuarios de la UCR indicaron que el régimen del Poder Judicial tiene un déficit de ¢5,3 billones.
JORGE MORALES
Secretario general Sindijud
“Desde nuestra perspectiva la administración ya está en mora y eso es algo que lo ha reclamado muchas veces la Superintendencia de Pensiones a la Corte, y por eso es que la administración es deficiente y por eso se quiere quitar el manejo del fondo al Consejo Superior, porque no son ágiles”.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Lunes 22 Enero, 2018
HORA: 12:00 AM
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