La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, le pidió al gobierno costarricense explicaciones por la denuncia que presentó el expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994), por lo que él considera fue una persecución política y una violación a sus derechos durante el juicio y tras la sentencia del caso Caja-Fischel.
El 16 de noviembre la CIDH le solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que en el plazo de tres meses posteriores a la notificación se refiera a las acusaciones de Calderón, quien elevó el caso a esta instancia en noviembre de 2011.
Calderón decidió acudir a la CIDH después de que en mayo de 2011 la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ratificara su condena a tres años de prisión por ser encontrado culpable de un delito de peculado en el caso Caja-Fischel.
Durante una breve entrevista este jueves con DIARIO EXTRA en su casa de habitación, en Pinares de Curridabat, el exmandatario manifestó su complacencia con la decisión de la CIDH.
“Me siento muy contento, pues he esperado este aviso de la CIDH desde hace 6 años, 2 meses y 14 días. La CIDH encontró base para llevar adelante este proceso, en el que yo solo pretendo demostrar que sufrí una persecución política y una violación absoluta de mis derechos para que la verdad salga al final del proceso y yo quede libre para la historia patria”, manifestó.
Entre las supuestas violaciones más subrayadas por Calderón están el hecho de que fue juzgado dos veces por el mismo hecho, que se utilizó una ley posterior para fundamentar el fallo y que a pocas semanas para que concluyera el juicio se le cambiara el juez.
POSIBILIDAD DE ARREGLO
Calderón explicó que Costa Rica podría evitar ir a la CIDH a un juicio, pero todo dependerá de una revisión de su sentencia en la Sala Tercera.
“Ojalá la Corte Suprema de Justicia enmiende las barbaridades porque gané el juicio civil dentro de sistema penal. Si la Sala Tercera anula esa sentencia, no habría que seguir con el procedimiento en la CIDH porque ya tendríamos una reparación a todo con la anulación”, comentó.
En setiembre de 2016 el Tribunal de Apelación determinó que Calderón no tenía que pagarle nada a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), luego de que la entidad le pidiera al expresidente y otras personas el pago de $52 millones por concepto de daños y perjuicios, producto de un préstamo finlandés que se usó para la compra de equipo médico.
En 2015 el Tribunal Penal de Hacienda dictó una exoneración del pago, decisión que apeló la Caja, pero que ratifica el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Goicoechea.
UN CASO MUY SONADO
El préstamo con el Gobierno de Finlandia era la segunda compra más grande de equipo médico en la historia de la CCSS. El crédito se aprobó en tiempo récord en la Asamblea Legislativa, pues en cuestión de tres días se discutió, se aprobó y se convirtió en Ley de la República en diciembre de 2001.
En esos años Eliseo Vargas era diputado y fue quien impulsó y defendió el proyecto ante el entonces presidente ejecutivo de la Caja, Rodolfo Piza.
En abril de 2004 trascendió que Vargas, en ese momento presidente de la CCSS, alquilaba una casa que era propiedad del entonces gerente financiero de la Corporación Fischel, Olman Valverde.
Al conocerse el alquiler, Vargas renunció a su cargo y el 7 de mayo el Ministerio Público allanó las oficinas centrales de la Caja, las de la Corporación Fischel y la vivienda de Vargas.
Casi un mes después, el 3 de junio, la Fiscalía detuvo a Walter Reiche Fischel, presidente ejecutivo de la Corporación Fischel, y Randall Vargas Pérez, abogado de esta, por la supuesta destrucción de documentos relacionados con las investigaciones.
En julio de ese año seis miembros de la junta directiva de la CCSS presentaron su renuncia, tras estar suspendidos por la investigación de un aparente uso de dineros públicos en campos pagados de apoyo a Vargas. Dos meses después trascendieron supuestos pagos de la Corporación Fischel a una sociedad anónima en Panamá vinculada al expresidente Rafael Ángel Calderón.
Después de diversas investigaciones en 2009, el Tribunal Penal de Juicio de Goicoechea condenó a Calderón Fournier y seis personas que habrían recibido dádivas ilegales. Después la Sala Tercera redujo la pena de cárcel a Calderón de 5 a 3 años.
PERIODISTA: Carlos Mora
CRÉDITOS: Fotos: Mauricio Aguilar
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Viernes 19 Enero, 2018
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