Los hechos se presentaron desde finales de 2009 y una corte del estado de Connecticut destapó una trama piramidal que permitió a banqueros venezolanos y, según la demanda, a un financista costarricense, realizar una estafa con bonos del petróleo de Venezuela por un monto de 33 millones de dólares que, según la corte en USA, facilitó lavar gran parte de este monto que se perdió en un entramado de sociedades anónimas.
Medios como el Nuevo Heraldo, Noticias Univisión y Reporteros 24 consignaron la información, e indicaron que, tras las indagaciones, se logró la condena a 13 años de prisión de un importante banquero venezolano identificado como Francisco Illarramendi, de 45 años.
En 2011, este hombre se había declarado culpable de cargos de fraude y conspiración. Lo detuvieron en 2013 como acusado de montar la trama piramidal en que, según el expediente del caso, participó un financista costarricense de alto nivel.
“A finales de 2005 y 2006, Illarramendi causó la desviación de millones de dólares de los Fondos HVP a las entidades que controlaba efectivamente como Naproad y Pamac y también a una cuenta de valores a nombre de HVP Partners. Estos fondos fueron utilizados para conducir comercio no autorizado, fuera de los libros, incluidos los intercambios especulativos en los valores de Google, Yahoo y otras compañías. En su mayor parte, estos oficios fueron financieramente desastrosos, causando pérdidas de aproximadamente $30 millones”, indica el expediente de la Corte de Connecticut.
DENUNCIA
Este caso lo denunciaron en Estados Unidos el 7 de marzo de 2011 cuando la oficina del fiscal para el distrito de Connecticut indicó que el banquero venezolano participó en un esquema fraudulento de inversiones falsas que justificó a acreedores y empleados de entidades del estado norteamericano.
El banquero captaba inversiones en USA como los millonarios montos de los bonos del petróleo de Venezuela en una trama opaca de sociedades, mediante la cual simulaba inversiones, pero los dineros eran desviados a otras entidades, según los medios de comunicación que dieron cobertura al caso.
“El hecho de que el acceso de Illarramendi al mercado ‘permuta’ requirió gran parte de los beneficios para pagar a los intermediarios y contrapartes, y aparentemente requerir el pago de
sobornos costosos a por lo menos un funcionario del fondo de pensiones de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Estos pagos de ganancias, sobornos y sobornos básicamente consumieron la parte abrumadora de los atractivos beneficios asociados con las transacciones que hacen que las transacciones sean excesivamente arriesgadas”, indica el expediente del caso.
COSTARRICENSE
Los medios que siguieron este asunto, que duró varios años en litigio, y el expediente de la demanda señala a un costarricense de apellido López Peláez, a quien describen como un experimentado financista, y lo ligan con una sociedad anónima utilizada para desviar los fondos de la millonaria estafa.
“López no solo era director de HVP Partners y HVP Funds, sino que también se sentaba en la junta directiva del holding del BCT Bank. Él usó cada una de estas entidades para ayudar y sacar provecho del fraude. Sobre información y creencia, López, a través de BCT Bank, proporcionó a Illarramendi con una fuente de capital preparada, en la forma de un flujo constante de fondos transferidos desde BCT Bank de conformidad con pagarés con HVP Partners. Estos fondos fueron utilizados para ambos ocultar y prolongar el fraude. Ya en noviembre de 2005, BCT Bank proveyó a Illarramendi, en nombre de HVP Partners, con $5 millones como un préstamo a corto plazo”, señala la acusación.
CENTROAMERICANO
Según el informe de la investigación, el banco señalado lo ubican en la región centroamericana y tuvo una activa participación en la trama opaca.
“Estos fondos fueron utilizados para ejecutar el esquema fraudulento a un alto costo para los socios de HVP. A cambio del préstamo de fondos, el BCT Bank de López cobró una tarifa equivalente a más del 25% anual. Durante el tiempo que se extendió el fraude, el banco BCT de López ganaría tarifas sustanciales sobre las decenas de millones de dólares en préstamos proporcionado a Illarramendi y HVP Partners para mantener el fraude a flote”, reza el expediente.
INVOLUCRADOS
El expediente del caso indica que familiares del costarricense tambien formaron parte de la operación gracias a sociedades anónimas establecidas en Panamá.
“Peláez es la hermana de López y, según la información, es residente de San José, Costa Rica. Según los datos, ella se describe como parte de la compañía Underhill Investments, S.A. (‘Underhill’), una corporación ubicada en Ciudad de Panamá, Panamá, que sirvió como intermediaria en varias transacciones con las entidades de la administración judicial. Peláez tiene una o más cuentas bancarias conjuntas con su esposo Araya en los Estados Unidos a las cuales se transfirieron dineros de las entidades del estado”, continúan.
Las informaciones de los medios internacionales aseguraron que a parte de los involucrados en primera instancia se les desestimó la demanda, como fue el caso de Moris Beracha, empresario judío venezolano con nacionalidad estadounidense, a quien señalaron por este asunto.
PERIODISTA: Gustavo Retana
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Viernes 19 Enero, 2018
HORA: 12:00 AM
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