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Sucesos

Investigan ventas de beneficios a reos en ¢17 mills.

Acusan a funcionario de la cárcel de Pérez Zeledón

  • La demanda se presentó el lunes anterior y la Fiscalía investiga si hay venta de beneficios carcelarios

  • La dirección del Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz lleva a cabo una investigación

Un nuevo caso de supuestas ventas de beneficios carcelarios a privados de libertad en sumas millonarias investiga desde el lunes la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de la Región Sur-Pérez Zeledón.

En el detalle indica que un funcionario de Adaptación Social del Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz (cárcel de Pérez Zeledón) ofrece libertades y procesos semiinstitucionales al mejor postor y a quien tenga el dinero para pagar su libertad.

Así consta en el expediente No.18-00001-1773-PE, ya en trámite y presentado por un privado de libertad identificado con las iniciales W.A.S.A., quien denunció que el demandado y funcionario de cárceles de apellidos Navarro Castro lo contactó para el irregular ofrecimiento.

 

OFRECIMIENTO

 

Según la relación de hechos del expediente judicial, W.A.S.A fue abordado por Navarro Castro, a quien describe como el custodio del centro penal de Pérez Zeledón, que llegó una mañana a inicios de diciembre al pabellón E-3, donde el privado de libertad descansaba y comenzaron a conversar, en medio de la plática el funcionario le dijo que tenía la manera de bridarle un beneficio carcelario a cambio de dinero.

“El custodio mientras estuvo en su labor se acercó y me mencionó mis datos personales. Cuando me llamó, él me hizo conversación y luego me preguntó si estaba interesado en un egreso rápido; cuando él me dice eso yo le pregunto que cómo, entonces Navarro Castro me dice que él me ve como una persona seria y que él puede ayudarme a salir rápido, que él tiene unos contactos que trabajan en los altos mandos del Ministerio de Justicia, que me puede ayudar a salir de la cárcel y continuó con la conversación”, narró el privado de libertad a los fiscales que levantaron el expediente de la acusación.

 

CARO

 

En primera instancia y según la descripción en el expediente, el custodio le ofreció su libertad a cambio de $30 mil (¢17 millones), monto que conforme pasaron los días y el desinterés del privado de libertad fue bajando hasta los ¢10 millones, monto imposible de pagar para el denunciante, que ya pensaba denunciar el hecho, tal como sucedió.

“El custodio me dijo que salía caro, que eran unos $30 mil, yo le dije que era mucho dinero. Al día siguiente el custodio del pabellón otra vez me preguntó si había pensado el ofrecimiento y le mencioné que era mucho dinero, luego de 20 minutos regresó y me dijo que iba a bajar el monto a ¢12 millones”, agregó.

Para el privado de libertad era obvio el tema de corrupción que quiso compartir con los judiciales, pero lo que indicaba el funcionario hacía pensar a la víctima que podría tratarse de una estafa, situación que aún no queda establecida.

 

JERARCA

 

La acusación en poder de los fiscales de Pérez Zeledón señala a una supuesta alta funcionaria que, según el custodio que negociaba las libertades, sería el contacto que tendría en las altas esferas del Ministerio de Justicia para lograr el trámite de valoración de cada caso y su posterior aprobación.

El funcionario le aseguró a W.A.S.A. que para este año tenían muchos casos pendientes de liberar, siempre mediando el pago de cifras millonarias.

“Me dijo que iba a regatear para bajar el precio con un contacto que se llama Yamileth, que fue la directora del centro penal y que con ella trabaja un asesor directamente que tiene varios trabajos similares para este año 2018. Me dijo que él había tenido una relación sentimental con Yamileth y por eso ella le ayuda a realizar los trámites en conjunto con el asesor legal”, se lee en el expediente.

 

LLAMADA

 

DIARIO EXTRA tuvo acceso a una de las pruebas que fueron presentadas a la Fiscalía y fundamenta lo que afirma el privado de libertad que denunció la situación.

El audio de una llamada telefónica se agregó al expediente y el denunciante afirma que es la voz del custodio ofreciendo la libertad a cambio de dinero.

El recluso asegura que la voz es de Navarro Castro, quien en las negociaciones indica lo delicado del tema y la necesidad de hacer rápidamente el pago millonario por la cercanía de las elecciones presidenciales y el eventual cambio de gobierno.

“Le soy muy honesto y no le voy a dar falsas esperanzas porque lo que dan es menos de un mes para que recolecten el dinero, pero le voy a ser honesto, las elecciones son en menos de un mes y luego de eso no se sabe si van a seguir en los puestos, por eso es que no dan tiempo de conseguir el monto que se cobra”, se escucha en el audio en poder del Ministerio Público.

 

EXPERIENCIA

 

En la conversación el funcionario de cárceles aseguró al reo que tenía muchos años de estar negociando este tipo de beneficios, por lo que contaba con mucha experiencia en el tema.

“Hay dos personas que cambian en mayo y otras tres que se quedan. Ya con el traspaso comienzan a acomodar todo, mientras otros andan de vacaciones. La gente con la que trabajo solo agarra pocos casos por el riesgo y solo se encarga de tirarlos afuera. Yo tengo muchos años de estar en esto y se puede interceder en todo esto para bajar el monto de los ¢14 millones”, prosigue la grabación telefónica.

Navarro Castro en la grabación señala la urgencia con que se debe tramitar el pago y la posterior entrega del supuesto beneficio debido a la cercanía de las elecciones presidenciales.

“El lunes voy para San José para hablar con ellos porque ya viene el próximo gobierno y ya me están ofreciendo un puesto. Si yo voy y les arrimo algo (dinero) yo sé que me van a dar tiempo y me van a aceptar un adelanto. No le voy a negar que esto es corrupción, sí lo es, pero las cosas son así y lamentablemente estas cosas son para los que pueden pagar”, añade.

Durante la llamada telefónica de 15 minutos de duración la voz al otro lado del auricular dice que él se destaca por su buena conducta y gracias al currículum que mantiene no genera sospecha alguna de la aparente actividad que realiza.

“Usted puede estar tranquilo que mi conducta en el centro es intachable y por eso hay que cuidarse cada vez que se hace un negocio de estos, por eso cambio el número y borro todos los registros, además mi número no puede ser para todo el mundo. Usted va a salir con los papeles legales y si se hace el estudio y hay problemas con algunos de los requisitos, se busca la manera de cumplir para que pase el análisis”, se oye en la grabación.

 

MINISTERIO

 

El Periódico de Más Venta en Costa Rica consultó a las autoridades del Ministerio de Justicia sobre la demanda y el tema en específico. Informaron que pese a que hay una acusación e investigación en curso, se deben valorar varios escenarios porque podría tratarse de una estafa aislada por parte del custodio de cárceles, ya que los procesos de entrega de beneficios semiinstitucionales pasan por el criterio de un cuerpo colegiado. 

“Hasta este momento no hemos recibido ninguna denuncia relacionada con los hechos de su consulta de supuestos cobros a privados de libertad. Es importante entender que el traslado de las personas privadas de libertad al régimen de confianza depende de dos órganos colegiados: el consejo técnico de cada centro y el Instituto Nacional de Criminología.

Es decir, antes de la decisión final hay que pasar por al menos 15 votos. ¿Cómo van a creer en una promesa de este tipo? El Ministerio de Justicia y Paz hace un llamado a la población privada de libertad y sus familiares a no caer en engaños de este tipo. Es importante presentar la denuncia siempre”, señaló el Ministerio.

El encargado de prensa dijo que el privado de libertad que presenta esta denuncia acusó en febrero de 2017 al director jurídico del CAI Cartago por supuestamente ofrecerle su libertad a cambio de ȼ5,6 millones, situación que motivó su traslado hasta la cárcel de Pérez Zeledón, tras la resolución 0154-2017 del Juzgado de Ejecución de la Pena de Cartago, que ordenó el traslado del reo por irregularidades en la aplicación de medidas disciplinarias.

Además el Ministerio de Justicia señaló que en cualquier escenario se debe valorar y tener en cuenta que al aceptar un ofrecimiento irregular por parte de los reos o familiares se estaría incurriendo en el delito de penalidad del corruptor.

Las autoridades del Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz de inmediato iniciaron una investigación interna para determinar la veracidad de la denuncia y corregir, si es del caso, cualquier situación irregular que se esté presentando o se insinué dentro de la cárcel.

PERIODISTA: Gustavo Retana

EMAIL: [email protected]

Jueves 18 Enero, 2018

HORA: 12:00 AM

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