En medio de las fuertes críticas que la ciudadanía ha lanzado sobre el Poder Judicial, la Corte Plena busca crear un mecanismo que le permita mantener un diálogo constante con la sociedad civil.
El magistrado Román Solís, en su tercer periodo como miembro de la Sala I, tiene a cargo proyectos como el de facilitadores judiciales, donde se capacita a líderes comunales, para que trabajen como conciliadores en sus zonas; es el encargado de coordinar la creación de esta estrategia, que se impulsa como uno de los ejes del plan de reformas urgentes que acuerpa la Corte Plena.
En conversación con DIARIO EXTRA, Solís explicó cómo echará andar este mecanismo y su percepción sobre la crisis que enfrenta el Poder Judicial.
¿Creen ustedes que el Poder Judicial está en crisis?
-Como han dicho los analistas por vez primera se tocan los tres poderes, incluyendo el Poder Judicial, con lo que sucedió, con el caso que está sucediendo con el magistrado Gamboa y el exfiscal general don Jorge Chavarría. Partiendo de la idea que de las crisis pueden ser vistas a nivel trágico, o pueden ser asumidas a nivel constructivo, a nivel no de ruptura, sino una posibilidad de lograr un mejor estadio para alcanzar otros niveles del Poder Judicial y con él de la ciudadanía.
¿Qué acciones se van a tomar a partir de la crisis del Poder Judicial?
-Lo reflexionamos y decidimos integrar algunas áreas de trabajo, bajo la coordinación de algunos magistrados que fueron escogidos en Corte Plena, y que tenemos metas que nos fueron señaladas para alcanzar lo que toca los puntos estratégicos; el primero de ellos, la elección de magistrados y magistradas, es un tema muy sensible que requiere reforma constitucional. Ahora lo que hay que precisar es cuál es el modelo idóneo, el esquema mejor, para que haya un proceso de escogencia de magistrados y magistradas, que de alguna manera haga inmune la escogencia por favores político-partidistas o por fidelidades extrañas a la ética de un juez, etcétera, es un tema de mucha discusión.
No existe una lista de parámetros en la Comisión de Nombramientos en la Asamblea para elegir magistrados. ¿Podría pensarse de los que están ahí que hay una falta de idoneidad?
-Claro, porque lo que se debe valorar no solo es la idoneidad académica y profesional, sino la moral y la ética, y los partidos deben tener la suficiente responsabilidad y seriedad en escoger a la persona que cumpla esos requerimientos. Pero no puede ser objeto de una negociación política, “vota por mi candidato que en la siguiente vacante yo voto por el tuyo”. Siempre hay un área, tierra de nadie, en donde se meten las negociaciones.
¿Qué debería evaluarse entonces?
-Yo diría que sí debería fomentarse, propiciarse una participación más activa de las organizaciones de la sociedad civil, para que esa persona pueda expresar qué piensa. Me gustaría saber si vamos a elegir a un magistrado de la Sala IV, o Sala I o cualquier Sala qué piensa sobre el aborto, ¡ah! ¿Eso entra en la esfera privada? ¡No! “¿Qué piensa usted sobre el matrimonio de género? ¿Usted es ateo? ¿Cree en la fidelidad matrimonial?” A un juez de Familia. Es mejor que la sociedad lo sepa antes para saber a quién está escogiendo. Lo que debe propiciar el modelo es que en todas las salas haya distintos pensamientos. En Italia que fue donde yo saqué el postgrado, la Corte Constitucional garantizaba que haya un magistrado católico, uno protestante, uno ateo, que este sea de izquierda, este demócrata cristiano, liberal, republicano, porque son distintas apreciaciones, entre todos deben construir la sentencia que venga a mantener la legitimidad del sistema político.
¿Debe sacarse la elección del Congreso?
-Debe haber una participación de la Asamblea Legislativa, pero también debe haber una participación de agentes externos, incluyendo organizaciones de la sociedad civil.
¿Deben ser jueces o es suficiente con la carrera judicial en general?
-Yo vine de afuera, yo era procurador general, y participé en una vacante que quedó en la Sala I y fui electo, tal vez yo sí tenía experiencia en el litigio, porque antes como procurador, planteaba muchos recursos de casación, entonces conocía la técnica. El problema se da cuando traemos a alguien de afuera que en su vida ha hecho un recurso de casación, que no está al tanto de lo que se debate y entonces ahí puede generarse una debilidad institucional. Igual sucede con alguien que sea juez, llegan a un nivel jerárquico en donde nada más dictan sentencias de apelación, el análisis de Casación es distinto. El problema no es tanto la formación del candidato, es la responsabilidad del órgano que escoge con participación ciudadana de escoger a la persona que tenga capacidad profesional de ser magistrado, capacidad ética.
¿Estos cambios se van a presentar en tiempo electoral o después de las elecciones?
-Es una gran responsabilidad de los partidos políticos y estos temas no se van a presentar antes de las elecciones, de presentarse sería después de mayo. Formalmente un trámite de reforma constitucional mínimo dura dos años, y poniendo todos de acuerdo, y viendo las realidades del trámite. La responsabilidad que me dio el Poder Judicial a mí es construir canales de comunicación, con una estrategia con la sociedad civil, y no para esta coyuntura, es para siempre.
Estos cambios requieren una reforma constitucional. ¿Cree que existe ambiente cuando los nombramientos sean utilizados como prendas políticas?
-El pueblo costarricense, todos somos medio reacios a asumir responsabilidades, somos muy individualistas todavía, y eso sí significa que haya una participación muy interesada de la sociedad, eso lo vamos a tener que construir. El problema está en que el ciudadano de la calle está cansado del quehacer político institucional, cuando se le invita a participar de estos temas dice: “más de lo mismo, no queremos”. Yo no tuve que andar tocando, “mira, vota por mí”, o haciendo favorcitos. A hoy, ya llevo 16 años, no he recibido una sola llamada de un diputado de cualquiera de los periodos diciendo: “mira, ayúdame que un hijo mío tiene un juicio”.
¿Eso significa que el lobby no es necesario?
-Eso significa que el lobby depende del candidato, porque la mujer del César no solo debe ser honesta, sino aparentarlo, entonces cuando uno no anda flirteando con los políticos, cuando uno está alejado de los vaivenes políticos, no se asumen compromisos. El problema es que en la Corte a lo interno el lobby está arraigado, los jueces llegan y dicen: “mire, es que estoy de candidato en la terna tal y usted me podría ayudar”. Yo le digo: “no, porque usted va de tercero y yo por regla voto por el que va en primer lugar, porque si no lo hago así, es una chanfaina lo que estaríamos haciendo, por respeto a usted, le digo que no voy a votar por usted”. Cuando hacen ese lobby construyen fidelidades, que es muy peligroso, a lo interno del Poder Judicial, la escogencia de jueces.
¿Ya se está viendo el tema de las reformas de las competencias de la Corte?
-Eso está en otro proyecto de reforma que tiene a cargo el magistrado Molinari, las reformas a las competencias de la Corte Plena, una de las grandes transformaciones que debe haber es en el nombramiento de jueces, quitarle a la Corte todo lo que sea nombramiento de jueces y fortalecer el consejo de la judicatura para que haya todo un proceso técnico, en donde se establezca que el que obtenga mayor puntuación es el que va.
¿Cómo va a ser la relación con la sociedad civil?
-Esa idea de establecer una estrategia permanente de comunicación o relación con la sociedad civil estaría acompañada de una reforma legislativa, como por ejemplo que el Consejo Superior del Poder Judicial tenga representación de la sociedad civil, no del Colegio de Abogados; el colegio es representación gremial, que tenga representación de la sociedad civil, para lo cual habrá que establecer algún mecanismo. En eso la Defensoría de los Habitantes ha tenido una experiencia al respecto y ofreció colaborar con nosotros, y en los circuitos judiciales hay consejos de administración y también en esos consejos de administración debe haber representación de la sociedad civil.
Usted visita localidades, ¿hay otros magistrados que lo hacen?
-De vez en cuando sí. Como tenemos a cargo el programa de participación ciudadana y el programa de facilitadores judiciales, esos programas no se pueden dirigir desde mi oficina, hay que ir a las comunidades y le he dicho a mis compañeros: “no hay cosa más enriquecedora que ir a tomarse un café en una casita muy humilde de un facilitador judicial allá en Boca Tapada de San Carlos”, porque la filosofía popular que esta gente maneja es envidiable y después uno sale orgulloso de este país, y no se da cuenta que lo vamos perdiendo porque la gente va quedando en minoría.
También se están analizando las potestades de la Corte Plena. ¿Qué cambios considera pertinentes?
-No hay cosa peor que poner un órgano de 22 personas a administrar sin ser un administrador, todos tenemos formación jurídica, pero no en administración de negocios, administración pública. La idea es trasladar esas competencias a órganos técnicos, ya el Incae nos había hecho hace algunos años un estudio, que elaboraba varios aspectos, quitarnos esas competencias formales y dejarnos esas competencias que sean de gobierno, no de administración judicial. Tenemos más de 100 comisiones, hace más de dos años planteé un informe sobre todas estas comisiones, algunas se integran y nunca han funcionado, otras funcionan de vez en cuando, pero lo que te hace es quitar el tiempo.
¿Y la parte disciplinaria quedaría en Corte Plena?
-No, eso iría a un tribunal disciplinario con dos etapas, la que impone la sanción y la apelación.
¿Considera que se requieren 22 magistrados? ¿Se está valorando modificar el número en los cambios que van a hacer?
-EE.UU. tiene muchos menos magistrados, Uruguay son 5 magistrados, eso tiene que valorarse. ¿Por qué somos 22? Es por un dato histórico, antes éramos 11 y más antes 9 históricamente, en los años 80 se dio una reforma y se subió en razón de la Reforma Procesal, de que se eliminaron lo que eran salas, que antes eran tribunales de apelación se eliminó, y eso hace que aumente el número de recursos de casación. Eso hizo necesario aumentar el número. Cuando vino la discusión de la Sala Constitucional la idea original era que no iba a ser una sala, sino una corte totalmente apartada del Poder Judicial, modelo europeo, pero la discusión en la Asamblea Legislativa fue tan fuerte y la oposición que tuvo la Corte hizo que los diputados dijeran: “bueno, no la saquemos, dejémosla dentro de la Corte”, y originalmente eran 7 magistrados institucionales, que ahora se suman a los 15 y llegamos a 22.
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CRÉDITOS: Foto: Herbert Arley
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Lunes 15 Enero, 2018
HORA: 12:00 AM
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