Una multa de ¢16,4 millones debería pagar la Policía de Control Fiscal (PCF) por supuestamente revelar a terceros información registrada en la base de datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Así se desprende de una resolución de la que DIARIO EXTRA tiene copia, donde uno de los sancionados es el director de ese cuerpo policial, Irving Malespín.
De acuerdo con el documento, el accionar se podría calificar como una falta “grave”. Se incluyen entre los sancionados a Karla Morales y Melissa Rodríguez, también funcionarias de la PCF.
El caso se remonta a junio de 2017, cuando María Cecilia Mesén presentó una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) en contra de Morales y Rodríguez.
Mesén, quien también es funcionaria de la PCF, pidió que se investigara si se habían consultado sus datos personales a través de la plataforma del OIJ y luego pasados a terceros.
ES UN ERROR DE INTERPRETACIÓN
Malespín dijo a DIARIO EXTRA que apelará la resolución de la Prodhab porque considera que no está contemplando algunos aspectos.
“Lo más seguro es que después de la apelación van a resolver a favor nuestro. Hay un error de interpretación. La denunciante (Mesén) está siendo investigada en el Ministerio Público por un acto de corrupción y ante el Consejo de Personal de Control Fiscal”, expresó.
Agregó que la PCF tiene un convenio para acceder a la base de datos del OIJ, así como Tributación, Aduanas y la Dirección de Hacienda.
“Si tenemos que recurrir a otras instancias lo vamos a hacer porque nunca se pasaron los datos a terceras personas. Eso es falso”, recalcó.
El Diario del Pueblo trató de localizar a Mesén, pero no fue posible, pues se encuentra suspendida.
QUE PAGUEN DE SU BOLSILLO
Miguel Ureña, secretario del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda y del Sistema Aduanero Nacional (Sitrahsan), al que Mesén está afiliada, considera que en esta administración se han cometido abusos de poder.
“Hay actos administrativos que realizan las autoridades superiores, como el caso de Mesén. A ella por falta de confianza la mandaron a la casa desde hace un año y está dañando su psiquis, y con esto se demuestra que hay un acto irregular contra ella. Somos conscientes del derecho de defensa, pero estamos a la espera de que la resolución quede en firme y que a ella se le pague el daño moral y que lo paguen los funcionarios, no el Estado”, dijo.
LA RESOLUCIÓN
La Prodhab declaró con lugar la denuncia contra Morales, Rodríguez y Malespín y por su condición de servidores públicos se establece la sanción contra la PCF.
Se supone que habrían transgredido la norma de “Recolectar, almacenar, transmitir o de cualquier otra forma emplear datos personales sin el consentimiento informado y expreso del titular de los datos, con arreglo a las disposiciones de la ley”.
Agrega que no pueden revelar información registrada en una base de datos personales cuyo secreto esté obligado a guardar conforme la ley.
También se ordenó remitir una copia de la resolución al OIJ y al Ministerio de Hacienda para lo que corresponda.
Asimismo, se ordenó remitir una copia certificada del expediente 038-05-2017 DEN al Ministerio Público.
Indica que contra la resolución se permiten los recursos de reconsideración y apelación, que no se han interpuesto porque este lunes recibieron la notificación en la PCF.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
CRÉDITOS: Fotos: Archivo
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Martes 12 Diciembre, 2017
HORA: 12:00 AM
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