El Frente Interno de Trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE) y la administración de esa entidad chocaron en sus versiones ante el traslado del Centro de Operaciones de Seguridad Lógica de la Red Transporte, de internet, que es de índole técnica, a la Dirección de Protección y Seguridad Institucional, de índole administrativa.
Las partes comparecieron ante la Comisión Legislativa de Ingreso y Gasto Público.
Carlos Obregón, presidente ejecutivo del ICE, señaló ante los diputados que le extrañó que se les citara para tratar dicho tema, pues desde octubre de 2016, a través del Comité Ejecutivo, conformado por los Gerentes y la Presidencia Ejecutiva de la institución, se analizó el asunto de la seguridad cibernética de la entidad y se determinó que procedía crear el Modelo Integrado de Seguridad Corporativa y que se mantuvo más de un año de discusiones entre las diferentes unidades dentro del ICE, pero estas no llegaron a un acuerdo.
“Finalmente giré la instrucción porque había situaciones por las cuales no se procedía conforme como se debía. Es una potestad de la administración el tomar la decisión de hacer ese cambio por seguridad y porque es lo más conveniente desde el punto de vista económico, que nos extraña que aquí se ha querido demostrar que no es lo más conveniente”, dijo Obregón.
Ante esto, Geovanny Porras, jefe de la División de Servicios Compartidos de la Gerencia Corporativa de Administración y Finanzas del ICE, en su exposición, defendió el Modelo, e indicó que dentro de los objetivos se encuentra el resguardar la institución de ataques cibernéticos, y por ello se tomó la decisión de ampliar la cobertura a las dependencias del Grupo ICE de una solución adquirida en su momento por el sector de telecomunicaciones, cuyo costo fue de $18 millones, a fin de tener una seguridad corporativa contra ataques cibernéticos.
“La red no es solo telecomunicaciones, también tenemos a Racsa, CNFL, Cable Visión y a ICE eléctrico, pero podríamos tener un ataque desde la red de electricidad e invadir la misma red de telecomunicaciones.
Pero Telecomunicaciones como está, esas áreas no son visibles y por allí se nos podrían meter, por eso establecimos el Modelo Integrado de Seguridad, lo que andamos buscando es una solución que cubra toda la corporación y eso lo podemos hacer adquiriendo aplicativos, herramientas, construyendo infraestructura y contratando gente (…). Atraemos las herramientas, la gente y la infraestructura de telecomunicaciones y ampliamos su espectro de cobertura a toda la organización y eso es lo que pretendemos con ese modelo”, reseñó Porras.
Añadió que, de no lograrse la integración del modelo de seguridad, el ICE tendría que contratar al menos 18 personas en ciberseguridad, lo que implicaría un aumento en ¢350 millones en la planilla, ¢500 millones en capacitación, $12 millones en infraestructura y ¢900 millones en la edificación de instalaciones especializadas.
LE QUEDAN POCOS MESES
EN LA INSTITUCIÓN
Al respecto, Juan de Dios Cordero, coordinador del FIT-ICE, reseñó que el tema no solo se limita a ciberseguridad, sino de un negocio de telecomunicaciones completo que implica varios aspectos, entre los que se encuentran transporte, distribución y acceso, aspecto que ya se hace en la actualidad.
“Tenemos que ser claros que el hecho de pasar una unidad a otra, de una estructura administrativa y no técnica, eso tiene un impacto y ese impacto puede ir más allá.
Hay que ser claros en que a don Carlos le quedan solo varios meses en la institución y por qué hace una reestructuración cuando una administración va saliendo, si la nueva administración podría tener una noción diferente, entonces son aspectos claves que, como organizaciones sindicales, nos preocupan, porque también, detrás de este tipo de cosas, puede haber otros elementos que analizamos, si no será que se quiere dejar montada a cierta gente en una organización y eso preocupa mucho, desde el punto de vista de inversión, de una administración como es el ICE”, aseveró Cordero.
Según agregó, sacar del área operativa los servicios que se están ejecutando genera inestabilidad, al tiempo que subrayó que los cambios procurados, afectarán una inversión que se ha hecho por el orden de $37 millones durante varios años en la institución.
“Meter inestabilidad en el área de las telecomunicaciones, que es un negocio grande, que tiene 3,8 millones de servicios celulares y un ARPU de $20 por servicio, cuánto puede representar eso en ingresos para el sector. Hablemos de los servicios de internet que hay en el país, de todos los servicios de telefonía y todos los servicios aledaños a eso.
Nos preocupa mucho que, a la hora de hacer los cambios, se atente contra la oportunidad de los servicios y tenemos servicios críticos, como por ejemplo el Tribunal Supremo de Elecciones, al sector bancario, tenemos los negocios grandes de este país, que mueven grandes montos anuales, estas variaciones provocan cambios”, reafirmó.
Dijo que el Centro de Operaciones de Seguridad Lógica de la Red Transporte tiene siete años y que el personal no solo atiende ciberseguridad, sino que, con la capacitación que tienen, desarrollan otros temas.
“Estamos preocupados porque es parte del erario público lo que se ha invertido allí y trasladar eso a otra área implica que el área que está dando estos servicios tendrá que volver a capacitar, formar equipo y volver a contratar asistencia en soporte en esos sistemas. Consideramos que se trata de desvestir un santo para vestir otro”, aseveró Cordero.
La Comisión de Ingreso y Gasto Público volvió a convocar a las autoridades del ICE para tratar otros temas, como el arbitraje por la planta hidroeléctrica Chucás, y otras inversiones de la entidad.
PERIODISTA: Krissia Morris Gray
CRÉDITOS: Foto: Isaac Villalta
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Lunes 11 Diciembre, 2017
HORA: 12:00 AM
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