La ministra de Justicia, Cecilia Sánchez, renunciará a su cargo en las próximas semanas.
La jerarca asumirá a partir del 1 de enero la Dirección del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud).
Sánchez fue postulada por el Gobierno, en este caso por el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, para ocupar el importante cargo.
Recordemos que ambos tienen una amistad muy estrecha de años y el mismo mandatario la defendió luego de que otros compañeros de gabinete la emprendieran en su contra con reclamos por su política de chineo para con los reos.
Sánchez reemplazará en ese puesto al también costarricense Elías Carranza, quien renunció al cargo en días pasados, para a cogerse a su pensión, según se supo.
A cuatro meses de dejar la administración, Cecilia Sánchez es colocada en este instituto como lo ha hecho el gobierno con otros miembros que han sido cuestionados o criticados.
La Ministra confirmó a DIARIO EXTRA que recibió el beneplácito desde Ginebra, Suiza, para asumir el cargo. Comentó que el martes se hará el anuncio oficial de su designación.
“Ese día será mi último Consejo de Gobierno”, compartió la jerarca, quien hasta el viernes en la tarde aseguró a El Periódico del Pueblo que aún no le había contado al presidente Solís acerca de su salida del Poder Ejecutivo.
Actualmente no recibe salario del Gobierno, pues es pensionada del Poder Judicial. El sueldo que se destina a ese puesto supera los ¢2,5 millones.
Pero según establece el acuerdo sede, “el director y el subdirector no estarán sujetos al régimen del Servicio Civil, aunque continúen pagados por el presupuesto de la República. Mientras dure esta situación tendrán derecho sin embargo a aumentos anuales, revaloraciones y cualquier otro beneficio económico acordado para los servidores de dicho régimen”.
El Ejecutivo no barajó otros nombres de profesionales aptos para el puesto, según supo este medio, y más bien hizo la postulación tras la petición de la propia Ministra.
Acá lo que podría ser improcedente es que siendo Sánchez la jerarca de la entidad enlace con Ilanud haya sido la postulada generando una clara ventaja ante cualquier otro interesado.
Dice el acuerdo del instituto: “Disposiciones Especiales, 1º.- A partir de la fecha en que se firme el Convenio por los representantes de la Organización y del Gobierno y para los actos sucesivos en que deban participar las partes, la Organización se entenderá con el Gobierno, a través del Ministerio de Gobernación y Justicia, quien a su vez, se pondrá de acuerdo con la Corte, según lo dispuesto en el reglamento interno, y procurará la colaboración de las otras entidades que proceda”.
El Ilanud se creó mediante un acuerdo suscrito entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Costa Rica el 11 de junio de 1975.
El acuerdo de creación establece que el objetivo principal del instituto es colaborar con los gobiernos en el desarrollo económico y social equilibrado de los países de América Latina y el Caribe, mediante la formulación e incorporación en los planes nacionales de desarrollo, de políticas e instrumentos de acción adecuados en el área de la prevención del delito y la justicia penal.
EN MEDIO
DE LA POLÉMICA
Cecilia Sánchez asumió el cargo de ministra de Justicia el 7 de julio de 2015, luego de que el presidente Solís quitara a Cristina Ramírez, a quien también promovieron para un puesto internacional pero no logró colocarse.
Sánchez es abogada por la Universidad de Costa Rica, máster en Criminología y laboró por más de 27 años en el Poder Judicial.
Ha fungido como capacitadora en temas de reforma penal y procesal, derechos humanos y política criminal en América Latina.
Además, destaca como autora de varios libros y artículos en revistas nacionales e internacionales sobre temas vinculados al derecho penal.
También es la madre de Celso Gamboa Sánchez, magistrado fuertemente cuestionado por sus vínculos con el importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños, quien descuenta prisión preventiva por el caso del “Cementazo”. Estuvo casa con el exmagistrado de la Sala III, Daniel González.
La Ministra ha estado envuelta en la polémica, pues impulsa el régimen semiabierto para disminuir el hacinamiento carcelario, que consiste en liberar reos “de baja peligrosidad” a las calles con una mínima contención. Por medio de varios oficios, personeros del Ministerio han denunciado que la jerarca “presiona” para que se analicen los casos y poder librar a más personas.
La población, sectores políticos y el propio ministro de Seguridad, Gustavo Mata, han cuestionado la eficacia de esta política pública, porque aseguran que propicia la reincidencia delictiva y además exponen a los ciudadanos, pero más grave aún vulnera a las víctimas.
Otro aspecto es que varios de los beneficiados han sido asesinados a su salida del centro semiinstitucional producto de las rencillas por drogas.
Hasta el momento, el Ministerio de Justicia no ha dado una cifra exacta de cuántos reos se han beneficiado con esta política. Solo en el 2015 se contabilizaron más de 1.000.
Aparte de la liberación de reclusos, a la jerarca se le critica también el propiciar que a los reos de máxima seguridad les instalen teléfonos y que los saquen de las cárceles para llevarlos a partidos de fútbol, les den clases de yoga y les permitan salir de paseo.
De manera extraoficial, se menciona que el viceministro Marco Feoli sustituirá a Sánchez en los últimos cinco meses de esta administración.
OBLIGACIONES EN ILANUD
ARTÍCULO SEGUNDO
Organización del Instituto
Para el cumplimiento de sus propósitos, el instituto contará con el siguiente personal:
1º.- Un director, nombrado por el Gobierno, de acuerdo con la Organización y remunerado por el Gobierno. El director será responsable ante la Organización y el Gobierno y sus funciones serán las siguientes: a) Planear, dirigir y ejecutar, en cooperación con el codirector y con el asesor principal, los programas técnicos de trabajo del instituto.
b) En consulta con el codirector y con el asesor principal, formular el presupuesto anual y administrar los recursos económicos del instituto, de acuerdo con el presupuesto vigente previamente aprobado.
c) En consulta con el codirector y con el asesor principal, seleccionar y nombrar el personal administrativo y técnico que proponga el Gobierno, a través de la Dirección General de Servicio Civil, en virtud de este acuerdo; contratar el personal adicional, de carácter interino, que sea necesario para el cumplimiento de las actividades del instituto; y aprobar la designación de aquellos funcionarios propuestos por otros gobiernos, que se incorporen como empleados al instituto, por breves periodos. d) Informar, una vez al año, sobre las actividades desarrolladas por el instituto, así como sobre su estado financiero, al Gobierno y a la Organización, enviando copia de este informe a los gobiernos de todos los países latinoamericanos.
e) Formular, de acuerdo con el codirector y con el asesor principal, el reglamento interno por el que se regirá el instituto, el cual para su vigencia deberá ser aprobado por la Organización y el Gobierno.
PERIODISTA: Carlos Mora
EMAIL: [email protected]
Sábado 09 Diciembre, 2017
HORA: 12:00 AM
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