Por segunda ocasión, la abogada Mayra Campos asumirá el puesto de fiscala general subrogante. En diciembre del 2014 estuvo en el cargo por un año y este lunes fue designada nuevamente por los magistrados, en esta ocasión por un período indefinido.
Campos, quien labora en el Ministerio Público desde 1988, y es fiscala adjunta de Capacitación y Supervisión de la entidad, tendrá como función sustituir a la fiscala general Emilia Navas, cuando esta se ausente temporalmente o apliquen inhibitorias. (ver recuadro)
DIARIO EXTRA conversó con la también magíster en Ciencias Penales y catedrática de la Universidad de Costa Rica (UCR) sobre cómo toma la designación en medio de la crisis de credibilidad que enfrenta el país y que ha afectado al Poder Judicial. Ante este panorama, asegura que mantendrá la misma línea de mano dura que ha demostrado Navas.
“En primer lugar, es un puesto que requiere que se asuma con mucha responsabilidad, como usted bien lo dice, el país está pasando por una crisis de credibilidad y precisamente se nombra a las personas para que trabajen de forma esforzada y dando lo máximo de sí mismos para reintegrar todos esos valores fundamentales de transparencia y de integridad que son necesarios en la institución. Nosotros tenemos una serie de visión y misión institucional, entre ellas incluyen la transparencia, integridad, la verdad, la responsabilidad, la eficiencia. Entonces se asume con esa garantía de que se va a trabajar de una forma ajustada a la Constitución, a las leyes, respetando el debido proceso y con la responsabilidad. El país debe estar tranquilo de que vamos a continuar trabajando como la ha hecho la señora Fiscal General”, enfatizó.
Campos resultó electa con el apoyo de 11 magistrados, quienes debieron seleccionarla dentro de una terna propuesta (competía junto a Paula Guido y Miguel Navarro) por la propia fiscala general, Emilia Navas. Los magistrados también ordenaron mantener a Navas en el cargo, mientras se sigue el proceso de designación del nuevo fiscal -el cual dio inicio este mismo lunes-, tras la salida de Jorge Chavarría, quien después de su polémica suspensión por el manejo de caso de supuesto tráfico de influencias vinculado con el Cementazo, se acogerá a su pensión.
“Tendré un estilo de trabajo muy proactivo, y he asumido cada una de las actividades que me han encomendado en la institución con mucha responsabilidad, y siempre respetuosa de los derechos humanos, del debido proceso, de la ley y la Constitución, que es la misma línea que ha mantenido la señora Fiscala General”, manifestó.
Agregó: “El ciudadano quiere confiar en la administración de justicia, y ese va a ser el objetivo fundamental, que el ciudadano sepa que las instituciones estamos aquí para respetar la Constitución, las leyes, el debido proceso, y cumplir con nuestra labor. Por eso es importante resaltar cuáles son esas labores de carácter constitucional y la visión y la misión que tiene el Ministerio Público, el MP es el llamado a pedir que se aplique la ley, cuando se determina si en un caso concreto hay delito o no hay delito. Y a su vez debe también procurar dar un buen servicio público y ese servicio público en beneficio de cada uno de los ciudadanos y las personas, y de todas las partes que llegan al proceso”.
Campos goza de una amplia experiencia, durante 18 años fue fiscala adjunta Penal Juvenil, se le atribuye el impulso a la creación de la de la Oficina de Atención y Protección a Víctimas y Testigos.
En este momento tiene a su cargo la elaboración del proyecto de Ley de Carrera Fiscal.
“Ya la Fiscala General me había encomendado aspectos importantes desde mi función como Fiscal Adjunta del Ministerio Público, el tema de la Ley de carrera Fiscal, todo el proceso de reclutamiento, selección, y capacitación.
También está encomendado por ley a la Unidad de Capacitación y Supervisión y recientemente el plan estratégico 2019-2023 que es la visión y hacia donde se va a dirigir el Ministerio Público los próximos 5 años” concluyó.
La oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia informó que no existe plazo definido para nombrar el nuevo fiscal general de la República, que para resultar electo debe contar con el respaldo de una mayoría absoluta de los magistrados.
El fiscal es designado por periodos de 4 años, con posibilidad de reelección, por el mismo lapso, su salario mensual es de ¢4.176.554,85.
