A cinco meses para que concluya este gobierno Olga Marta Sánchez, ministra de Planificación, no ha devuelto ni un solo cinco de los ¢36,5 millones que cobró de más en su salario a lo largo de los tres primeros años de esta administración.
La funcionaria pareciera no tener la intención de devolver ese dinero, pues el Ministerio de Planificación (Mideplan), que ella dirige, ha demorado siete meses en investigar el caso por medio de un procedimiento administrativo que se abrió el 28 de abril.
Sánchez, quien tiene la potestad para hacerlo, no ha querido pedir que se acelere dicho procedimiento y siempre evade hablar del tema.
En reiteradas ocasiones se le ha solicitado por medio de sus voceros de prensa conversar con ella al respecto, pero para evitar cuestionamientos responde por correo electrónico de manera escueta y vacía.
El martes, tras el Consejo de Gobierno, la Ministra tuvo que bajar a la conferencia de prensa y DIARIO EXTRA le consultó al respecto. No le quedó más opción que referirse al tema, que a todas luces le resulta incómodo.
Se escuda en que el procedimiento administrativo en relación con el tema no lo dirige ella y que el avance de dicho proceso “es diferente”. Esto último refiriéndose al caso de otros funcionarios que también cobraron sobresueldos de más y están pagándolos.
“Es un tema sobre el que se abrió una investigación preliminar. Cada caso es particular. El caso mío es tan diferente a los demás y tiene sus propias peculiaridades”, comentó, mientras que la funcionaria que conducía la conferencia de prensa se empeñaba en interrumpir.
¿POR QUÉ COBRÓ
¢36,5 MILLONES?
Sánchez y siete miembros del gabinete de Luis Guillermo Solís cobraron un incentivo salarial conocido como prohibición, a pesar de que no cumplían con los requisitos para ello.
Según lo dejó claro la Procuraduría General de la República, para cobrar ese plus es necesario estar incorporado al colegio profesional respectivo, en los casos en que la membresía sea requisito para ejercer la profesión.
Dicho plus equivale a un 65% del salario base y se creó para impedir que los jerarcas del Estado ejerzan sus profesiones liberales.
Además de Sánchez, este mismo plus lo cobraron, sin estar colegiados, los ministros de Turismo y Comercio Exterior, Mauricio Ventura y Alexander Mora, respectivamente; así como el viceministro de Paz, Víctor Barrantes; el de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga; y el de Gobernación, Carmen Muñoz.
También lo cobraron las ex viceministras Ana Cristina Trejos, de Vivienda, y Gina Paniagua, de Agricultura.
Entre estos ocho funcionarios el monto cobrado de más suma ¢189 millones.
DIARIO EXTRA dio a conocer la semana pasada que Ana Gabriel Zúñiga, viceministra de la Presidencia, ha devuelto ¢14 millones y los ¢12 millones que aún debe los cancelará en dos tractos en diciembre y abril.
Entre tanto Víctor Barrantes, viceministro de Paz, solicitó un arreglo de pago al Ministerio de Justicia. El funcionario propuso cancelar ¢14 millones en los próximos días y el resto dentro de un año. Esta solicitud está en valoración por las autoridades de esa cartera.
MINISTRO “VOCERO”
SE DESENTIENDE
Hace unos meses, cuando el tema de los sobresueldos estaba en su punto más álgido, el gobierno nombró a Mauricio Herrera, ministro de Comunicación, como el único vocero del tema.
El martes DIARIO EXTRA le consultó cómo el Ejecutivo le explicaba que el procedimiento administrativo en el caso de Sánchez se tardara tanto y si la Presidencia haría una excitativa para que se agilizara, pero se desentendió del tema.
“Cada ministerio está llevando su propio proceso”, manifestó el jerarca.
PERIODISTA: Carlos Mora
CRÉDITOS: Foto: Herbert Arley
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Miércoles 29 Noviembre, 2017
HORA: 12:00 AM
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