Perversa Ley 4-3: Otra enseñanza del cemento...
La columna de Jaime Ordóñez
El escándalo del cemento está sirviendo para varias cosas. Primero, para desnudar uno de los casos de corrupción más extendidos en la historia del país. Cada día aparece algo nuevo, que sorprende la imaginación más retorcida. ¡Ni al guionista más bizarro y oscuro de Netflix o Hollywood se le ocurriría tanta podredumbre, tráfico de influencias y mentiras juntas! ¡Ni a George Simenon, Agatha Christie y Gogol (trabajando a seis manos y con horas extra) recreando a Fouché y sus secuaces!
Millonario incluido: la gota que colmó el vaso fue la intervención del presidente del CS Herediano en la Comisión Especial de la AL: le bastaron 10 minutos para evidenciar un cúmulo de mentiras y tráficos de influencia de varios personajes de esta trama. David Patey en cuatro o cinco respuestas destrozó a varios juntos, en fin... más o menos lo mismo que ha hecho el Team con todos sus rivales en el campeonato. Cuando no hay nada que esconder todo se puede decir con pocas frases: en forma directa y franca.
Pero vamos a lo importante. El escándalo del cemento ha servido además para desnudar lo absurdo y perverso de mucho de nuestro sistema institucional y jurídico, el cual ha promovido la corrupción y la politización de las instituciones por décadas. Y esto viene desde inicios de 1970...
La maloliente gestión de la junta directiva del BCR en este caso del Cementazo ha servido para evidenciar el esperpento de la llamada Ley 4-3 (que en realidad es la Ley de 5507, o ley de Juntas Directas de las Instituciones Autónomas), de 1974, que fue una negociación que en su día hicieron Daniel Oduber y Francisco Calderón-Guardia, representando al PLN y a Unificación Nacional, en pleno apogeo del bipartidismo para repartirse políticamente todas las juntas directivas de las instituciones autónomas y semiautónomas de Costa Rica, lo cual incluye los bancos del Estado. Y el actual gobierno no hizo nada por cambiarlo...
La Ley 4-3 funciona así: después de cada elección (amarrado al ciclo político electoral y en forma clientelista) el ganador nombra 4 miembros de las juntas directivas y le "deja" a la oposición 3. Ello permite que Casa Presidencial cada 4 años llene una gran cantidad de puestos -de instituciones complejas, de las cuales depende la eficacia de la Administración Pública- con pago de favores políticos, acólitos, botellas y fauna similar. Politización y manejo electoral puro y burdo. En algunos casos se extienden a 8 años...
Y lo grave del caso es que con esta Ley 4-3 se administran casi las 2/3 partes el presupuesto de Costa Rica. Casi $11 mil millones todos los años. Todas nuestras grandes instituciones autónomas, empezando por el ICE, Recope, CCSS, etc. se administran así. Es una gestión de corto plazo, politizada, que únicamente dura 4 años: no solo la junta directiva sino además los presidentes ejecutivos. Pasados los 4 años todo el mundo para la calle y va de nuevo. (Por eso para muchos oscuros personajes hay que sacar provecho y meter la mano en los fondos públicos rápidamente, que el tiempo pasa...) Subdesarrollo rampante y puro, corrupción al mejor estilo de república bananera.
Esto además impide la planificación y la gestión de largo plazo, como tienen la mayoría de los países desarrollados. ¿La solución? La gestión de las empresas de Estado de los países escandinavos y varias naciones de la OCDE. En países como Noruega, Suecia, Dinamarca, etc. se nombran gerentes especializados, expertos en sus campos, por 10 o 15 años, después de una licitación y concurso público nacional o internacional. Se nombra a los mejores, controlados y auditados por el Parlamento y otros órganos. No son personajes políticos sino expertos en sus campos y en administración pública. Así funcionan los países más avanzados.
Pero aquí seguimos en Macondo...
PERIODISTA: Redacción Diario Extra
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Lunes 13 Noviembre, 2017
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