El “Cementazo” y el Poder Judicial
Francisco J. Dall’Anese*
Cuando se asume un cargo público, sobre todo si es el de jerarca, el proyecto personal pasa a segundo plano y en su lugar el proyecto institucional es la prioridad; solamente así se demuestra compromiso. Es con trabajo —sin importar horarios— desde lo elemental hasta lo complejo y sin retrasar el escritorio como se acreditan conocimiento de las funciones y capacidad para impartir órdenes. Velar para que el servicio se cumpla en tiempos razonables —sin desconocer de asuntos cuya naturaleza demanda plazos extraordinarios— conlleva satisfacción del usuario. Asumir la responsabilidad personal sin descargar en subalternos o en “otros”, se traduce en respeto. Rendir cuentas con la verdad —para enarbolar triunfos y reconocer errores— genera confianza.
Sin olvidar que no existe un ser humano perfecto y todos tenemos fortalezas y debilidades, la aspiración de los costarricenses es encontrar esas características en los líderes de las instituciones involucradas en el sistema de justicia penal, sobre todo en la cabeza de la Corte Suprema, del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial (O.I.J.).
Don Walter Espinoza, Director General del O.I.J., patentó sus fortalezas al denunciar maniobras para nombramientos ajenos a la transparencia de los procedimientos y, recientemente, que la Fiscalía General de la República por medio de la Subrogante Berenice Smith obviara pruebas para desestimar una causa contra miembros de los supremos poderes.
En su caso, el Fiscal General Jorge Chavarría cargó la responsabilidad en un subalterno y el Presidente de la Corte Suprema Carlos Chinchilla —que actuó como Magistrado instructor de la causa cuando la Sala Penal aceptó la solicitud de desestimación— remitió la responsabilidad al Ministerio Público.
Dos precisiones: (1) Si verdaderamente un subalterno ocultó pruebas, no hay responsabilidad de la Fiscal Subrogante Smith ni del Magistrado Chinchilla. (2) Por el contrario, si las pruebas están en el expediente, debieron ser valoradas por la Fiscala Smith y por los cinco Magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema. Su responsabilidad es valorar la prueba, en el caso de Smith para plantear una solicitud ente la Sala Penal, y en el caso de los Magistrados para dictar la resolución.
Habrían faltado a sus deberes la Fiscala Smith si formuló la solicitud de desestimación ante la Sala sin valorar la prueba aportada por el O.I.J., lo mismo los Magistrados de la Sala Penal si incurrieron en igual omisión. Esto habría que determinarlo con vista del expediente. Pero sería inaceptable —si la prueba está en el legajo— que los mencionados no asuman responsabilidad y pretendan cargarla a “otro”.
Esta situación surge en medio de la crisis de “El Cementazo” que no termina y no conviene terminarla hasta tanto se conozca todo, desde su raíz hasta sus ramificaciones. Se trataría de la trama de corrupción más grande conocida en Costa Rica, por implicar los tres poderes, los partidos políticos mayoritarios, un banco estatal y, sobre todo, por la multimillonaria suma de dinero. Solamente una investigación a fondo nos dirá si se cometieron delitos o si se trata de mala administración.
“El Cementazo” conllevó denuncias contra el Magistrado Celso Gamboa y el Fiscal General Jorge Chavarría ante la Corte Suprema que, precipitadamente, suspendió al último no del ejercicio de sus funciones sino del conocimiento de los casos relacionados. Al mismo tiempo designó a la Fiscala Adjunta de Fraudes Emilia Navas para dirigir las investigaciones. Con ello la Corte Suprema incurrió en dos ilegalidades: de conformidad con lo establecido en el Art. 394 del Código Procesal Penal, la investigación de funcionarios investidos de inmunidad —como en el caso de comentario dos diputados— corresponde al Fiscal General; y según mandan los Arts. 7 y 30 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la competencia para distribuir el trabajo en esta institución es exclusiva del Fiscal General. Mal se vio la Corte al tener que rectificar: suspendió después a don Jorge Chavarría por tres meses mientras se le investiga disciplinariamente y nombró a doña Emilia Navas Fiscal General Subrogante por un año. Ahora sí puede esta funcionaria dirigir las investigaciones y confiamos en su capacidad, determinación y honradez. Con objetividad informará al culminar la pesquisa si encuentra mérito para ir a juicio.
Esos, que son los últimos acontecimientos conocidos por la prensa, generan un gravísimo problema a la democracia. Se ha perdido la confianza en las instituciones de justicia. De una parte el Ministerio Público transmitió un duro mensaje de desigualdad, en cuanto dejó la impresión de que ciertas personas no se investigan ni se encausan; de otro, que no hay control —jurisdiccional— de la Sala Penal sobre las actuaciones de la Fiscalía; y la Corte Suprema toma disposiciones ilegales, invadiendo competencias de otros funcionarios.
En cuanto a la solicitud de suspender en el ejercicio del cargo al Magistrado Celso Gamboa, la Corte guarda absoluto silencio y produce mayor desconfianza en la ciudadanía. En un sentido u otro debe resolver pues de no hacerlo se transformará en “una crisis dentro de la crisis”.
No es el escenario más feliz para los costarricenses.
Con el mayor respeto para don Celso Gamboa y para don Jorge Chavarría —por el país, por ellos y por sus familias— deben meditar en una salida digna para todos. Entendidos que el proyecto institucional está por encima de su proyecto personal, deben comprender que parte de su responsabilidad es dejar el cargo cuando su presencia causa daño. Deben proteger la legitimidad de las instituciones que juraron defender. Esto al margen de las consecuencias de los procesos disciplinarios.
No están siendo objeto de ataques por la atención de casos extremos frente a poderosos imputados que montaron campañas en su contra. Todo lo contrario, don Celso por asuntos de su vida, de su relación —negada y después aceptada— con un imputado; todo lo cual atenta contra la discreción y recato del juez. Y en el caso de don Jorge por aparente inercia.
Tal vez, si el año anterior la Corte Plena hubiera respaldado los cuestionamientos de los Magistrados Fernando Cruz y José Manuel Arroyo, en cuanto a los retrasos en las investigaciones del Ministerio Público, hoy no estaría el país enfrentando esta crisis. Tal vez, si en esa oportunidad don Jorge Chavarría hubiera decidido poner al día los procesos hoy no sufriría Costa Rica esta crisis.
Urge revisar y diseñar el sistema de nombramiento de Magistrados, para que el procedimiento no sea una mise-en-scène como ya ha pasado. Los ciudadanos tenemos derecho contar con Magistrados conocedores a fondo del derecho, comprometidos, probos, dispuestos a rendir cuenta de su responsabilidad y a postergar a priorizar el proyecto institucional. Si se logra, replicará en todos los nombramientos de funcionarios judiciales incluido el Fiscal General de la República.
*Abogado
