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Nacionales

Acusan de corrupción a alcaldesa de San Pablo de Heredia

Enfrenta causas en tres instancias distintas

  • La Alcaldesa es acusada de distintos delitos entre ellos corrupción y tráfico de influencias

  • Parte de las acusaciones que se han presentado contra la alcaldesa Aracelly Salas

Más casos por supuesta corrupción siguen saliendo a la luz pública, en esta ocasión la controversia llega desde la Municipalidad de San Pablo de Heredia y su protagonista es la alcaldesa Aracelly Salas.

A se le acusa de actos de corrupción, conflicto de intereses, violaciones al deber de probidad, abuso de poder y violación de derechos fundamentales ante tres distintas instancias.

De acuerdo con documentos en poder del DIARIO EXTRA, todo inició en junio de 2013, cuando Salas en apariencia otorgó una licencia de licores a un local comercial que se encuentra a menos de 400 metros del Liceo de esa misma localidad.

Sin embargo la normativa municipal establece que las patentes para este tipo de negocios deben otorgarse a establecimientos que se encuentran a más de 400 metros de distancia, aunque esto no es lo más grave.

Pues la patente habría sido girada a su hijo, Luis Bonilla Salas, y al socio de este pasando por encima del Departamento de Patentes y de la Unidad Tributaria con que cuenta el gobierno local.

No obstante este no es el único hecho, pues casi un año después, en mayo de 2014, se hace una solicitud de traspaso de la licencia municipal a un nuevo administrador del local volviendo Salas a firmar el título para la venta de bebidas alcohólicas.

Lo más grave es que nuevamente la normativa de la Municipalidad de San Pablo fue violentada, pues la misma establece que se prohíbe el traspaso, venta, canje o arrendamiento de estos permisos.

 

CLAUSURAN LOCAL
 Y LO VUELVEN A ABRIR

 

Ante lo sucedido con las patentes, el Departamento Tributario de la Municipalidad ordenó que se clausurara el establecimiento por no cumplir con la legislación establecida, según consta en la resolución AT-016-015 de junio de 2015.

Sin embargo, el vicealcalde Bernardo Porras López revocó dicha orden por medio de la Resolución 08-2015 y ordenó la reapertura del negocio a pesar de las faltas al código municipal.

Los tres casos fueron presentados ante el Tribunal de Ética y Disciplina del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y ante el Ministerio Público, según consta en el expediente número 15-002348-369-PE.

 

DESPIDIERON A QUIEN LA CANTÓ

 

Los descubrimientos hechos por la Unidad Tributaria los reportó al Consejo Municipal Julio Espinoza, encargado de dicho departamento, sin embargo perdió su trabajo precisamente por cumplirlo.

Espinoza presentó las denuncias ante el Ministerio Público debido a que el consejo no dio la importancia correspondiente a los aparentes actos de corrupción en los que incurrieron ambos funcionarios.

Tras descubrirse esto, la Alcaldesa solicitó que a Espinoza se le realizara un proceso administrativo del cual se encargaría el segundo Vicealcalde, pero ella escogería el abogado que llevaría el proceso.

Lo escandaloso de esto es que de acuerdo con el Manual de Clases de Puestos de la Municipalidad, se establece que debía ser el Coordinador Financiero el encargado de dicha contratación y no Salas.

Esto conllevó a que se le acuse por fraude nuevamente ante el Ministerio Público bajo el expediente número 16-002069-0369-PE, del cual El Periódico de Más Venta en Costa Rica tiene copia, en el que se reseña cómo Espinoza perdió su puesto.

 

MINISTERIO DE TRABAJO INTERVINO

 

Tras lo acontecido, se interpuso una denuncia ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y su Dirección Nacional de Inspección, bajo el expediente HE-HL-02555-16 por el cargo de hostigamiento laboral.

Esto conllevó a que se generara una notificación hacia la alcaldía en la que se prohibía realizar el proceso de despido contra Espinoza mientras se realizaba una investigación de la denuncia, pero esto fue ignorado.

Para febrero de este año, el Ministerio de Trabajo presentó una acusación formal por infracción a las leyes laborales ante el Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía contra Salas por no cumplir con la advertencia.

Mientras todo esto ocurría, Salas trató de hacer movimientos para que la situación no pudiera avanzar, pues presentó ante el Consejo una propuesta de reestructuración y reordenamiento general.

Esto implicaría que se efectúe un reacomodo del personal sin tocar su trabajo y salarios, no obstante, la única plaza que pidió fuera descartada del todo era la de Coordinador de la Unidad Tributaria, la cual desempeñaba Julio Espinoza.

Este medio trató de comunicarse con Salas para conocer su versión de los hechos, sin embargo, tras múltiples llamadas a su teléfono celular no se obtuvo respuesta por parte de la funcionaria.

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Sábado 09 Septiembre, 2017

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