Cuando el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) pensaba que el caso de corrupción de Alcatel estaba cerrado, en junio del 2016 la firma de abogados gringa Saavedra Goodwin (SG) presentó ante la Corte del estado de La Florida, Estados Unidos, una demanda contra la entidad exigiéndole $2,5 millones (¢1.444 millones) por concepto de honorarios de contingencia y los intereses generados.
Esto porque en 2010 el ICE contrató a esa firma de abogados en Estados Unidos para demandar a Alcatel en esa nación norteamericana y la pretensión de ese momento era una querella por el orden de $140 millones.
El escándalo de corrupción, que se denominó ICE-Alcatel, se dio en 2004 cuando trascendió el supuesto pago de dádivas por parte de la empresa francesa Alcatel por $2 millones, con el fin de que la compañía pudiera ganar la licitación de 400 mil líneas telefónicas de la tecnología GSM.
El caso se lleva bajo el expediente 16-009360 09 y en la demanda, de la cual tiene copia El Periódico de Más Venta en Costa Rica, se detallan los puntos de la discordia y el reclamo plantead.
Fuentes allegadas al caso explicaron que el ICE contrató a la firma de abogados Saavedra Goodwin para que lo representara contra Alcatel, en el Estado de la Florida, en virtud de la lentitud del proceso que se llevaba a cabo en suelo costarricense, pero se mantuvo la querella en pausa.
RECLAMO ES POR $10 MILLONES
Producto del proceso, Alcatel le pagó al ICE $20 millones, en dos momentos. El primer desembolso fue en 2008 por $10 millones, correspondientes al daño ocasionado a la entidad producto del escándalo.
El segundo fue de $10 millones en 2015, donde se cobraron los daños y perjuicios provocados.
Precisamente es sobre estos últimos $10 millones que el bufete Saavedra Goodwin hace el reclamo y que el ICE se ha negado a cancelar.
“El juez en Estados Unidos dijo que haría una pausa para ver si el ICE podía hacer una demanda en Costa Rica contra Alcatel, porque Costa Rica es más conveniente para dicha parte, pero si la Corte costarricense decía que no podía resolver la demanda podría reactivar el caso en Estados Unidos para continuarlo.
El ICE resolvió el caso y la demanda en Costa Rica en que se le pagó $10 millones (en indemnización). El contrato con los abogados contratados en Estados Unidos establecía el pago de $350 mil en honorarios y un porcentaje de cualquier beneficio que recibiera vía sentencia. Había un beneficio de $10 millones que se le pagó al ICE, por lo que el porcentaje que se está demandando en Estados Unidos más intereses rondan los $2,5 millones por honorario de contingencia”, explicó la fuente.
Según se desprende de la demanda, “el ICE centra sus argumentos en el sentido de que no está en la obligación de pagar a Saavedra Goodwin el honorario de contingencia porque el acuerdo alcanzado con Alcatel no tiene relación con Saavedra Goodwin ni engloba un acuerdo global con Alcatel”.
Dentro de las molestias del consorcio de abogados está que las autoridades del ICE no regresaron a ponerle punto final al proceso que abrieron por años en esa nación.
¿DESTRUCCIÓN DE PRUEBAS?
Además, DIARIO EXTRA supo que la firma de abogados demandante hizo un requerimiento de información sobre el caso Alcatel al ICE durante febrero en La Florida y la entidad se negó, en principio, a suministrar la documentación, pero después cambió de posición y manifestó que iba a dar dos textos, cuando se solicitó copia de todo el expediente.
En la demanda se especifica que el ICE procedió a destruir evidencia relevante para el caso en cuestión.
“En marzo, se tomó la declaración de Julieta Bejarano en la Corte de La Florida en Estados Unidos, quien es la directora jurídica del ICE, quien sostuvo que había una oferta para resolver el caso contra Alcatel. El documento estuvo guardado en su oficina por años y varias semanas antes de ir a rendir la declaración ella botó la documentación.
Era un documento importante para el caso, por lo que estaba en la obligación de suministrarlo”, aseguró la fuente allegada a DIARIO EXTRA.
En la denuncia se especifica que “por lo tanto, no puede haber duda de que la oferta de acuerdo escrito existió de hecho, existía hasta tres semanas antes de la declaración de Bejarano”.
En ese sentido, la firma afectada solicita a la Corte de La Florida aplicar una sanción al ICE por destruir el acuerdo suscrito entre la institución y Alcatel.
DIARIO EXTRA trató de entrevistar a autoridades del ICE sobre el caso, pero a la hora del cierre no recibimos respuesta.
PERIODISTA: Krissia Morris Gray
CRÉDITOS: Foto: Herbert Arley
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Sábado 19 Agosto, 2017
HORA: 12:00 AM
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