Los operativos que lleva a cabo la Dirección General de la Policía de Tránsito para tratar de detener las operaciones de los conductores de Uber hicieron que un ciudadano disconforme presentara un salacuartazo contra dicha dependencia.
El recurso de amparo lo presentó este miércoles ante la Sala Constitucional y pretende que se detenga este tipo de acciones por parte de las autoridades hasta que se logre establecer una metodología acorde con lo que se quiere detener.
Así lo explicó Yashin Castrillo, quien presentó la acción legal ante este órgano del Poder Judicial, pues dice que se orquesta una persecución contra quienes tengan carros modernos sin saber si laboran para Uber.
“La directriz dice multar o decomisar a los vehículos que se dediquen a esta actividad ilegal, pero no hay una metodología que establezca cómo hacerlo. Están incurriendo en actos ilegales para según ellos dar con los conductores de Uber”, expresó.
Castrillo explicó que los oficiales atribuyen que todo vehículo que sea del 2007 en adelante, de cuatro puertas y vaya con un acompañante, automáticamente es de Uber.
Llevando así a que se estigmaticen las características de los vehículos para atribuirles una condición como infractores de la Ley de Tránsito (Ley 9078) sin que haya indicios que lo comprueben.
OPERATIVOS SON UN ABUSO
DE AUTORIDAD
Otro de los puntos que se recalcan en el escrito es que los métodos utilizados por las autoridades son ilegales, pues se recurren a distintas actividades con tal de esclarecer si hay un delito.
Insistió además en que durante todo el proceso se incurre en un abuso de autoridad por parte de los representantes de la ley, tanto en el método de operación como en su modo de actuar.
“Por ejemplo, eso de interrogar al conductor o al pasajero no se puede llevar a cabo. Además de eso lo hacen en grupo, con uniformes y armas, y esto conlleva a que se logre intimidar a cualquier conductor”, declaró.
De acuerdo con el recurrente, se actúa bajo “instinto policial” o por una sospecha infundada basados en características y no en pruebas o hechos que puedan respaldar las acciones que sancionan.
Castrillo espera que acojan el recurso para terminar de una vez por todas con una persecución que además de incómoda es perjudicial para cualquier conductor solo por el hecho de tener un vehículo moderno.
En su escrito dirigido a la Sala IV indicó que a su parecer se violan derechos fundamentales como la privacidad, intimidad, libertad personal y libertad de tránsito, además de interrogar a personas sin un abogado presente.
Los operativos se intensificaron tras la publicación de las directrices 82-P y 83-P por parte del presidente Luis Guillermo Solís el miércoles anterior, en las que solicita hacer todo lo posible para detener el transporte ilegal de personas.
Uber opera en el país desde agosto de 2015 y aunque han detenido y decomisado algunos de sus vehículos, estos siguen operando, lo que según los taxistas afecta sus ingresos, disminuyéndolos hasta un 60%.
