“Con nuestras pensiones no se juega”. Bajo esta consigna los empleados judiciales liderados por el frente gremial se declararon en huelga indefinida, como una medida extrema de presión para echar atrás el proyecto de ley que reformaría el sistema de pago de sus pensiones, que se discute en una comisión especializada.
Este miércoles, minutos antes de las 9 a.m., trabajadores de los diferentes departamentos de todo el país se concentraron frente al edificio del Poder Judicial y en señal de protesta caminaron hasta el Congreso.
Su petición específica es que los miembros de dicha comisión, presidida por el legislador Johnny Leiva, tomen como texto para discusión la propuesta que como gremios plantearon y no la de la Superintendencia de Pensiones (Supen), como está actualmente.
La presión es más fuerte, ya que el 31 de julio vence el plazo para que los congresistas avalen la propuesta de ley que discutirán los 57 diputados.
Justamente, mientras los trabajadores protestaban frente a la Asamblea Legislativa, la comisión de diputados recibía en audiencia a representantes de la Universidad de Costa Rica, quienes realizaron un estudio actuarial que recomienda reformas para dar sostenibilidad al régimen.
Entre dichas reformas están aumentar la edad de retiro a los 65 años, calcular el monto de pensión con los últimos 20 años de trabajo recibiendo un 72% del salario y no un 100%, como actualmente, y establecer un tope máximo a la jubilación de ¢4 millones.
“Estamos en contra del proyecto de la Supen, un proyecto absolutamente liquidatorio para el fondo de pensiones, que además tiene dictámenes negativos del Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República y la propia Corte. Es un proyecto que sí costaría al erario público.
Queremos que haya una reforma acorde con la sostenibilidad del fondo, pero que también no sacrifique excesivamente a los trabajadores, que ya de todos modos somos un régimen que aportamos cuatro veces más que cualquier otro bajo las premisas de proporcionalidad, razonabilidad y justicia. Es lo que vamos a defender”, detalló Adriana Orocú, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud).
DIPUTADO CUESTIONA INFORME DE UCR
El legislador Jorge Arguedas respaldó a los empleados judiciales y denunció presuntas irregularidades en la elaboración del estudio. En una carta que envió a Henning Jensen, rector de la UCR, asegura que “podría darse un sesgo importante en los resultados”.
Lo anterior porque uno de los investigadores (Max Alberto Soto) también es parte de un sistema de pensiones privado, dejando entrever que habría un interés de fondo de impulsar a los empleados a acogerse a un sistema de jubilación privado, que les dé mejores rendimientos.
Arguedas junto con Sandra Piszk y Maureen Fallas, diputadas de Liberación Nacional, presentó una moción para que se dejara de lado el proyecto de la Supen y se acogiera la petición de los gremios, pero fue rechazada. Los legisladores Marcela Guerrero, Franklin Corella, Johnny Leiva y Natalia Díaz votaron contra la moción.
Los congresistas miembros de esa comisión acordaron darles una audiencia a los gremios la próxima semana, pero los sindicatos de empleados judiciales alegan que esta decisión es insuficiente y por eso deciden ir a una huelga indefinida.
“No creímos que teníamos que llegar a este extremo, pero aquí estamos en pie de lucha por lo que nos hicieron. Incumplieron el acuerdo original que tenían con nosotros, de discutir nuestro texto y darnos participación”, concluyó Jorge Luis Morales García, dirigente gremial.
Desde el mediodía las diferentes oficinas estaban cerradas y se suspendieron los servicios a los usuarios.
Afectación
Huelga afectará en todo el país
Audiencias judiciales
Juicios de todas las materias
Despachos y oficinas de atención al cliente
Hoja de delincuencia
Denuncias OIJ
Entrega cuerpos (ver nota aparte)
Conciliaciones
Fuente: Frente Organizaciones Gremiales PJ
