¿Pueden los servidores públicos participar en la aprobación, mediante su voto, en un acuerdo que les permita subirse el salario?
Esa es la duda que Marcela Guerrero, diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), quiere que responda la Procuraduría General de la República en el caso del aumento salarial que se autorrecetaron los jerarcas del Poder Judicial en 2008 y a la fecha ha significado desembolsar ¢1.300 millones de las finanzas públicas.
DIARIO EXTRA dio a conocer el acuerdo que tomó la Corte Plena del Poder Judicial en la sesión 26-2008, celebrada el 11 de agosto de 2008, el cual beneficia a 46 funcionarios de este poder de la República y en ese momento significó desembolsar ¢488 millones.
Dicho acuerdo lo firmó el magistrado Carlos Chinchilla, recién electo presidente del Poder Judicial.
“Según la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito y los principios de probidad, objetividad, neutralidad, responsabilidad y austeridad, lo correcto es que tal aumento salarial solo se aplicara a los futuros servidores públicos que no participaron en la aprobación de dichos aumentos. Jamás ha debido aplicarse en beneficio de quienes integraron en ese momento la Corte Plena en forma titular o suplente, incluido el actual presidente de la Corte”, comentó Guerrero.
Chinchilla compareció ante los legisladores que integran una comisión especial del Congreso que busca una reforma para salvar el hueco fiscal del régimen de pensiones del Poder Judicial.
Ahí Guerrero le cuestionó la decisión de la “cúpula” de la Corte en dicho acuerdo y si era compatible con lo que dicta la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
El magistrado presidente recordó que en su momento la Corte hizo la consulta a la Contraloría General de la República y la Procuraduría de la Ética Pública, quienes no encontraron roces constitucionales ni éticos.
ERROR EN CONSULTA
No obstante, Guerrero insiste en que la Contraloría se declaró incapaz de responder, ya que entre sus atribuciones no está dirimir conflictos laborales dentro del Poder Judicial, por lo que la consulta fue improcedente.
Agregó que la consulta a la Procuraduría de la Ética tampoco procedía.
“Al estar en ese entonces vigente la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública lo correcto era realizar una consulta al abogado del Estado”, sentenció la congresista.
Desde el 21 de abril pasado existe una acción de inconstitucionalidad que presentaron los jueces Silvia Elena Arce y Armando Elizondo, a la que se adicionó una coadyuvancia de los diputados Edgardo Araya y Patricia Mora del Frente Amplio (FA), junto a Ottón Solís del PAC.
Los legisladores piden a los magistrados que revoquen el acuerdo de “buena fe”, tomando en consideración la crisis fiscal del país y del propio régimen de jubilaciones del Poder Judicial.
ES UN ABUSO
Edgardo Araya
FA
“Esto refleja desproporcionalidad, trato desigual y uso abusivo de fondos públicos. Benefician a un pequeño grupo del Poder Judicial, perjudican a la hacienda pública y afectan a todas las personas que debemos financiar estos privilegios con impuestos directos e indirectos”.
Ottón Solís
PAC
“Hay un sector de miembros de la Corte Plena que están más para servirse a sí mismos que para atender las necesidades de la administración de la justicia penal, civil, laboral, agraria y constitucional de este país”.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Miércoles 28 Junio, 2017
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