Cinco de los siete votos de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) en la comisión con potestad plena, que habilitaron dar primer debate al Proyecto 17.561, que permite a un grupo de educadores el retorno al régimen de Pensiones del Magisterio Nacional, podrían revertirse tras la intervención del candidato Antonio Álvarez Desanti.
Será el próximo lunes cuando el aspirante liberacionista se reúna con la fracción, aunque ya su “advertencia” tuvo peso y revirtió el voto de la jefa Karla Prendas.
“Estoy en contra de la aprobación del proyecto en segundo debate, dado el impacto en las finanzas públicas. Estoy solicitando a la fracción cambiar el acuerdo de votar la iniciativa a la libre y retrotraerlo a primer debate. Me reuniré con la fracción y diputados de la comisión para abordar este tema, así como con el Directorio Político, porque en esto debe haber una sola línea de partido”, señaló Álvarez a través de su oficina de prensa.
Los diputados liberacionistas que la semana anterior votaron a favor fueron: Michael Jake Arce, Silvia Sánchez, Juan Marín, Ronny Monge y Karla Prendas; mientras que los que están en contra son Maureen Fallas y Julio Rojas.
Tanto Monge, como Marín, quien preside la comisión, señalaron que no han conocido aún la solicitud de Álvarez y que “escucharán qué tiene que decir”.
Sin los votos de los 7 diputados del PLN, el proyecto perdería el apoyo que le permitió pasar en primer debate, ya que sólo quedarían los dos votos positivos del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), los tres del Frente Amplio (FA) y dos del Partido Acción Ciudadana (PAC). La comisión la integran 19 diputados.
El Ministerio de Hacienda insiste que, de aprobarse el proyecto, este tendría un impacto de ¢52 mil millones en el Fondo de Pensiones de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) que administra la Caja y habría también repercusiones en las finanzas públicas.
Mientras que la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) argumenta que las cifras son “infladas” y que el traslado no superaría los 1.173 educadores.
INTERVENCIÓN A SUPEN
Las diferencias de criterio llevaron al PUSC a pedir al superintendente de pensiones, Álvaro Ramos, elaborar una estimación del escenario “real” que tendría el proyecto
El jefe de fracción rojiazul, William Alvarado, explicó que le están solicitando cuantificar el costo fiscal del traslado de las respectivas cotizaciones del IVM a Jupema, así como de cualquier otro impacto sobre el erario público de la eventual jubilación de estos educadores bajo el régimen del Magisterio Nacional.
“Se solicitó el costo alternativo para el IVM si esos educadores se pensionan bajo ese régimen, considerando la expectativa de vida y posibles herederos de la pensión que se deberían cubrir”, indicó.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Jueves 15 Junio, 2017
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