Doce empresas, entre bananeras y piñeras, denunció el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ante los juzgados de Trabajo porque se comprobó que incumplieron con deberes contemplados en la legislación laboral.
El traslado a sede judicial llega después de una serie de inspecciones de la Dirección Nacional de Inspección entre enero de 2016 y mayo de 2017, periodo en que se efectuaron 173 visitas a las compañías ubicadas en la provincia de Limón y el cantón de San Carlos, Alajuela.
No aseguramiento de sus trabajadores ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Instituto Nacional de Seguros (INS); no pago de horas extra, salario mínimo, feriados o aguinaldos; atraso en pago de los salarios; despidos periódicos; faltas en materia de salud ocupacional y despido de trabajadoras en periodo de embarazo son algunas de las faltas por las cuales las demandan.
En su edición del 2 de mayo DIARIO EXTRA denunció una serie de irregularidades laborales narradas por trabajadoras de las bananeras que dijeron ser víctimas de acoso sexual, acoso laboral y agresiones físicas. Una de las denunciantes relató que sufrió un aborto en su lugar de trabajo, producto del exceso de trabajo al que la someten.
Los trabajadores de las piñeras informaron en su oportunidad que ante los problemas laborales se han sindicalizado, pero cuando se crea el gremio sufren una fuerte persecución.
Nancy Marín, viceministra del Área Laboral del Ministerio de Trabajo, comentó que entrevistaron empleados de 103 empresas, de las cuales 79 salieron con infracciones laborales y 24 no incurrieron en violaciones a la ley.
Después de esta primera visita, en que se emitieron prevenciones a las que incumplieron, se las reinspeccionó para verificar si se pusieron a derecho y se determinó que 51 cumplieron, 7 no violentaron la ley y 12 incumplieron lo prevenido, por eso se las trasladó a trámite judicial.
Las 12 compañías suman entre todas 1.292 trabajadores afectados, pues se les lesionan sus derechos laborales.
SANCIÓN = MULTAS
Marín manifestó que tras la reincidencia en los incumplimientos, el Juzgado de Trabajo es quien determinará el monto de multa que se aplicará en cada uno de los casos, que va de 1 a 23 salarios base de un oficinista del Poder Judicial.
En la actualidad el salario de un funcionario de estos es de ¢426.200, por lo que el monto de la multa va desde ese monto hasta poco más de ¢9,8 millones.
“Gracias a este trabajo inspectivo se han tutelado los derechos laborales de más de 10.197 personas trabajadoras en las diferentes fincas dedicadas a la agricultura de piña y banano principalmente”, expresó.
El 5 de mayo Marín visitó una de las piñeras del Grupo Acón en Guápiles y después contactó a los personeros del Consejo de Salud Ocupacional para que inicien coordinaciones con la comisión de salud ocupacional de la empresa, a fin de mejorar las condiciones de salud y seguridad.
“Gracias al trabajo de las personas inspectoras de trabajo hemos cubierto a una gran parte de las personas trabajadoras de la zona y se han visto resultados positivos en los casos de las prevenciones que hemos hecho.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social reafirma su compromiso de velar por el respeto de los derechos laborales y atenderemos las denuncias que nos sean presentadas en el menor tiempo posible para solventar cualquier problema que se presente”, finalizó.
PERIODISTA: Krissia Morris Gray
CRÉDITOS: Fotos: Herbert Arley
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Viernes 02 Junio, 2017
HORA: 12:00 AM
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