Es urgente salvaguardar la legalidad costarricense
Mauricio Álvarez Mora / Bernardo Aguilar González*
Desafortunadamente el acto administrativo tomado en días pasados, ordenando la suspensión del proyecto piñero que amenaza al Humedal Nacional Térraba Sierpe (HNTS) y la riqueza cultural del país, es insuficiente para salvaguardar la legalidad ambiental de nuestro país. Consideramos que, de acuerdo con criterios técnicos calificados, hay evidencias que permitirían al MINAE anular la viabilidad ambiental del proyecto. Asimismo, ese criterio considera justificable abrir el órgano director correspondiente para sancionar a los responsables de la aprobación irregular de este proyecto que podría inclusive acarrear responsabilidades de índole penal.
A solicitud de FECON el especialista en gestión ambiental Dr. Allan Astorga Gättgens realizó una sistemática y detallada revisión del expediente técnico y administrativo (18758 – 2016 SETENA). El análisis técnico de los 534 folios fue parte del sustento de varios recursos interpuestos ante SETENA y MINAE, señalando que hubo irregularidades a la hora de fijar el tipo de evaluación ambiental que se utilizó.
Se desprende de la misma información aportada por los consultores que era necesario un estudio de impacto ambiental, en tanto el área del proyecto incluye bosques y humedales que son áreas protegidas por ley (art. 32, Ley Orgánica del Ambiente). Está dentro de la categoría de “muy alta vulnerabilidad y fragilidad ambiental” prescrita en la normativa.
Dada la escala, componentes y ubicación, el proyecto debió ser clasificado como un megaproyecto, incluyendo un paquete de agroquímicos tóxicos (Paraquat, Bromacil, Glifosato, etc.), algunos de los cuales están prohibidos en muchos países. Esta omisión es de suma gravedad, pues bajo la finca existe un acuífero. El mismo estudio hidrogeológico presentado señala que si se contaminara el acuífero se produciría una extensa pluma de contaminación que se movilizaría en dirección al HNTS. Dicho estudio no fue revisado por el SENARA, entidad que debería ser consultada para verificar la veracidad y alcances del informe.
La Finca de Palmar se encuentra a menos de 5 kilómetros del núcleo del HNTS. La preocupación de que la contaminación lo alcance se fundamenta asimismo en un estudio de la UCR (2013-2016) que demostró la presencia de residuos de bromacil y ametrina que se usan en la producción de piña y caña de azúcar. Lo que debe llamar la atención es que en los alrededores del Humedal no se siembra ninguno de estos cultivos. Los investigadores concluyeron que las trazas de ambos herbicidas son transportadas muchos kilómetros por los sedimentos y el agua del Río Térraba desde Buenos Aires y Pérez Zeledón.
A pesar de todo lo anterior, la SETENA no hizo inspección de campo para este caso con lo cual incumple con la Ley Orgánica del Ambiente (art. 84 inciso c). De tal manera, la viabilidad se tramitó en menos de un mes, mientras proyectos de mucho menos impacto tardan meses, incluso años, para su debido análisis.
El reglamento vigente exige que, en caso de encontrarse sitios arqueológicos, se requiere una evaluación del Museo Nacional y de la Comisión Arqueológica Nacional, de previo a que se otorgue la viabilidad ambiental. Sin embargo, el reporte arqueológico ignora la existencia del sitio arqueológico UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Pese a la riqueza arqueológica existente en el área del proyecto, la SETENA aprueba el permiso ambiental sin que se ejecute una evaluación arqueológica de los nueve sitios presentes dentro del área de la finca a sembrar donde, al menos uno es considerado de importancia patrimonial.
Asimismo, el estudio social está incompleto y no cumplió con la normativa al no realizar su componente más importante: el estudio de consulta a actores sociales e institucionales claves de la zona. El estudio socioeconómico se realizó en una muestra de tan solo 18 personas. En Palmar, justo donde se ubica el proyecto, hay una población de 9.815 personas, por lo que la muestra constituye apenas un 0,18 % de la población. Este simple cálculo refleja que no hay una verdadera representatividad de la percepción que pudiera tener la comunidad.
Además, esta área no puede ser evaluada independientemente de todo el conjunto del patrimonio del Delta del Diquís. El Estado costarricense desde 1995 sometió toda la zona del HNTS como Sitio Ramsar, con protección especial y responsabilidades como humedal de importancia internacional. En junio del 2014 esta área es declarada, también por voluntad del país, Sitio Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ello significa que cualquier actividad que se desarrolle cerca del sitio debe considerar el amortiguamiento de actividades productivas que se lleven a cabo en las zonas aledañas al humedal, los sitios arqueológicos y al paisaje como legado para las futuras generaciones de costarricenses y la Humanidad.
Moratoria y nulidad. El proceder de la institucionalidad ambiental justifica el por qué desde distintos sectores y regiones hemos solicitado una moratoria nacional a la expansión del cultivo de la piña. Además este fue un compromiso plasmado en el Pacto Ambiental firmado durante la campaña electoral por el Presidente Solís y el movimiento ambientalista.
Se pone en tela de juicio la legalidad en la aprobación que se dio a 29 Estudios de Impacto Ambiental referentes a nuevos proyectos piñeros durante 2015, 2016 y lo que va del 2017. Ello implica incerteza sobre las 6.258 hectáreas convertidas en nuevos monocultivos de la fruta, una expansión agresiva motivada por los mercados internacionales. Esta incerteza aumenta si se toma en cuenta que muchas fincas piñeras operan sin siquiera tramitar el permiso ambiental.
El PNUD, en colaboración con diversas entidades gubernamentales y agencias de la ONU, ha documentado que entre el año 2000 y el 2015 se perdieron 5.568,98 hectáreas de bosque por la expansión piñera. Según el estudio, el área cultivada de piña alcanza 58.000 ha., cifra que quintuplica las 11.000 ha. que habían sido registradas en el 2000 y que se aleja bastante de las 37.000 ha. que indicó el VI Censo Nacional Agropecuario en el 2014.
El subregistro de más de 21.000 hectáreas muestra falta de control y planificación. Si a ello se une el proceder de SETENA, podría alegarse una complicidad del Estado en generar las consecuencias negativas de los conflictos socio-ambientales causados por la expansión piñera.
Llamamos al país a unirse en esta causa por salvaguardar la legalidad en beneficio de nuestras comunidades, ambiente y bienestar. La nulidad de este permiso y la moratoria a la expansión de este cultivo son pasos en esa dirección.
*Mauricio Álvarez, presidente Federación Ecologista (FECON); Bernardo Aguilar, director ejecutivo Fundación Neotrópica.
