Patronos morosos, empleados indefensos
Editorial
Cerca de 1 millón de personas son parte de la población laboral del país que actualmente no está afiliada a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); es decir, que no cotiza mensualmente.
Existe un gran sector de trabajadores que no aporta al Estado por varias razones, una es que sus patronos no los aseguran y los mantienen al margen de la ley, mientras que otros son independientes y no se ponen al día.
De acuerdo con la Dirección de Cobros de la CCSS, hay unos 10.106 patronos en deuda y eso alcanza la suma de ¢26.319 millones, equivalente a un 47% de la morosidad.
Para febrero de 2017 se les facturó a esos patronos un total de ¢12.473 millones, es decir un 5% del total que realiza la CCSS a ese sector.
Según la entidad, los cuatro sectores con mayor deuda son comercio con un 22%, inmobiliaria y empresarial un 20%, industria manufacturera un 10%, hoteles y restaurantes un 9%. Representan el 62% de la morosidad.
Para nadie es un secreto que en Costa Rica existe un alto porcentaje de empleadores que irrespeta dicha garantía social y en su afán de ahorrarse algunos colones prefiere exponer a la fuerza laboral, situación a todas luces ilegítima pero también desventajosa.
Los casi 1 millón de hombres y mujeres que no aportan al sistema pertenecen a 232 mil hogares, según el Informe Estado de la Nación de 2014, lo que indica que además de resultar afectados en lo personal, sus familias también se ven privadas de los derechos que se derivan del aseguramiento.
En palabras sencillas, un trabajador que no esté afiliado a la CCSS tendrá serias repercusiones conforme avanza el tiempo, no podrá recibir una pensión cuando llegue a la vejez y en caso de enfermedad la atención médica será limitada, no nula para aclarar, pues en casos de emergencia la salud es solidaria.
Quienes están inmersos en los sectores construcción, comercio, servicio doméstico y agricultura son los más perjudicados; de hecho, son denominados “grupo duro de la inseguridad social”, y según los números van en aumento.
Pero hay un dato mucho más alarmante, cerca de 285 mil del total de personas ocupadas, equivalentes a un 15%, tampoco están cubiertas por el seguro de salud. Aquí el patrono o empleador recurre a un mecanismo delictivo que es la retención de cuotas.
No existe justificación alguna para que los empresarios retengan lo que se deduce de cada remuneración quincenal o mensual, que en teoría es de la Caja. Entonces cuando un trabajador llega a requerir servicios médicos en clínicas, hospitales o Ebais se lleva la desagradable sorpresa de que su jefe no está al día con esas obligaciones.
¿Qué sucede? Pues bien, aunque la ley es clara al establecer que la salud es un sistema compensado por todos, lo cierto es que si no hay colilla de la Caja, tampoco habrá servicio, o bien este le será facturado. Esto a menos que -como lo dijimos anteriormente- sea una real emergencia.
Cómo es posible que haya patronos tan irresponsables que se dejen el dinero de sus colaboradores y además que estén estafando de manera reiterada y descarada al sistema.
Es aquí donde la entidad aseguradora con todo el peso de la ley debería sancionar a los incumplidos. No es justo que esta situación pase apenas por un regaño o advertencia, pues igual que en materia fiscal, el perro que come huevos ni quemándole el hocico deja la maña.
Hay una gran evasión de responsabilidades, y no es algo nuevo, llevamos años viendo estas cifras, pero poco se hace por paliar la situación.
Lo que nadie se imagina es que esa condición influye de forma directa en el nivel socioeconómico, la incidencia de la pobreza de los trabajadores sin seguridad social está por encima del promedio nacional y afecta mayormente a jóvenes menores de 25 años.
Un ejemplo, mientras casi 13 de cada 100 personas ocupadas son pobres, esa cifra es tres veces mayor en el sector agrícola y el doble en el doméstico; es decir, 26 de cada 100 servidoras se encuentran en estado de pobreza, la mayoría jefas de hogar y extranjeras.
Pero el absurdo más grande radica en las deudas extremas que el propio Estado tiene con instituciones como la CCSS.
Parece ridículo exigir a un empleador privado que cumpla con lo que ni el propio gobierno es capaz de subsanar. Ante esta falta de pago quienes más sufrirán son aquellos que apenas empiezan a cotizar y esperan ser sostenidos por el sistema.
Si no que lo digan los educadores que hace un par de semanas estaban en líos, pues el MEP adeudaba cerca de ¢24 mil millones por cuotas a la Caja. Pero ya se comprometió a pagarlas para que reciban servicios de salud.
El seguro social es solidario, pero debemos ponernos a pensar hasta cuándo aguantará tanto abuso.
La gente cree que la Caja se mantiene por arte de magia y asegura que no hace el pago de cuotas por mil razones sin fundamentos, lo que no comprende es que de una situación tan básica y sencilla, que además es un derecho, derivamos en un retroceso nacional con el cual todos nos perjudicamos.
La ley nos dota de herramientas para exigir cambios sustanciales y profundos, no solo a los patronos, a quienes debemos denunciar si sabemos de alguna anomalía, sino también al gobierno y al Ministerio de Trabajo, quienes deberían velar por que el proceso sea ágil, los dictámenes justos y las sanciones se cumplan a cabalidad.
