Lograr que la ruta Nacional 257, que comunicará la Ruta 32 con APM Terminals, llegue al punto correcto le costará al país $5 millones, es decir aproximadamente ¢3.000 millones.
Durante los últimos días esta ruta se ha visto envuelta en la polémica ya que el contrato que se ejecuta en estos momentos por la empresa “Consorcio del Atlántico” constituido por la empresa tica Meco S.A. y la española Puentes y Calzadas S.A. llega a 80 metros del lugar donde debería.
El alto costo de esta obra fue justificado por el ministro Carlos Villalta por las características estructurales de los suelos presentes, el área ambiental igualmente compleja en que se ubica y por tratarse del primer tramo de vía construida en condiciones de costa, lo que ha demandado exhaustivos estudios geológicos y cimentaciones especiales.
“La obras de interconexión no sólo optimizan el diseño final existente sino que garantizan la efectiva interconexión entre el componente vial y la obra portuaria necesarios para su operación funcional y segura” explicó Carlos Villalta, Ministro de Obras Públicas y Transportes.
Pero además,w Villalta junto a como German Valverde, director del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y Sergio Alfaro, ministro de la presidencia reconocieron que sabían del problema que llevaba la carretera, esto durante una comparecencia ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios.
“Se le dio una orden a la unidad ejecutora para que sacara el proceso a concurso, sabiendo que el final del proyecto no coincidía con la terminal, pero era la única forma de poder avanzar en el proceso constructivo, igualmente sabiendo que nos iba a quedar un gran reto de cómo resolver el tema de la conexión”, dijo Villalta.
Es decir, la distancia de 80 metros entre el punto donde iba a llegar y al que realmente debería llegar era conocida por el gobierno, pero se hizo así porque era la única manera de cumplir con los plazos establecidos, es decir que esté lista en 2018.
Por eso aseguró que “no hay pifia, no hay un sobrecosto de $14 millones”, y defiende el actuar para garantizar tener a tiempo la carretera.
Marta Acosta, contralora general de la República, también dijo que desde el inicio hicieron la advertencia de lo que para ella sí es un error, pero pese a esto se siguió adelante.
Una vez que se adjudican los trabajos, entonces se busca la solución que permita llevar la carretera hasta el punto donde debe ser.
“Se nos presentan dos opciones, la primera que fue presentada por APM Terminals, es que ellos se encargaban de hacer la interconexión a partir del punto donde iba a llegar la carretera”, declaró Villalta.
Agregó que “la opción dos era hacer un convenio de cooperación donde APM cedía parte del área concesionada y el Conavi se encargaba de hacer la carretera, y esa fue la opción que implementamos”.
Respecto al costo de estos nuevos trabajos aseguró que no significan un sobrecosto, ya que adiciona $5,3 millones a los por $71,85 millones iniciales, lo que significa $77,15 millones y el monto aprobado por la Contraloría es de $78 millones, por lo que no se pasa.
Pero los diputados Gerardo Vargas y Ottón Solís son los que más insistieron en el hecho de que en esto hay un error claro y es necesario buscar un responsable.
El Ministro indicó que efectivamente se compromete a dar los nombres de los responsables, para lo que hará la respectiva investigación.
“Se está acercando el momento de la investigación, no voy a decir que sea ya, hay algunas cosas claves que tienen que pasar en estos días y por las cuales he dicho que la investigación será de una manera posterior, pero lo importante es que se va a dar”, concluyó Villalta.
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CRÉDITOS: Foto: Herbert Arley
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Viernes 24 Marzo, 2017
HORA: 12:00 AM
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