La sentencia de 42 años de prisión contra un oficial de la Fuerza Pública de apellidos Castrillo Quesada por el delito de violación agravada y hurto en contra de una mujer de 26 años en La Sabana, ya trajo consecuencias para el Estado.
Después de la sentencia el proceso continuó en diferentes instancias, ya que la Procuraduría de la República apeló, pero este fue resuelto por los tribunales de casación y tras confirmarse la sentencia, la Sala Tercera resolvió las responsabilidades de las partes y obliga al Estado al pago del daño moral y las costas procesales.
“Siendo que la sentencia se encuentra en firme, que los extremos son concretos, además siendo líquida y exigible la obligación, solicito que por la suma de 30 millones de colones correspondiente al capital fijado como daño moral, más los intereses legales en la suma de 7,8 millones de colones, solicito que se le haga la prevención de pago a las partes demandadas, bajo apercibimiento de ley, en caso de omisión y por las expresadas sumas, se le imponga la suma de 18 millones de colones a favor de la actora”, indica el oficio presentado por el bufete Vargas y Asociados.
Los abogados de la víctima presentaron ante los tribunales respectivos la intención de que el Estado asuma la corresponsabilidad civil, ya que el oficial de la Fuerza Pública cometió el delito estando en función policial y con el uniforme de la Fuerza Pública.
“Solicito que se declare embargo sobre los bienes de la parte codemandada civil, sea el Estado, ya que el imputado Castrillo Quesada no registra bienes muebles, inmuebles o salario a su haber”, recalca la petitoria de los abogados representantes de la víctima.
Será el tribunal respectivo quien determine si dicha responsabilidad se ejecuta y el Estado deba pagar por los daños que ocasionó el oficial de la Fuerza Pública.
PERIODISTA: Gustavo Retana
EMAIL: [email protected]
Jueves 09 Marzo, 2017
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA