Un aplauso al Ministerio de Seguridad
Editorial
Justamente este 9 de diciembre se conmemoró el Día Internacional Contra la Corrupción y en este mismo día el ministro de Seguridad, Gustavo Mata, informó a la opinión pública sobre el despido de 115 oficiales de policía vinculados a delitos graves.
Más de un centenar de agentes de la Fuerza Pública y otros puestos de rango policial que están fuera de servicio, fueron dados de baja con toda la razón del mundo. Según el jerarca, están vinculados a organizaciones del narcotráfico, violaciones y abusos sexuales contra personas menores de edad, secuestros, extorsiones y hasta homicidios.
El despido masivo es histórico y, a decir verdad, necesario, pues para nadie es un secreto que en los últimos tiempos algunos de los uniformados han cruzado la línea entre el bien y el mal, disponiendo su talento y entrenamiento para la comisión de delitos.
No hay justificación para tales conductas y no solo por el hecho de tratarse de policías, representantes de la seguridad del Estado, generadores de confianza de la población, sino por conocer la norma jurídica y usar su poder y autoridad para rebasar los límites, eso es reprochable. Hay quienes intentan justificar esos comportamientos, aduciendo que la mala paga y las condiciones laborales no solo estructurales, sino salubres, de alimentación y equipo, los lleva a caer en manos de redes delictivas que sí les dan más recursos.
Pero lo anterior es una falacia, los valores morales y éticos no se negocian y menos cuando se tiene una responsabilidad tan importante como es la seguridad ciudadana de un país, entonces es descabellado pensar que nuestros oficiales ven en las organizaciones del crimen una opción.
Cierto, hay condiciones que mejorar, Costa Rica debe atender muchas deficiencias que arriesgan la labor policial y eso es urgente, no puede ser que haya personal con un par de uniformes, quita y lave, o solo un par de botas, con armas viejas y pasando sus días en casetillas que se caen por la pésima condición en que se encuentran. Eso desmotiva a cualquiera, y sabemos que el actual ministro hace lo posible, como buen policía de carrera que es, para revertir todos esos inconvenientes.
La policía tiene que brillar, es un ejemplo en el país, en Tiquicia que decidió dejar hace más de seis décadas las armas de un pequeño ejército para conformar una policía civil, dedicada al resguardo de los ciudadanos y la prevención del delito. De hecho, el mundo entero nos mira con asombro pues no hemos ocupado de las armas, ni de soldados para defender nuestra paz.
Pero también es cierto que somos presas del crimen organizado y que inevitablemente, pues ningún sistema es infalible, hay policías que se pasan de bando o quienes se infiltran en los cuerpos oficiales para hacer sus fechorías.
Eso no dejará de ocurrir, y la acción correcta es sacarlos de sus funciones, no permitirles usar tan distinguido uniforme ni encomendarles tan sagrada función de seguridad.
Este es un aplauso de pie, desde hace tiempo el Ministerio con la autoridad que le confiere la ley debió haber sacado a personas tan nocivas y no lo decimos para que se violenten los derechos de nadie, sino para que se respeten los derechos de los ciudadanos honestos que transitamos por todo el país.
Sentencias de tribunales de la República que inculpan a policías con violaciones de menores de edad, narcotráfico, homicidios y secuestros no son para enorgullecerse y jamás pueden estos oficiales pensar que son dignos de representarnos.
Sí, fueron a la Sala IV para impugnar tales despidos y ahora los magistrados tienen la última palabra en el proceso. Pero, para ser sinceros, el Estado no debería estar solapando ni manteniendo funcionarios en los que ha perdido la confianza y menos cuando se trata de la seguridad.
