En 2007, el motociclista Diego Chavarría Vargas, fue víctima de un atropello por un conductor de apellidos Rodríguez Burgos de quien se comprobó mediante la alcoholemia, que manejaba en estado de ebriedad. Por ese motivo fue sentenciado a dos años de prisión y debían entregarle ¢100 millones de la póliza del seguro del vehículo.
En 2014, tras quedar tetraplégico, Chavarría asistió al Instituto Nacional de Seguros (INS) junto con sus abogados para reclamar el dinero que le correspondía y así cubrir sus necesidades.
Sin embargo, en esa fecha en una carta firmada por Julio Calderón Portilla y Yadira Araya Castillo le indicaron que “el contrato de seguros es de carácter privado entre el cliente y el INS, por lo que únicamente los asegurados se encuentran legitimados para realizar solicitudes con la representada”.
A partir de ese momento, empezó un calvario legal, debido a que el dueño de la sociedad propietaria del vehículo la vendió a un estadounidense, el cual en apariencia desconocía que dentro de ella estaba el carro.
Los abogados del bufete Jurisis, lograron dar con el norteamericano de apellido Dale, hasta hace dos meses, logrando que el 11 de agosto tras un proceso judicial, firmara en el departamento de indemnizaciones del INS que la póliza voluntaria se utilice para que cubriera parte del monto de ¢100 millones fijado en la sentencia 683-2011.
Sin embargo, lo que parecía ser una buena noticia para Diego Chavarría, que actualmente depende de sus padres, le indicaron el 23 de agosto de 2016, que el cheque con el que el anterior dueño de la póliza pagó, era inválido, el cual fue cancelado el 7 de diciembre de 2006, y el accidente fue en enero de 2007.
“El motivo de la cancelación de la póliza desde su emisión, se debió a que el pago fue realizado a través de un cheque sin fondos, por lo que se le notificó para que hiciera la correspondiente cancelación”, apunta un documento con el código CGRA-19046-2016 del INS.
Por esa razón y tras todos los trámites legales, ya no queda nada que Chavarría pueda hacer, más que seguir adelante, como lo ha hecho los últimos 9 años.
INJUSTO
Jorge Rodríguez, abogado de Chavarría, calificó la situación de injusta, y señaló que ya no queda nada qué hacer, pero reclama el hecho de que en 2014 el INS no les indicara que la póliza que pretendían cobrar estaba invalidada.
“En ese momento el INS no nos advirtió que para la fecha del accidente la póliza no estaba vigente, porque se había cancelado con un cheque sin fondos, de lo contrario no hubiéramos perdido el tiempo, cerramos el caso y no le hubiéramos dado expectativas a nuestro cliente, después de perseguir durante dos años al actual representante de la sociedad y tener la autorización”, señaló Rodríguez.
Según el litigante, la sociedad Hedresen Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, nunca ha tenido bienes, y que el conductor del vehículo (ajeno a la sociedad) ya cumplió su pena, pero que no hay forma de exigir ese dinero
“Es una suma líquida que va a quedar ahí, eternamente hasta que prescriba porque no hay forma como cobrarle a la sociedad o al conductor. Nuestro sistema necesita una reforma, en Europa de los derechos de circulación se reserva un fondo, para cubrir víctimas de accidentes como el de Diego”, agregó el abogado.
Se consultó en el INS, sobre el porqué en 2014, no les informaron sobre la situación de la póliza, a lo que se limitaron a responder mediante un correo electrónico.
“De acuerdo al artículo 12 de la Ley del Instituto Nacional de Seguros la información es confidencial pues se trata de un contrato privado entre el cliente y el Instituto Nacional de Seguros”.
Al final Diego Chavarría, perdió nueve años de su vida en un proceso que solo le dejó dos años de cárcel al conductor del vehículo, pena que no cumplió, por ser delito menor, mientras él intenta continuar adelante con el apoyo de sus padres.
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CRÉDITOS: Fotos: Carlos Barquero
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Martes 30 Agosto, 2016
HORA: 12:00 AM
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