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Nacionales

Gobierno omitió trata y las ONG le hicieron trabajo

Pese a existir 32 investigaciones contra el flagelo, no actuó

  • El informe desnudó el país y nos pone como incapaces de manejar las crisis migratorias y flagelos de trata y tráfico

  • El Ministerio Público lleva a cabo 32 investigaciones sobre trata y tráfico y ninguna se ha movido

  • La viceministra de Gobernación, Carmen Muñoz, que rendiría cuentas a los diputados esta semana, lo hará la próxima

La  Ley  de  Protección  de  las  Víctimas  de  Trata  del  año  2000  (Ley  pública 106-386),  y  sus  enmiendas  (TVPA,  por  sus  siglas  en  inglés),  y  el  Protocolo  para  Prevenir,  Reprimir  y  Sancionar  la  Trata  de  Personas,  especialmente  Mujeres  y  Niños,  que  complementa  la Convención  de  las  Naciones  Unidas  contra  la  Delincuencia  Organizada  Transnacional  (el  Protocolo  de  Palermo)  describen  este  servicio  obligatorio  con  diversos  términos, incluidos servidumbre involuntaria, esclavitud o prácticas similares,  servidumbre por deudas y trabajo forzoso.

El último informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, publicado el reciente miércoles por El Diario de Más Venta en Costa Rica, habla sobre Trata y Tráfico de Personas. El documento dejó al desnudo al país en cuanto a estos flagelos, pero no solo al Estado costarricense, sino que también puso entredicho la gran cantidad de dólares que ingresan por medio de las ONG, los cuales no se utilizan para combatir las bandas de crimen organizado y menos en la atención de estas víctimas.

Dicho informe denunciaba cómo el Gobierno dejó de utilizar $3,6 millones, es decir, cerca de ₵2 mil millones; además, de cómo se identificaron a tres víctimas de tráfico sexual, aunque algunas ONG indican que el número es mayor. 

Es más, en el texto se señala que el Gobierno costarricense “no recoge estadísticas completas sobre las víctimas identificadas y asistidas, y los datos proporcionados por los diferentes organismos no se pueden conciliar plenamente”.

Pese a que nuestras autoridades describen en procedimientos la identificación de víctimas entre los grupos vulnerables, como migrantes y las personas que ejercen la prostitución, no fueron efectivos en dicha labor de reconocimiento.

Órganos de lucha contra el tráfico, entre ellas agencias del gobierno, como la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito y la Trata de Personas (Conatt), informaron de la identificación de un costarricense y dos nicaragüenses víctimas de tráfico sexual, en contraposición, el gobierno central identificó 23 víctimas, 13 de tráfico sexual y diez de trata en 2014. 

Las autoridades llevaron a cabo 25 allanamientos en sitios donde se sospechaba de tráfico sexual y entrevistaron a 934 víctimas potenciales (931 mujeres y 3 hombres), a pesar de ello no registraron ni identificaron a las víctimas. Lo anterior devela que hay serias deficiencias de metodología y en la aplicación de las entrevistas.

 

PROTOCOLO PARA FUNCIONARIOS 

 

Aunque el Gobierno actualizó el protocolo para los funcionarios que componen el equipo de respuesta inmediata, quienes son los responsables de certificar las víctimas y hacer la coordinación entre los diversos organismos y organizaciones no gubernamentales para asistirles en aspectos como comida, alojamiento, salud, financiamiento, y apoyo psicológico. Aun así, no reportaron el número de afectados por tráfico durante el 2015. 

 

VÍCTIMAS RECIBEN TRATO DIFERENCIADO

 

A pesar de que las autoridades remitían a las víctimas hacia los servicios caso por caso, no todas recibieron el mismo nivel de protección. 

Como bien se indicó el Estado no puso los $ 3,6 millones del Conatt al servicio de las víctimas; por el contrario, varias agencias hicieron el trabajo que el Gobierno no ejecutó, tales entes asignaron aproximadamente ₵4.4 millones ($ 8,300), para protección de los afectados en el año 2015, incluyendo aproximadamente ₵2,9 millones ($ 5.500), en apoyo financiero a siete de ellos, de los cuales dos fueron identificados en años anteriores.

En lo que fue el 2015, el Gobierno aprobó las directrices para el tratamiento médico de las víctimas de trata. La Oficina de atención y protección a las víctimas informó de la asistencia a seis víctimas de tráfico sexual y a cuatro de tráfico laboral de Nicaragua, Costa Rica, Venezuela, Panamá, la República Dominicana, y Nepal.

El Instituto Nacional de la Mujer acusó la prestación de asistencia, pero no especificó en qué. Mencionó a dos personas, explotadas por tráfico sexual y otra por trabajo forzado. 

Las autoridades de Gobierno repatriaron una víctima objeto de tráfico sexual desde las Bahamas, pero no especificaron si se proporcionaron ayudas adicionales; es más, funcionarios consulares costarricenses en Guatemala asistieron a otra persona objeto de trata laboral, pero no regresó a Costa Rica, mientras que el Gobierno no informó de la prestación de servicio alguno. 

Tampoco señalaron si han asistido o las ONG referencian víctimas infantiles; mucho menos proporcionaron información sobre financiamiento alguno de refugios para víctimas de la trata. En este sentido no había refugios disponibles para aquellos hombres víctimas de trata.

Pese a lo anterior, la agencia de Asistencia a las víctimas tenía recursos para pagar por casas de seguridad y no se hizo. La policía y los servicios a las víctimas señaladas por las ONG eran prácticamente inexistentes fuera de la capital.

El Gobierno informó de la obtención de residencia temporal, con permiso para que las víctimas extranjeras trabajen o estudien, pero no señaló cuántos recibieron este beneficio en el año 2015. Igualmente, no enfatizó en aquellas personas identificadas por actos ilegales cometidos como resultado directo de ser sometidas a la trata de personas.

 

PREVENCIÓN

 

Con todo lo anterior, Conatt siguió reuniéndose trimestralmente para coordinar las actividades de lucha contra la trata. En el 2015, el gobierno asignó $1,7 millones de la Conatt a 10 proyectos destinados a actividades de concienciación pública, mediante la distribución de folletos y carteles, también llevaron a cabo eventos para advertir sobre los peligros del tráfico. 

Nuevamente el pecado del poder ejecutivo fue no reportar ningún castigo de los reclutadores de trata.

Si bien es cierto agencias gubernamentales continuaron la realización de cursos de formación sobre la lucha contra el turismo sexual infantil para los miembros de la industria del turismo; por otra parte, el Gobierno no extraditó, juzgó ni condenó turistas sexuales. 

Para cerrar lo más grave de todo esto es que indicaron que no hubo cambios en 32 de esas investigaciones el año anterior.

PERIODISTA: Alexander Méndez

EMAIL: [email protected]

Jueves 04 Agosto, 2016

HORA: 12:00 AM

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