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Nacionales

Exigen a Solís que mamá de asistente de Canciller no se suba pensión

Renuncia embajadora en República Dominicana tras denuncia de DIARIO EXTRA

El último registro de pensión de la embajadora Zaida Zúñiga es de ₡3.575.671,25

La solicitud de renuncia que ordenó el Gobierno a la abogada Zaida Zúñiga Valverde como embajadora de República Dominicana, es aún una decisión insuficiente para los diputados de oposición, quienes le exigen al presidente Luis Guillermo Solís, garantizar que como fruto del nombramiento de su administración la aún diplomática no se beneficiará con un nuevo aumento en su jubilación por invalidez. 

Su salida se desató después de que DIARIO EXTRA revelara primero que el canciller Manuel González la promovió para asumir el cargo, siendo la mamá de su jefa despacho, la señora Kathya Araya Zúñiga.

El jerarca aseguró que no conocía a la familiar de su asistente, y fue hasta que ya decidió nombrarla, que Araya le alertó del parentesco. 

Sin embargo, este medio también conoció que tanto el canciller como la embajadora, trabajaron para el mismo bufete de abogados Facio & Cañas. El primero se incorporó como socio, y se mantiene hasta el momento como una afiliación inactiva tras asumir el puesto público. Mientras la embajadora trabajó como secretaria. En consulta al bufete, indicaron no podrían precisar la diferencia entre la salida e ingreso de ambos, por no contar con el registro. 

El segundo cuestionamiento, se sumó al conocer que, por segunda vez, Zúñiga gestionó ante la Dirección Nacional de Pensiones una suspensión de su pensión por una condición de incapacidad para trabajar, -la cual le otorgaron desde hace 20 años-, para asumir un puesto diplomático. 

La primera vez lo hizo en el 2008, tras ser nombrada como ministra consejera ante la Organización de Estados Americanos (OEA).  La revalorización que logró tras dos años de trabajo fue de ₡772.377,71 a ₡3.104.371,00, sin que mediara una evaluación médica para reactivar su condición de incapacidad. 

En febrero del 2016 volvió a suspender el pago de la jubilación, para tomar el cargo como embajadora, con la posibilidad de solicitar un nuevo aumento. El último monto registrado es de ₡3.575.671,25.

En un pronunciamiento oficial, la Cancillería de la República resalta que, aunque la pensión de Zúñiga está en estado de legalidad, reconocen “la inconformidad” que ha generado, por lo que le solicitan la salida al cargo.

DIARIO EXTRA intentó desde la semana pasada conversar con el Canciller sobre el caso, y no ha obtenido respuesta. 

 

AUMENTAZO 

 

La embajadora solicitó mantenerse en su cargo hasta el 15 de agosto alegando requerir el tiempo para culminar proyectos, por lo que los diputados exigen garantizar no se beneficiará tras el tiempo laborado con un nuevo aumento. 

“Ya los costarricenses se preguntan si la señora embajadora hoy todavía va a recibir el aumento en su pensión. Porque legalmente el haber permanecido por unos días la hace percibir un salario, y aumentar en su pensión.  Me parece totalmente irregular, me parece que el Gobierno debió haber previsto eso. Estamos hablando de una cartera que es muy importante como es Cancillería, que tiene que estar valorando la decisión de los nombramientos.

Si no es por la voz de alerta de medios como La Extra, francamente quedamos detrás del palo, tendríamos a una persona con miras a pensionarse con una pensión sumamente alta”, enfatizó el diputado Luis Vásquez.   

Asimismo, lo solicitaron legisladores de diversas bancadas como:  Maureen Clarke del Partido Liberación Nacional (PLN), Rosibel Ramos (Unidad Social Cristiana (PUSC), Otto Guevara del Movimiento Libertario (ML), y Edgardo Araya del Frente Amplio (FA).  (VER RECUADRO)

“Las cosas no sólo tienen que hacer bien sino parecer, por lo tanto, me parece que no es una buena señal a la ciudadanía de la forma que se manejó esto. Estamos absolutamente de acuerdo con la salida porque no se cumple ese criterio de transparencia”, sentenció Araya.

Por este caso el fundador del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís envió una dura misiva al Presidente en la que le exigía indagar el caso, y señalaba abiertamente que la embajadora le estaría robando al país. 

La Defensoría de los Habitantes también pidió cuentas a la Gerencia de Pensiones, de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), y el presidente de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, Mario Redondo, externó su interés de llamar audiencia al Canciller.

DIARIO EXTRA también solicitó conocer la posición del Presidente de la República, quien semanas atrás no se quiso referir al caso. Su oficina de prensa indicó que hasta hoy atendería consultas.

Rosibel Ramos, PUSC

“El Presidente de la República tiene que obligar, darle la información correspondiente a los costarricenses y a los diputados aclarando transparencia, en la que ella no va a gestionar ese cambio en la remuneración. Es un deber del Presidente de la República, y del Ministro de Relaciones Exteriores como jerarca de informarle al pueblo y de asumir el compromiso de que esa funcionaria jamás va aceptar, ni hacer el trámite correspondiente para elevar la pensión. El Presidente tiene que exigirle a ella que renuncie a esa pensión, cómo es posible que por dos años de haber ejercido se les traslade una pensión de 700 mil colones a más de 3 millones. ¿Esa fue la transparencia, la ética, y la claridad que el Presidente de la República, le ofreció a los costarricenses cuando anduvo haciendo campaña? Es descarado que un Presidente de la República le permita a una funcionaria diplomática acceder a un a cargo de esto para aumentarse la pensión, ya se vivió, y ahora podría aumentarse más la pensión.  

Maureen Clarke, PLN 

“Este Gobierno insistió en que todo su actuar iba a hacer de forma transparente y apegado a su código de ética, yo no sé hasta qué punto se ha estado cumpliendo con este tipo de nombramientos porque una persona que está incapacitada ha sido por un dictamen médico, y por lo tanto las cosas se deshacen cómo se hacen. Para ir a ejercer una labor de tipo diplomática, o de cualquier tipo, requería de estar de alta. Es un punto más en contra de la política que este Gobierno siempre ha dicho que iba a ser su norte que es la trasparencia, la congruencia.

Lo mínimo que se pudo haber exigido fue un criterio médico, es lo mismo las cosas se deshacen como se hacen se requería una resolución para poderse pensionar cómo lo surgió tan fácilmente una segunda vez. ¿Cómo por segunda vez, ni si quiera la primera?”

Otto Guevara, ML 

“Esto no se hubiera dado en un país donde no existiera una prensa que, de forma independiente, libre de presiones, hace su trabajo. Si no existiera una prensa con un nivel de independencia, jamás se hubiera conocido. Gracias a ese trabajo eso hizo muchos actores políticos nos involucrarnos, y la Ciudadanía fuera informada, y eso que el Canciller entendiera que debía hacer lo correcto, lo debió haber hecho desde el principio. Queda por ver la pensión de ella, si ese nombramiento es transitorio, si va a afectar el monto de pensión que ella recibía, en cuyo caso, si eso fuera así me parece que la investigación en el Ministerio Público debe seguir adelante porque podríamos estar ante un delito, una simulación de un tipo de incapacidad, lograr luego un nombramiento para lograr incrementar su pensión. 

 

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Martes 05 Julio, 2016

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