Según Rosa Kornfeld, experta en derechos humanos, las diferentes necesidades de los adultos mayores son invisibles en los programas de envejecimiento en Costa Rica, a pesar de las buenas prácticas en el país a favor de este grupo etario.
Kornfeld es una gerontóloga independiente y ha estado a cargo de las políticas para personas ancianas en el gobierno de Chile durante más de 30 años, fue invitada por el Poder Ejecutivo costarricense para conocer sobre el disfrute de todos los derechos humanos de esta población.
La suramericana realizó visitas a diferentes partes del país del 9 al 18 de mayo con el fin de conocer la realidad que viven los ancianos ticos.
El informe global de lo que analizó la experta será remitido en un informe que se presentará en setiembre ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza.
PROGRAMAS ESPECÍFICOS
La especialista instó a las autoridades costarricenses a desarrollar e implementar políticas y programas específicos que tomen en cuenta las necesidades de esas personas pertenecientes a los pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes, indocumentadas, entre otros.
“Estos grupos siguen siendo invisibles en las políticas actuales relacionadas con el envejecimiento”, dijo Kornfeld-Matte al señalar que “se requieren medidas específicas para hacer frente a los retos lingüísticos, culturales y socioeconómicos que enfrentan estas poblaciones para acceder a los servicios sociales, de cuidado y de salud”.
Costa Rica tiene una población de aproximadamente 4,7 millones de personas, de las cuales cerca del 9,24% tiene 65 años o más. Se estima que esta cifra aumente al 11,5% en 2050.
Asimismo indicó que Costa Rica ha sido pionera en América Latina en la adopción de leyes, políticas y programas con un enfoque en derechos humanos.
Describió que la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, adoptada en 1999, como “un paso importante para abordar de manera integral la totalidad de los derechos de las personas mayores”, sin embargo, dijo que hay una urgente necesidad de mejorar la coordinación y articulación entre las diferentes entidades encargadas de la aplicación de esta ley a fin de que la protección de los derechos de todas las personas de edad adulta sea una realidad a nivel local”.
