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Opinión

Las raíces del contrato con Alcoa, siguen intactas

Opinión

 El 24 de abril de 1970 se produjo una violenta protesta por la aprobación del contrato-ley con la transnacional Alcoa. El contrato-ley era una expresión genuina de la asimetría que existe entre el norte y el sur, para decirlo de alguna manera. Se aprobaba una ley especial para establecer un régimen de privilegio entre la empresa y el Estado. Once diputados votaron en contra del contrato, los destaco porque no era fácil disentir en un negociado tan importante.

Los señores diputados que no aprobaron el contrato fueron: Rodrigo Carazo, Armando Arauz, Fernando Volio, Jorge Luis Villanueva, José Hine García, Cecilia González, Enrique Azofeifa, Fernando Guzmán, Uriel Arrieta, Antonio Bolaños, Fernando Gutiérrez y Arnulfo Carmona.

Los contratos-ley tuvieron vigencia en Costa Rica hasta mediados de la década del 70 del siglo pasado, en que se reformó la Constitución. Hay similitudes entre esos contratos y los tratados de libre comercio, contienen regímenes de privilegio, imponen restricciones al poder del Estado y le dan un trato privilegiado al inversionista.

En muchos casos el formato jurídico ignora la desigualdad entre las partes, algo que parece obvio pero que se invisibiliza. El telón de fondo de estos tratados y del contrato-ley es la necesidad de atraer inversión extranjera, tan necesaria para los países poco desarrollados. Sin embargo el problema es determinar el precio que se paga por el ingreso de tal inversión. 

Es un drama para los países con menos recursos porque se compite para ver cuál exige menos y concede más. En el caso del contrato de Alcoa, lo más importante no fue la protesta ciudadana, que tuvo excesos, lo que alcanzó especial relevancia fue la discusión previa, analizando las ventajas y amenazas de este contrato.

Hubo mucha discusión ciudadana, realmente la jornada cívica relevante fue la participación de todos los sectores de la población en la discusión. En el año 1967 la Federación de Estudiantes Universitarios organizó un seminario en el que se discutió el contenido y las consecuencias del contrato con Alcoa.

El presbítero Benjamín Núñez fue uno de los destacados voceros que se opusieron al contrato y me parece que durante el seminario mencionado nos hizo una exposición sobre los inconvenientes que presentaba el contrato-ley. Como dato curioso debo mencionar que don José Figueres Ferrer no se opuso a dicho negociado. 

Poco se analizó el tema del impacto al ambiente que provocaría esta actividad minera, aunque hubo intervenciones muy bien fundadas del ingeniero agrónomo Ricardo Orozco, quien señalaba los peligros y los costos medioambientales que provocaría la actividad minera en la Zona Sur. Esa discusión fue mucho más rica en el caso de la mina Crucitas. 

Esta página de Alcoa no se ha pasado, los mismos temas que se discutieron en su momento siguen pendientes, mantienen actualidad. El papel de la inversión extranjera, el poder de las transnacionales, el marco jurídico y sus deformaciones, el balance real que dejará la inversión una vez que abandone la explotación y otros puntos siguen pendientes porque las limitaciones al desarrollo no han cambiado en su esencia, porque la injusticia también tiene dimensiones planetarias.

Aquí no es tema de optimistas o pesimistas, arriesgados o contenidos, sino que siempre aflora la dominación y la injusticia que impera en las relaciones económicas internacionales, en donde impera la ley del más fuerte, la voluntad del poderoso.

Para citar una voz que supera las descalificaciones ideológicas sobre extremismos de izquierda basta citar a Juan Pablo II, quien al valorar las omisiones y excesos del capitalismo contemporáneo estima necesario que el Estado asuma “… la defensa y tutela de los bienes colectivos, como son el ambiente natural y el ambiente humano, cuya salvaguardia no puede estar asegurada por los simples mecanismos de mercado.

Así como en tiempos del viejo capitalismo el Estado tenía el deber de defender los derechos fundamentales del trabajo, así ahora con el nuevo capitalismo el Estado y la sociedad tienen el deber de defender los bienes colectivos que, entre otras cosas, constituyen el único marco dentro del cual es posible para cada uno conseguir legítimamente sus fines individuales.

He ahí un nuevo límite del mercado: existen necesidades colectivas y cualitativas que no pueden ser satisfechas mediante sus mecanismos; hay exigencias humanas importantes que escapan a su lógica; hay bienes que, por su naturaleza, no se pueden ni se deben vender o comprar.

Ciertamente, los mecanismos de mercado ofrecen ventajas seguras; ayudan, entre otras cosas, a utilizar mejor los recursos; favorecen el intercambio de los productos y, sobre todo, dan la primacía a la voluntad y a las preferencias de la persona, que, en el contrato, se confrontan con las de otras personas.

No obstante, conllevan el riesgo de una 'idolatría' del mercado, que ignora la existencia de bienes que, por su naturaleza, no son ni pueden ser simples mercancías….” (Ver la Encíclica Centesimus Annus- Mayo 1991).

Esta idolatría del mercado sigue inspirando las fórmulas del libre comercio a ultranza, es un simplismo deformante que pone en riesgo el desarrollo humano global; los excesos del capitalismo salvaje no son un relato fantástico de los círculos universitarios. Buenos recuerdos de aquella jornada cívica, pero hay que identificar las raíces de una asimetría, una dependencia, una injusticia planetaria, que es muy parecida, en su esencia, a la que se respirada el 24 de abril de 1970.

Las objeciones que sustentaban la discusión y los reparos al contrato-ley con Alcoa siguen vigentes, variaron las formas pero las raíces de la injusticia en las relaciones económicas internacionales se mantienen como hace 46 años, son tan profundas que no las alcanza la Constitución, pues a los megapoderes difícilmente se les puede imponer límites, a pesar de los ideales constitucionales.

PERIODISTA: Fernando Cruz Castro

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08 Mayo, 2016

HORA: 12:00 AM

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