FIV, Sala IV y CIDH: Un tema de respeto
Editorial
“Debe entenderse que la Fecundación In Vitro (FIV) está autorizada en Costa Rica y, de forma inmediata, se debe permitir el ejercicio de dicho derecho a nivel privado y público”, esta fue la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Costa Rica.
En pocas palabras, no hay plan B y el país debe sí o sí, acatar de inmediato el mandato para permitir a cientos de parejas realizarse el procedimiento para procrear a sus hijos. La decisión se da tras una lucha de más de 20 años que se ventiló en todos los foros posibles, desde judiciales y legales, hasta sociales, médicos y éticos,
Y es que la disposición de máximo tribunal de los Derechos Humanos además indica que el decreto del presidente Luis Guillermo Solís, (declarado inconstitucional por la Sala IV hace apenas un mes) debe ser retomado, como el único mecanismo en este momento que establece las reglas del juego ante la FIV.
Con posiciones a favor y en contra, el país se ha polarizado (dividido en dos extremos opuestos) en un tema tan trascendental como es generar vida. No es para menos, pues además este acto trasciende a la ciencia y está revestido de divinidad, de ahí algunas posturas radicales y extremas de ambas partes.
El presidente de la Sala IV fue contundente al declarar tras la orden: “ya habló el más alto tribunal a nivel regional. Como minoría siempre entendí que tenían derecho a la procreación, siempre lo entendí así, antes y después de la sentencia”, y agregó que no hay otra opción más que cumplir el mandato.
Luis Fernando Salazar, también magistrado del tribunal constitucional, mantuvo otra posición en el proceso y así lo hizo ver en un medio de comunicación. “Costa Rica todavía es conservadora, es una nación que respeta los derechos humanos”, tras conocer lo dispuesto por la Corte y que dejó literalmente el fallo de la Sala sin validez alguna.
Así como ellos, diputados de diferentes fracciones, sectores de la salud, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y demás involucrados han dado su punto de visto sobre la puesta en marcha de la técnica.
El tema no acaba acá, hay quienes amenazan desde ya que buscarán la forma de evitar que Costa Rica practique la FIV, otros aducen que se violentó la soberanía del país y que siete jueces internacionales aplastaron la decisión nacional.
Se habla de respeto a los derechos humanos, de crimen, de soberanía, responsabilidad, tolerancia, igualdad, religión, ética médica, dinero, médicos especialistas, procedimientos, en fin esto lleva a una discusión de nunca acabar.
Pero lo cierto es que lo primero que debe imperar es el respeto a la diversidad de criterios en vez de estar en dimes y diretes que de repente ofenden y hieren susceptibilidades. El país está obligado a normar y legislar con responsabilidad, la ley lo dice, “todos somos iguales”.
La disyuntiva sobre la técnica y el derecho a procrear, la cantidad de óvulos implantados, la conservación de ellos y la forma de desecharlos, son los puntos medulares que se deben ver con lupa.
El reglamento debe ser estricto, meticuloso, puntual y riguroso, involucrar no solo a las autoridades de salud del país, sino al Colegio de Médicos, Abogados, a las universidades públicas y privadas, a los medios de comunicación, a las organizaciones de derechos humanos, etc, es un tema integral.
Está de por medio la vida de padres e hijos, y con ello, se hace urgente poner controles y fiscalizadores. Jamás podría dejarse a la libre, más cuando las experiencias en otras latitudes muestran que es un negocio lucrativo y en ocasiones hasta despiadado, pero que es tan humano como la ciencia misma.
El Colegio de Médicos decidió poner en cintura a los profesionales que asisten a parejas para reproducir, creó un registro, puso reglas y sanciones, así es este tema de la FIV.
La ley que a futuro tenga que crearse para que no sea solo un decreto el que norme la práctica ocupa de consenso, de seriedad, pues por estar en disputas ya sin incidente, podría salir un adefesio jurídico que dañe aún más a los beneficiarios del procedimiento y los futuros hijos.
No se puede juzgar tampoco a quienes optan por tales tratamientos, a quienes han vivido la experiencia de la infertilidad u otro padecimiento que les impide tener hijos.
Ante todo y con respeto el país debe procurar el derecho a la FIV.
