Plantas de asfalto operadas por empresas constructoras almacenan el derivado del petróleo sin contar con los permisos del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
El diputado Luis Vásquez denunció ante la institución la existencia de dos plantas operadas por el Grupo Orosi S.A, otras dos por la Constructora Sánchez Carvajal S.A. -para los proyectos Sifón-La Abundancia, y Chilamate -Vuelta de Kooper, y una por la constructora RAASA S.A.
El legislador lanzó la advertencia en diciembre del 2015 a la Dirección General de Transportes y Comercialización de Combustibles, la cual en el oficio DGTCC-DL-2O15 se comprometió a suspender la operación de dichas plantas si representaban una amenazan para la seguridad de las personas y el medio ambiente.
El Minae debe otorgar las licencias para el almacenamiento del asfalto, según lo demanda el decreto 30131-MINAE-S “Reglamento para la Regulación del Sistema de Almacenamiento y Comercialización de Hidrocarburos”.
Sin embargo, el legislador acusa a la institución de incumplir al compromiso, y colocar en una situación de riesgo ambiental y humano.
“Se encuentra que hay plantas que no reúnen ninguna condición, o sea que ahí hay personas que podrían estar expuestas a contaminación a daños graves, no sé si más allá de una explosión o el derrame de un contaminante, las plantas están deterioradas. Mi posición es que por un tema de responsabilidad lo que no tenga permiso tienen que cerrarlo”, indicó Vásquez.
AUSENCIA DE LICENCIAS
En el informe de inspección de las plantas R-MINAE-DGTCC-2050-2016 que firmó el Ministro de Ambiente, Édgar Gutiérrez, y el director general de la Dirección de Transportes, Eduardo Bravo, concluyen que “se ha constatado la ausencia de licencias en cuatro plantas”, sin embargo se niegan a cerrar las empresas.
“No resulta procedente en este momento emitir cierre o suspensión de labores de las plantas de asfalto indicadas anteriormente, debido a que dicho producto está siendo utilizado en la construcción de importantes proyectos de infraestructura vial del país, razón por la cual la continuidad en su utilización se encuentra inmersa dentro de un evidente interés público, conforme a los dispuesto en el artículo 113 de la Ley General de Suministración” argumentan en el informe,
En su lugar dan un plazo de 60 días a las constructoras para estar en regla y giran una medida cautelar obligándolas a realizar un diagnóstico ambiental.
Señalan que solo en el caso del incumplimiento de lo dispuesto en ese plazo, girarán una orden a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) para que les suspendan la venta del producto.
Intentan justificar el desconocimiento del estado de irregularidad en el que operaban señalando que el Minae ha estado en un proceso intenso de control de estaciones de servicio, fiscalización de vencimiento de tanques, y almacenamiento de combustibles para autoconsumo.
“No hay fiscalización del ente contralor, es hasta el informe que rinde a mi despacho cuando tienen que mandar el personal a revisar las plantas. El máximo órgano es la Dirección General quien tiene que verificar que las plantas estén al 100% no solo por resguardar un tema de seguridad ambiental sino que es un interés humano, ya que hay ciudadanos laborando en esta planta”, insistió Vásquez,
El ministro Gutiérrez se sacudió señalando que más bien están regulando, lo que “siempre ha estado al garete”, obligando a la empresas a ponerse al día pero sin afectar la construcción de obra pública.
