La creación de la Sutel II
Juan Manuel Campos Ávila*
De las obligaciones derivadas del Cafta, nuestro país se decantó por crear una autoridad reguladora que fue finalmente adscrita a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos como un órgano de máxima desconcentración.
UN REGULADOR QUE SE INJERTÓ EN OTRO REGULADOR. La curiosa creación de la Sutel como regulador que se injertó con plena independencia de otro regulador sectorial fue la culminación de un cabildeo exitoso realizado por el ingeniero Fernando Herrero, a la sazón regulador general, quien hábilmente logró convencer a los entonces diputados de que se creara una nueva entidad reguladora, pero bajo la adscripción de la Aresep.
LOS ARGUMENTOS. Los argumentos de mayor peso que convencieron tanto al gobierno de turno como a los señores diputados que estaban a favor de las reformas sectoriales radicaban en el hecho de que la reforma a la ley constitutiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos requeriría mayoría simple (29 votos), que comparados con los 38 sufragios que se requerían para la creación de una entidad descentralizada marcaban un camino más sencillo en la creación de la nueva entidad. Sin embargo el debate de si se requería o no mayoría calificada se mantuvo hasta la consulta de constitucionalidad que se envió a la Sala Cuarta, en donde se estableció finalmente que ninguno de los dos proyectos que conformaban la reforma al sector de telecomunicaciones requería mayoría agravada.
LA OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA SOBRE LA COMPETENCIA DEL REGULADOR EN MATERIA DE ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. La comisión especial creada para dictaminar la Ley General de Telecomunicaciones requirió de la Procuraduría General de la República su apoyo técnico, a fin de que evaluara el proyecto de ley que estaba en discusión. La Procuraduría en una opinión jurídica -no vinculante- le expresó al Poder Legislativo su desacuerdo con que la nueva autoridad reguladora tuviera competencia en materia de espectro radioeléctrico. El abogado del Estado dijo: “La Procuraduría es del criterio de que funciones como el control y administración del espectro son propias del Estado, que debería ejercerlas por medio del Poder Ejecutivo. No por medio de la Autoridad Reguladora de las Telecomunicaciones”.
El criterio de la Procuraduría dio paso a que los legisladores aceptaran ese criterio y con ello introdujeran en el proyecto una disgregación de competencias entre la Sutel y el Poder Ejecutivo que privó a la primera de una competencia específica en el radioespectro costarricense. El resultado que finalmente quedó es el establecido en el artículo 10 de la Ley General de Telecomunicaciones, en el que se establece que la Sutel solo tendrá una labor de apoyo y que se circunscribirá a la comprobación técnica de emisiones radioeléctricas y no a una verdadera de administración y gestión del espectro, como debió ser.
UN HÍBRIDO REGULATORIO. El híbrido regulatorio que se formó introdujo en alguna medida un elemento de tipo político, una suerte de inacción en decisiones de carácter técnico. Un ejemplo de esta falta de decisiones lo encontramos con la ausencia de directrices sobre nuevas licitaciones de espectro o el rescate de frecuencias que están apagadas. En el centro de este ir y venir de falta de decisiones se encuentran concesionarios que transcurridos ya siete años de la Ley de Telecomunicaciones no se les ha adecuado su título conforme lo estableció el nuevo régimen legal. Esta desidia y falta de seguridad jurídica no solo ha impedido una óptima regulación en materia de espectro radioeléctrico, sino que ha dejado claro que la repartición de competencias entre el Poder Ejecutivo y la naciente Sutel fue una verdadera equivocación.
*Ciber Regulación Consultores
