Informe de la 7.ª Asamblea General de la SIP
Editorial
Este periodo quedará como uno de los más oscuros en la historia del periodismo costarricense, en especial por el nefasto intento, a inicios de año, del Ministerio de Ciencia y Tecnología (Micitt) de la administración del presidente Luis Guillermo Solís, de promover una nueva Ley de Radio y Televisión plagada de iniciativas atentatorias contra la empresa privada y la libertad de prensa.
El Ministerio distribuyó un "documento base para la discusión" que provocó la reacción adversa de los medios de comunicación y una reunión entre el presidente Solís y autoridades de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
El proyecto pretendía darle atribuciones al Micitt para fiscalizar y regular el otorgamiento de frecuencias, que se considerara acaparamiento que una empresa poseyera un 30% de frecuencias de televisión y un 20% de las de radio; regular el contenido -incluido el de la publicidad- por vía reglamentaria, con la excusa de combatir actividades como la pornografía; y otorgar al Poder Ejecutivo la capacidad, a su criterio, de asignar un 30% de las frecuencias de radio a entes regionales y comunales.
Finalmente el gobierno desistió del proyecto. La titular de Ciencia y Tecnología y el funcionario redactor fueron destituidos, mientras el presidente Solís aseguró que cualquier otra iniciativa respetaría los compromisos con la libertad de prensa.
El mandatario firmó la Declaración de Chapultepec, sin embargo el gobierno tiene listos otros tres proyectos que podrían incluir algunas de las medidas presentes en la iniciativa desistida.
Uno busca despenalizar las tareas de los periodistas, dejando la posibilidad de la demanda civil hasta por sumas millonarias que son permitidas en la legislación vigente.
Otro pretende legalizar la existencia de las emisoras de radio comunitarias, muchas de las cuales, por experiencia conocida en otros países, tienen como propósito fomentar proyectos políticos oficialistas.
Un tercer proyecto pretende regular la propaganda oficial, pero con el riesgo de que sea distribuida no sobre bases técnicas sino políticas, favoreciendo a medios estatales o afines al gobierno de turno.
Preocupa la tendencia del gobierno a ejercer el control o negar la entrega de información pública. La junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social se vio obligada a dar a conocer los salarios en el sector público después de que Otto Guevara, diputado del Movimiento Libertario, lo solicitó con base en una resolución de la Sala Constitucional de marzo de 2014, la cual determinó que esa es información pública.
La situación causó revuelo entre los sindicatos del sector público, pretexto que utilizó la Caja para negar mayor información al legislador.
La Sala Constitucional acogió recursos de DIARIO EXTRA y de Rolando González, diputado del Partido Liberación Nacional, que obligaron a Casa Presidencial a entregar información que había negado bajo razones de secreto de Estado sobre visitas de personas no identificadas a esa institución.
La prensa presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra una decisión del Directorio legislativo, que desde finales de 2014 ordenaba a los medios canalizar toda la información del Congreso a través de esa dependencia. El alto tribunal obligó al Legislativo a desechar esa medida.
En este periodo se observaron varias agresiones contra periodistas. El 8 de setiembre Fabio Chávez, presidente del Frente Interno del Trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE), amenazó a los medios durante una conferencia de prensa en la que la organización Patria Justa anunció una huelga general para octubre.
Lo más grave en este momento es el control político.
Algunas actitudes del ministro de Información, Mauricio Herrera, han sido consideradas intimidatorias, intrusivas y obstaculizadoras de la labor de la prensa. El 24 de setiembre DIARIO EXTRA resumió así esas posturas: “No dar la palabra a reporteros en conferencias de prensa; negar entrevistas; interrumpir y limitar consultas consideradas incómodas; numerosas llamadas a periodistas y directores de medios por parte del Ministro y la jefa de Prensa, Stephanie González, pretendiendo cambiar títulos, contenidos o hasta acusando a los reporteros cuando las informaciones desfavorecen al gobierno”.
El funcionario excusó su comportamiento con el argumento de que su intención no era otra que “aclarar datos”. Sus modos generaron repudio entre los directores de medios y un encendido debate en la Asamblea Legislativa, a la que se presentó con el fin de rendir cuentas. Los diputados decidieron recibirlo en la Comisión de Derechos Humanos, a la que pueden acudir los periodistas.
