La Procuraduría General de la República confirmó la ilegalidad del servicio de transporte que brinda la empresa Uber.
Así lo detalla en respuesta ante la petición del diputado, Franklin Corella, del Partido Acción Ciudadana (PAC) para aclarar la situación legal de la compañía en el país.
La institución informó de que ya se ha pronunciado anteriormente sobre el tema, por consiguiente refirma que constituye un servicio público que debe ser regulado.
Además, agrega que en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos fueron excluidos los términos del servicio remunerado de personas. Dicho criterio coincide con el emitido por la Dirección Jurídica del Consejo de Transporte Público (CTP) luego de realizar estudios sobre los alcances del TLC y dado a conocer días atrás.
“A juicio de este Despacho, no cabe duda que los servicios públicos,
y en particular el servicio de transporte remunerado de personas en sus diferentes
modalidades, en razón de su nacionalización, le competen al Estado y solo éste o las
personas a las que expresamente autorice, podrían brindarlo. (...) el servicio en cuestión no puede ser brindado a la libre por las personas físicas o jurídicas interesadas, pues se
requiere, necesariamente una autorización previa”, indica el documento.
La Procuraduría también menciona que el servicio público no es estático, sino cambiante y depende de la calificación que haga el legislador de una actividad económica en un momento determinado.
REGULACIÓN
Franklin Corella, legislador, explicó que trabajará en la presentación de un proyecto de Ley para regular el uso de aplicaciones en el transporte.
“La respuesta demuestra que nuestra legislación en materia de transporte debe ser modernizada para que contemple las nuevas tecnologías y plataformas de servicios en esta área”, indicó Corella.
Para el diputado el primer paso consiste en la realización de un foro en el cual convocará a taxistas, empresas que tengan la plataforma digital de transporte, al Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) y a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep).
Por su parte el Foro Nacional de Taxistas aplaudió la resolución del “abogado del Estado”, es decir de la Procuraduría.
DIARIO EXTRA intentó conocer la posición de la empresa Uber, sin embargo no se obtuvo respuesta al cierre de edición a las consultas enviadas por correo electrónico.
