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Opinión

La regulación del cabildeo en el sector público en Costa Rica

Juan Manuel Campos Ávila* / Espectro

La fracción del Partido Acción Ciudadana presentó al trámite legislativo el expediente número 19251 con el que se pretende regular el cabildeo en el sector público en Costa Rica. El proyecto es bastante parco y se debate entre el bien y el mal, por un lado se reconoce que el cabildeo es una actividad legítima en nuestra democracia pero teme los efectos del tráfico de influencias, por lo que se decanta por transparentar las agendas de los funcionarios públicos, llevar registros de reuniones y hacer evidentes las solicitudes que hagan grupos interesados.

 

EL CRITERIO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL SOBRE LA INDUSTRIA DEL LOBBY. Transparencia Internacional en un informe emitido el 15 de abril del presente año ha señalado en forma categórica que “El lobby sin ningún tipo de control ha tenido profundas consecuencias para la economía, el medio ambiente, los derechos humanos y la seguridad pública”.

 

¿QUÉ PROPONE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL SOBRE LA REGULACIÓN DEL LOBBY? Transparencia Internacional aboga por una sólida regulación del cabildeo en cuatro aspectos medulares:

 

1-. Una regulación de alcance amplio con el objetivo de identificar a los cabildeadores, sus patrocinadores y los receptores de las gestiones.

 

2-. Creación de registros obligatorios de lobistas. Se busca la regulación de una industria que ha estado ausente de toda regulación mediante mecanismos sencillos de inscripción.

 

3-. Crear una huella legislativa de los proyectos de ley que “permita identificar el camino recorrido por la propuesta legislativa hasta su aprobación y dar a conocer los aportes externos que incidieron en su desarrollo, así como los contactos mantenidos entre lobistas y servidores públicos”.

 

4-. Regular el fenómeno de las puertas giratorias. Esto es el traspaso de funcionarios entre el sector público y el privado y viceversa. Esta regulación, que no es menor, pretende evitar potenciales conflictos de interés de funcionarios públicos que vencido su nombramiento como reguladores o jerarcas pasan a dirigir los intereses de empresas reguladas. El fenómeno también puede darse a la inversa, es decir, ejecutivos de empresas reguladas que pasan a formar parte del staff de gobierno que tomará decisiones sobre el sector de donde provienen. La recomendación de Transparencia Internacional indica que resulta prudente “establecer 'períodos de cuarentena' mínimos que deban transcurrir antes de que funcionarios públicos y cargos electos puedan desempeñar roles de lobista, que potencialmente generen conflictos de intereses o produzcan tal impresión”.

 

LAS OPINIONES EN CONTRA DE LA REGULACIÓN. Desde la acera de los liberales se alzan voces en contra de una regulación de la industria del cabildeo, Juan Ramón Rallo, en España acaba de señalar en un artículo de opinión que es un peligro y un contrasentido que el Estado legisle sobre los lobbies afirmando que “Un Estado ha de limitarse, como mucho, a proteger unas instituciones normativas poco intrusivas que sienten las bases para la interacción pacífica y voluntaria de los ciudadanos (esto es, respeto a la propiedad privada y a los contratos entre particulares)”.

 

En todo caso y sea cual sea el resultado del proyecto de la fracción del Partido Acción Ciudadana, lo bueno es que ha puesto un tema sensible en la discusión parlamentaria.

 

*Ciber Regulación Consultores

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Lunes 24 Agosto, 2015

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