La contrarreloj persigue al proyecto de Ley de Recurso Hídrico, que después de ser aprobado en primer debate legislativo el año pasado, hoy corre el riesgo de terminar archivado si los diputados no logran alcanzar un acuerdo.
Los enfrentamientos son a tal nivel que el partido Frente Amplio cobija al diputado Edgardo Araya, principal defensor de la iniciativa, y a la legisladora Ligia Fallas, quien se opone rotundamente.
La iniciativa tiene el apoyo del gobierno y de la bancada oficialista, pero no cuenta con el respaldo de productores, quienes a través de la Alianza Nacional Agropecuaria (ANA) enviaron una carta a los congresistas pidiendo que no se apruebe.
“Si este expediente se aprobara, se estaría provocando que los productores, en especial los pequeños y medianos, pierdan sus fincas, es decir desaparecería el sector agropecuario”, advierten.
¿QUÉ DICE LA INICIATIVA?
El proyecto se presentó por el mecanismo de iniciativa popular, bajo el expediente 17.742, para enfrentar la escasez, contaminación y sobre explotación del líquido, por lo que establece el acceso al agua como un derecho humano y como un bien de dominio público.
Para el diputado Araya, la polémica está porque la iniciativa se aprobó con una reforma que reduce el rango de área protegida con respecto a la naciente, por lo que al hacer la consulta a los magistrados fue considerado inconstitucional. La solución es fácil, para el legislador, y según su criterio es que los parlamentarios aprueben el dictamen de minoría, que no incluía ese cambio.
“Que me digan en cuál artículo se exponen los pequeños agricultores a perder sus fincas, aquí detrás están los tagarotes que no pudieron reducir el área protegida; desde 1942 la Ley de Aguas establece que desde la naciente -tomando un punto 200 metros a la redonda- no es solo área de protección, es bien del Estado”, señaló.
Para la legisladora Fallas el proyecto debe ser desechado.
“La ley de iniciativa popular y la Asamblea le establecen un tiempo perentorio, ellos dicen que si el proyecto no se ha votado antes de dos años ya murió; se le da la primera votación al filo de los años, lo que la Sala dice es que debió dársele inmediatamente. De lo que entró a lo que hay aprobado al día de hoy se perdió como un 80% . El proyecto es totalmente regresivo en materia ambiental sin contar con estudios, pero ya Yamileth Astorga, que es una cosa nefasta la que hizo, llevó a cabo un estudio que garantiza esa regresividad en materia ambiental”, expresó.
ENFRENTAMIENTOS
Pero ese no es el único enfrentamiento, la disputa está en que reconoce el costo económico del agua.
“Si una botellita de agua vale mil colones y a usted le cobran el agua que gasta para bañarse, cocinar, lavar, los oficios del hogar, si toda esa agua se la cobran al valor de una botellita, no podríamos asumir eso. Quien hace referencia a nivel mundial de que el agua tiene un valor económico es la GWP, instancia del Banco Mundial encargada de la privatización del líquido a nivel mundial”.
Mientras Araya alega: “El tema del valor económico es un tema que le han metido ruido algunos sectores ambientalistas, no se busca privatizar, lo que se busca es reconocer que el agua tiene un valor económico, ¿o a la Asada le sale gratis bajar el agua desde la naciente? Eso tiene un costo”.
El proyecto asegura que el Estado controla el agua y podrá ser comercializada por concesión.
“No es que se van a poner en riesgo las concesiones de Cervecería Costa Rica, pero probablemente tendrá que pagar más”, alegó Araya.
El Partido Acción Ciudadana (PAC) propuso dar un tiempo de 15 días para buscar un consenso sobre el curso del proyecto.
