En los 15 centros penales de nuestro país hay 1.269 privados de libertad con penas mayores a los 25 años. Ellos podrían beneficiarse y salir antes de tiempo de la cárcel si los magistrados de la Sala IV resuelven a favor de Francisco Madrigal, reo que está en La Reforma, una acción de inconstitucionalidad que presentó y cuestiona la pena máxima de 50 años que se impone en el país.
LO QUE PIDE
Madrigal, quien está en Máxima Seguridad de La Reforma por dos homicidios y una sentencia de 70 años de cárcel, redactó un amplio documento en el que detalla por qué desde su punto de vista la pena máxima de 50 años de prisión en nuestro país es inhumana, ilegal, cruel y degradante.
En la acción número 15-002620-0007-CO pide que se declare inconstitucional la reforma a los artículos 51 y 76 del Código Penal, efectuada mediante la Ley 7389 del 22 de abril de 1994, expediente legislativo 10938, porque “el proyecto de ley parte de un fundamento equivocado, no en cuanto a los móviles que lo impulsaron, sino a los efectos que se provocaron con su aprobación, como el trato cruel, el hacinamiento y por ende la violación de los derechos básicos de todo ser humano”.
En el documento, de más de 50 páginas, Madrigal comenta que “al haberse modificado el artículo 51 del Código Penal, en su párrafo segundo, no se consideró el vacío de la “ley especial”, que establecería las normas bajo las cuales debían ejecutarse las nuevas medidas con el fin de generar una “acción rehabilitadora”, detalló.
Según el privado de libertad, de la mano de una nueva ley debió redactarse la “ley especial” a la que se hace referencia en la legislación, pero eso a la fecha no ha sucedido, por lo que no debería aplicarse lo que establece la nueva normativa por estar incompleta.
Además explica que el proyecto fue delegado a una comisión plena y no fue discutida en el plenario, con lo cual según él “no se logra una importante mayoría”; es decir, como reforma necesitaba ser aprobada por 38 votos pero solo recibió el apoyo de 18.
LOS BENEFICIADOS
Los 1.269 privados de libertad que cumplen penas de más de 25 años se concentraban a junio del 2015, según el Departamento de Investigación y Estadística del Ministerio de Justicia, sobre todo en La Reforma, donde hay 703. De esos, 190 tienen penas que van de los 25 a los 29 años, 158 de los 30 a 34 y 126 de los 35 a 39.
En Pococí hay 127, en Pérez Zeledón 81, en Cartago 71, en Limón 57, en Liberia 52, en Puntarenas 50, en San Carlos 39, en la Cárcel para Adultos Mayores 37, en El Buen Pastor 27, en San Rafael 15, en San José 5, en la prisión Gerardo Rodríguez 4 y en la del adulto joven 1 (ver cuadro “Los casos”).
Reynaldo Villalobos, director de Adaptación Social, dijo que respetarán lo que digan los magistrados, pero comentó que es un tema que urge analizar.
“Me parece que hay una contradicción con los fines establecidos porque si el promedio de vida del costarricense es de 78 años y un poco más en el caso de las mujeres, en algunos casos estaríamos en presencia de una pena o sanción perpetua, algo que está prohibido”, comentó. El abogado Alfonso Ruiz añadió que “estas personas, privadas de libertad, podrían pedir que se revisen sus casos porque de hecho dentro de las formalidades técnicas está el recurso de revisión de las condenas y si por ejemplo una persona fue sentenciada a 40 o 50 años de prisión y la norma en la que se basaron ya no existe, se tendrá la potestad de revisar su causa”.
DERECHOS HUMANOS
Madrigal expuso que la prisión vulnera el proceso de rehabilitación y resocialización, “lejos de reducir o disminuir la delincuencia, más bien ha estigmatizado y provocado un daño físico y psicológico en la persona privada de libertad”.
Agregó que esta situación fue advertida hace dos décadas por la entonces ministra de Justicia, Elizabeth Odio Benito, quien dejó clara su oposición a la reforma el 30 de agosto de 1991.
El abogado penalista Alfonso Ruiz dijo estar de acuerdo con que se estudie este tema.
“No está de más el análisis porque no solo hablamos de la imposición de penas, que se ha considerado por algunos como casi llegar a ser perpetua, sino también de la resocialización del delincuente, que en muchos casos no se da y es uno de los fines que se presenta”, declaró.
Su colega Rodrigo Araya por el contrario dijo no estar de acuerdo. “Es un tema preocupante porque podríamos estar en presencia de un caso en el que la Sala se traiga abajo esa reforma que se hizo hace más de 20 años y regresaríamos a una pena de 25 años, que a mi criterio como máxima es baja, sobre todo porque se trata de asuntos graves como homicidios, femicidios, secuestros, robos agravados, abusos o violaciones”, expresó.
SUSPENDEN JUICIOS
Los magistrados de la Sala Cuarta acogieron para estudio la acción de inconstitucionalidad que presentó Madrigal. Eso significa que estudiarán el documento y las razones que él expone y tomarán una decisión. Pueden declarar el caso sin lugar, es decir, no estar de acuerdo, o bien con lugar, con lo que le darían la razón. Esta posibilidad se puede dar completa, parcial o con observaciones.
Mientras se analiza este caso, la acción debe publicarse en el boletín judicial y a partir de ese momento se deberán suspender los juicios en que se prevé que la sentencia podría ser mayor a 25 años de cárcel.
Frente a ese panorama, mientras los magistrados no se pronuncien, algunos casos en que hay personas a la espera de un juicio y están privadas de su libertad, se les deberá ampliar la prisión preventiva, lo mismo pasaría con aquellas que fueron condenadas y están a la espera de la sentencia en firme o las que apelaron.
Ruiz mencionó que “la prisión preventiva no es perpetua, no puede ser a la libre y se puede prorrogar, pero no puede ir mas allá de lo que establece la ley”.
El exjuez Ewald Acuña recordó que en 2009 la Sala rechazó una acción contra los mismos artículos “sobre base que era equivalente a pena perpetua, no obstante los alegatos de ahora son diferentes y tienen que ver con el procedimiento y el efecto de tantos años en prisión en los privados de libertad. Aquí entra en consideración un elemento nuevo que es cómo se aprobó la reforma de la ley en la Asamblea Legislativa”.
ENCIMA DE LA LEY
El otro aspecto novedoso, según comentó Acuña, es que nuestro país ratificó el Estatuto de Roma, en el cual se establece cuál debería ser la pena máxima.
“Es un instrumento que está por encima de la ley por ser un convenio internacional y establece que la pena privativa de libertad debe tener un límite máximo de 30 años”, algo que según el exjuez podría obligar al país a discutir este tema y tomar decisiones.
• Presenta proyecto de ley para garantizar sanción
Diputado insiste en 50 años como pena máxima
Alarmado por la posibilidad de que los magistrados resuelvan que la pena máxima carcelaria se estipule en un máximo de 25 años, el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Gerardo Vargas, presentó desde ya un proyecto de ley que reformaría dicha disposición.
El legislador explicó que la Sala Constitucional admitió para estudio una acción de inconstitucionalidad contra los artículos 51 y 76 del Código Penal, que establecen como máxima sanción 50 años, alegando que se aprobó con sólo el respaldo mínimo de diputados, en una comisión plena, y no en el plenario legislativo con el respaldo de mínimo 38 legisladores.
“Lo que se está cuestionando es la reforma del año 94 en donde se eleva el límite máximo de condena de 25 a 50 años, quedaría por un vicio de forma la pena máxima de 25 años, con el proyecto de ley lograríamos que no se interrumpa la prestación de servicio de administración de justicia por una lado, la idea es garantizar la seguridad jurídica y combatir la impunidad”, explicó el diputado.
LOS MÁS PELIGROSOS
El diputado advirtió que más de 1.000 privados de libertad, los más peligrosos del país, podrían salir libres de quedar en firme esta resolución.
“Con solo la publicación del Poder Judicial que acoge para estudio la acción, se suspende el dictado de sentencia de procesos penales donde se puedan imponer penas mayores a los 25 años, eso significa que muchos juicios se tendrían que suspender y si tarda más de 10 días, la consecuencia jurídica es la anulación”, alertó.
El proyecto que presentó Vargas, reforma nuevamente los articulo 51 y 76, estableciendo una pena máxima de 50 años.
Vargas ejemplificó que si un sujeto que asesinó a 4 personas la condena máxima es de 50 año pagaría solo por dos asesinatos, ahora si es de 25 sólo pagaría por uno.
“Se suspende el servicio de administración de justicia para estos casos tan graves”, insistió.
