La Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa investigará al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).
La moción para abrir el proceso fue presentada por el diputado de Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, y se aprobó ayer en sesión del panel antes citado.
A la comparecencia deberán asistir la presidenta ejecutiva del INVU, Sonia Montero, y los miembros de la junta directiva de esta entidad.
La investigación será abierta luego de las denuncias que dio a conocer el diputado Alvarado de presuntas irregularidades en el manejo de fondos y nombramiento de varios de sus colaboradores.
Montero aseguró ayer en conferencia de prensa que está dispuesta a mostrar documentos ante los diputados que prueben no es veraz lo que el legislador argumenta en sus denuncias.
“Lo que el diputado Alvarado está diciendo es totalmente falso, desmentimos categóricamente, desde la junta directiva del INVU, todas las informaciones proporcionadas por Alvarado, ya que son inexactas”, dijo Montero.
La jerarca del INVU comentó, tal como lo hizo en la publicación de ayer en DIARIO EXTRA, que los nombramientos estaban a derecho y que Alvarado no se había comunicado con las oficinas del INVU para corroborar los datos que iba a denunciar.
Otra supuesta anomalía que expuso el legislador fue la desaparición de ¢1.400 millones de la institución, lo que para Montero es falso porque “del INVU no se ha desaparecido un solo colón sino que los dineros que él menciona son parte del presupuesto del año anterior”.
“Los fondos corresponden a una transferencia que el Gobierno central le realizó al INVU, como parte del presupuesto extraordinario del 2014, pero que fueron depositados en la cuenta de la entidad el último día hábil del año pasado”, explicó.
Con respecto al tema de la supuesta morosidad de la actual gerente del INVU, Lorena Alpízar, con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en la entidad informan que ella nunca ha sido patrona y que “la supuesta deuda se refiere a un cobro que la Caja le hizo, pero que se resolvió a favor de ella”.
El diputado indicó además que se contrató a la empresa Deloitte para realizar manuales de recursos humanos, cuando lo contratado fue, según el INVU, una reestructuración del modelo organizacional.
Al legislador se le envió una carta y todos los documentos que, según Montero, se traerían abajo las denuncias que planteó.
El Sindicato de Trabajadores del INVU solicitó una cita con Alvarado para conversar sobre el tema, ya que para ellos sus denuncias no corresponden a la realidad.
“El martes solicitamos una cita con don Fabricio para aclarar las supuestas anomalías de las que él habla. Creemos que hay situaciones que corresponden a la administración anterior, pero no a la actual”, dijo Ezzio López, secretario general del Sindicato.
