El Tribunal Supremo de Elección (TSE) rechazó el segundo amparo electoral que presentó el excandidato presidencial Johnny Araya, alegando que la sanción que le impuso el Tribunal de Ética y ratificó el de Alzada de Liberación Nacional (PLN) viola sus derechos políticos partidarios.
El 21 de mayo, en la resolución de la que DIARIO EXTRA tiene copia, los magistrados le señalan a Araya que es imposible reabrir una discusión sobre la cual esta “magistratura electoral estableció que la actuación del citado órgano partidario no transgredía los derechos fundamentales sobre el primer dictamen del 11 de marzo”.
El letrado Juan Luis Rivera explicó que “el Tribunal le hace ver (a Johnny Araya) que no es posible, que bajo la invocación de un fallo de un órgano interno vuelva a acceder a cuestionar hechos sobre los cuales ya el Tribunal se pronunció”.
Rivera detalló que el primer amparo Araya lo presentó sin que concluyera todo el proceso de apelaciones internas, pero al hacerlo aunque haya un nuevo fallo partidario, para el TSE ya tiene punto final.
Así, queda vigente la sanción que lo obliga a estar fuera del PLN por cuatro años.
“Su conducta implicó un valladar difícilmente superable para ganar la contienda electoral, truncando así un objetivo del PLN en el torneo electoral de 2014. Esa conducta, entonces, significa un irrespeto a los deberes del candidato como militante y, por esa vía, una falta sancionable por resultar afectada la ética partidaria”, señaló el TSE en la resolución.
“NO ESTÁ
CONCLUIDO”
Con el sinsabor que le dejó el fallo del TSE, Araya también conoció ayer que la Sala Constitucional rechazó el recurso de amparo contra los tribunales internos de la agrupación verdiblanca. Sin embargo, asegura que aún hay camino para desaparecer su castigo.
“El asunto no está concluido, en la Sala hay presentada una acción de inconstitucionalidad, la presentó otra persona que cuestiona la constitucionalidad de los artículos que se han aplicado para hacer la suspensión.
Si se le da curso tomaría acciones legales para evitar que se me aplique una sanción con base a normas estatutarias que están constitucionalmente cuestionadas”, señaló.
Esa acción la presentó hace más de un mes una delegada de San José.
