Las malas noticias en torno al cobro de la deuda política no acaban para el Partido Acción Ciudadana (PAC). Mientras corren para apelar la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que los deja con un hueco de ¢1.000 millones, la empresa Producciones Jaulares demandará a la agrupación este lunes, solicitando el embargo inmediato al aporte que el Estado le reconoce por los gastos en la campaña presidencial.
Jaulares se hizo cargo de actos proselitistas y de la organización de las “rutas de la alegría” con las que el presidente Luis Guillermo Solís recorrió el país en la contienda electoral. Justamente el pago a esa partida no fue reconocido por el TSE.
“Se les brindó un servicio y ellos tienen que pagarlo, independientemente si el Tribunal les cancela o no, la deuda política se la vamos a embargar porque precisamente es el activo más importante que tiene el PAC”, explicó el abogado de la empresa, Boris Molina.
Jaulares sólo estaba esperando que se ratificara la nueva personería jurídica del partido, reconociendo a Margarita Bolaños como presidenta del PAC, para presentar la acusación.
“Es una arbitrariedad por parte del PAC, sencillamente se escudan diciendo que no hay un contrato que avale ciertas facturas, cuando hicieron un montón de cosas sin que se hiciera ningún contrato. Por ejemplo, en el ascenso de don Luis Guillermo en el Parque Roosevelt no existía ningún contrato, por supuesto no tenían la certeza de que iban a ganar y así lo hicieron”, enfatizó
NEGOCIO CON MELVIN JIMÉNEZ
Molina insiste que es un descaro del PAC no querer pagarles cuando se negoció con el exministro de la Presidencia, Melvin Jiménez; el entonces presidente del partido, Olivier Pérez; y el estratega Iván Barrantes.
“Es una de las tantas pruebas de que el PAC dice una cosa de la boquita para afuera y en la práctica es otra cosa, ellos hablan de transparencia, cuando les conviene hacia adentro, hacia afuera hipócritamente se comportan peor que cualquier persona, no honran sus deudas; es lo peor que puede tener un ser humano”, señaló.
La deuda con la compañía alcanza -según el abogado- $500 mil. Además acusarán a la agrupación por daños a la imagen.
“Hay dos cosas, hay un sinsabor ético-moral-político, para don Manuel (Ardón, dueño de la empresa) y la gente que estuvo al frente de todo esto por parte de Jaulares; pero también hubo un daño y unos perjuicios gigantescos, no sólo a la imagen sino al patrimonio de la familia de don Manuel Ardón, que han tenido que soportar el no pago de esta deuda, mientras ellos ya les cancelaron a todos los proveedores que dieron servicio”, concluyó.
