La Fiscalía acusó a una exjueza de Limón, de apellido Gamboa, a quien le atribuye dos supuestos delitos, uno de ellos por violación a la Ley sobre Estupefacientes y otro por tráfico de influencias, según el expediente 13-207-1219-PE.
En este caso se sanciona al funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, procure por cualquier medio, la impunidad o evasión de personas sujetas a la investigación, ya sean indiciadas o condenadas. En el caso de ella, mientras fue presidenta el Tribunal Penal de Limón, se sospecha habría recibido dinero para liberar a un reconocido narco de la zona quien estaba detenido.
El Ministerio Público, según el documentos enviado, “vincula a la mujer con hechos ocurridos en el 2011, cuando se detuvo a un grupo de hombres que transportaba 1.150 gramos de picadura de marihuana en el mar. Luego de que la Fiscalía solicitó la prisión preventiva y el Juzgado Penal de la zona acogiera dicha medida cautelar, la defensa de los sospechosos apeló la resolución que privaba de libertad a sus clientes. En la audiencia de apelación, la jueza levantó la prisión preventiva para uno de los imputados, en condiciones anormales, facilitando de esta manera la fuga del hombre, quien hasta hoy permanece prófugo de la justicia costarricense.
Además hay otro caso con el que se le relacionaría y es haber intentado la impunidad de un grupo criminal al que le incautaron 33.660 gramos de marihuana y 2.6 gramos de hachís.
La Fiscalía solicitó al Juzgado Penal prisión preventiva en contra de los sujetos, pero cuando el caso fue apelado, según las pruebas en poder del Ministerio Público, Gamboa habría presionado al tribunal para que ordenara la libertad de los sospechosos, algo que no logró, pero lo habría intentado, según la acusación.
“La tercera actividad ilícita acusada señala que Gamboa se presentó con un familiar al Juzgado Penal para solicitar al juez que ordena la libertad en favor de un imputado por el delito de conducción temeraria”, señala la fiscalía. Los delitos atribuidos a la exjueza establecen sanciones de ocho a 20 años de cárcel. La mujer fue detenida en su casa de habitación en mayo del 2014, poco antes de que aprovechara la pensión que tenía aprobada desde el 30 de enero del 2014.
