Más que entender lo que hace la Corte Suprema, el Primer Informe Estado de la Justicia lo que revela son las carencias, debilidades y hasta efectividad del Tercer Poder de la República, lo cual confirma que el clamor de los costarricenses por una justicia “pronta y cumplida” tiene su razón de ser, debido a que en los últimos años los ticos confían más en los medios de comunicación e iglesia que en el Poder Judicial, así lo indicó ayer a DIARIO EXTRA, Evelyn Villareal, coordinadora de la investigación durante la presentación del estudio.
“La gente quiere saber lo que está pasando en el sistema judicial, por eso consideramos urgente realizar la investigación, para lo cual analizamos una serie de expedientes entre 1990 y el 2013, fue complejo y encontramos cifras que alarman, por ejemplo los casos de delitos sexuales, contra la propiedad y que las mujeres no tienen asegurada la asesoría jurídica”, afirmó.
Cada día más gente trabaja en el sistema judicial del país, así lo revelan la cifras del Estado de la Justicia, mientras que en 1990 había 3.500 empleados, hoy la cifra llega a los 11.233 personas, hay que sumar que la Corte cuenta con uno de los presupuestos millonarios del país.
Al respeto la presidente de la Corte, Zarela Villanueva, indicó que se hay más servicios, edificios, mecanismos e instancias para trabajar de manera más ágil y efectiva.
Sin embargo, ante las constantes quejas porque los empleados no atienden bien, tratan mal, son lerdos y no responden como se debe, Villanueva reconoció que existe una carencia en este tipo de mecanismo de control y que ante las quejas constantes las acciones llegarán en un año.
“Reconocemos debe darse un cambio, por eso realizamos una campaña interna, pero lo importante es que estamos trabajando en el tema de la evaluación de desempeño de nuestros funcionarios, trabajamos para fortalecer el sistema y lograr que quienes lleguen a cualquiera de nuestros servicios y oficinas, puedan ser atendidos y recibir el trato que se merece”, destacó la presidenta de la Corte.
Mas caro cuesta también resolver las quejas que lleva cada tico: de ¢11.932 en el 90 pasó a ¢41.103 en el 2013. Pero también los casos terminados están más caros, pasaron de ¢259.250 a ¢376.846, reveló Villareal quien asegura que el estudio da la oportunidad de realizar los cambios que la población y el país requiere.
ABUSOS SEXUALES EN ALERTA
Otra cifra que alarma y la cual obliga a un llamado de atención es el 80% de casos relacionados con abusos sexuales, donde lo que más preocupa es que las víctimas no tienen asegurada la asesoría jurídica. “Estamos trabajando en esto, ya que esta es una problemática que involucra a muchas personas, por eso esperamos continuar trabajando en esto”, reconoció Villanueva.
Otros datos que destaca el Ier. Estado de la Justicia es que la legislación vigente en el país, obliga atender casos que van desde un pleito entre vecinos por un perro que ladra hasta un escándalo político.
Además, los números indican que el 74% de los casos atendidos son por divorcios y el 70% es de mujeres que piden protección. El tema de salud es uno por los cuales más amparos se presentan, debido a que un 58.1% de los asegurados ganaron un recurso a la Caja por mala atención, lo cual obligó al Seguro Social entregar 326 tipos de fármacos.
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CRÉDITOS: Fotos: David Barrantes/José A. Venegas
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Miércoles 22 Abril, 2015
HORA: 12:00 AM
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