Una Cumbre histórica… una oportunidad perdida
Piszkas Cotidianas
La VII Cumbre de las Américas culminó marcada por la histórica participación de Cuba y la renovación de las relaciones hemisféricas que ha traído aparejada. De tal manera, Estados Unidos y Cuba afianzaron su deshielo con una emblemática reunión entre los presidentes Barack Obama y Raúl Castro, escenario donde se pasó la página del último conflicto vigente de la Guerra Fría en nuestro continente.
Asimismo, se trató de una oportunidad para el diálogo bilateral y multilateral para intentar avanzar en temas comunes a nuestra región relativos a la agenda en educación, energías limpias, infraestructura, inversiones, facilitación del comercio, lucha contra el narcotráfico, juventud como socia para la prosperidad, transparencia, respaldo al sector privado e inversión extranjera directa.
Sin embargo, también fue un espacio para que, como se esperaba, el Presidente venezolano Nicolás Maduro y los demás países del ALBA centraran su discurso y su estrategia en la arremetida contra los Estados Unidos y, en particular, en la solicitud de derogar el decreto con que el pasado marzo el presidente Barack Obama impuso sanciones a siete altos funcionarios del gobierno venezolano por corrupción y violación de los derechos humanos a ciudadanos de dicho país.
Mientras tanto, para nuestro país, dicho encuentro de alto nivel representó (salvo la reunión bilateral con el Presidente estadounidense), una oportunidad perdida para alzar la voz ante los altos dignatarios americanos, pronunciándose de manera contundente ante la sistemática violación a los derechos humanos y las libertades fundamentales en este país sudamericano, en concordancia con la historia de paz, libertad, igualdad y lucha en favor de la democracia y los derechos humanos que caracterizan a Costa Rica internacionalmente.
Si bien, augurábamos con esperanza e ilusión una postura contundente en este tema, pues el mismo día de la inauguración de la Cumbre el presidente Solís expresó en una entrevista con el noticiero La Noche, del canal colombiano NTN24, que “quienes estén presos por delitos políticos o por delitos políticos conexos deben tener garantías para la tramitación de esos cargos, deben ser informados de ellos, y deben hacerlo en libertad, que es lo que procede respetándose el debido proceso”; el discurso pronunciado por el Canciller de la República, en representación del presidente Solís, se alejaba de tal postura y más bien entraba en una machotera y acomodadiza manifestación de principios y buenas intenciones, sin contenido sustantivo, ni posiciones claras.
Lo anterior me lleva irremediablemente a preguntar ¿quién define la política exterior costarricense y cuál es la posición oficial de nuestro país en estos temas? ¿Será la del Presidente de la República en medios de comunicación o la complaciente postura expresada en el Pleno de la Cumbre por el señor Canciller? ¿Será acaso que existe un temor, mal entendido como prudencia, de expresar de manera clara el respeto por la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito multilateral?
Aunque el irrenunciable respeto a la soberanía y el sacrosanto derecho a la no injerencia fueron dos conceptos trillados en muchos de los discursos pronunciados en la Cumbre, quienes definen la política exterior de nuestro país deben tener claro que el derecho inalienable de todo Estado a su propia independencia, la libre autodeterminación de los pueblos y la no intromisión en asuntos de otros Estados, son principios de derecho internacional que han de ser ejercidos en función de otra condición primaria e ineludible en la comunidad internacional: el respeto pleno y la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Esta condición fue reconocida, eso sí, por 25 exjefes de Estado y de Gobierno, entre quienes se encuentran los expresidentes costarricenses Monge, Calderón, Rodríguez, Arias y Chinchilla, quienes suscribieron la Declaración de Panamá, donde expresamente exigen “la inmediata liberación de todos los presos políticos” y alertan sobre la “política de no reconocimiento ni acatamiento de las decisiones y pronunciamientos dictados por los órganos internacionales e interamericanos de tutela de derechos humanos” que mantiene Venezuela. A su juicio, “es manifiesta la ausencia de independencia de la Justicia, la persecución judicial de quienes se expresan políticamente disidentes frente al gobierno, la presencia reiterada de actos de tortura por funcionarios del Estado, la existencia de grupos paraestatales armados y de apoyo al mismo gobierno, y el ambiente de total impunidad” existente en el país.
Dicha posición debió ser avalada y apoyada por el Gobierno, pues callar ante las injusticias nos convierte en cómplices de dichos atropellos; no levantar la voz contradice nuestra tradición democrática prestigiosa y reconocida a nivel internacional, mientras que el enorme riesgo de mirar hacia atrás y no hacia un futuro pleno de libertades y derechos, nos convierte en una estéril estatua de sal como le ocurrió a la mujer de Lot.
*Diputada Partido
Liberación Nacional
