Gilberto Monge, vicepresidente de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), estima que lo ocurrido en la Municipalidad de Santa Ana, donde el concejo aprobó solicitar al Tribunal Supremo de Elecciones cancelar las credenciales al alcalde por un supuesto caso acoso sexual, fue un verdadero juicio político.
Monge salió ayer a dar la versión de la ANAI con respecto a ese tema y anunció que darán acompañamiento, asesoría y apoyo, para que el asunto sea tratado en los ámbitos del ordenamiento jurídico.
A su criterio hay bastante jurisprudencia, la cual indica que el alcalde es el jerarca administrativo general del gobierno local y el Concejo Municipal es el cuerpo político deliberativo. Ambos están al mismo nivel, por lo que uno no puede entablar sanciones administrativas al otro.
“El Concejo Municipal no tiene la potestad de dictar cosa juzgada, competencia que en nuestro Estado de derecho le corresponde a las instancias judiciales. Los regidores no pueden actuar como jueces, estos son únicamente parte de un cuerpo político, deliberativo y colegiado, y no poseen criterio para sentenciar al alcalde, el cual es parte del gobierno local bifronte, así establecido por la Sala Primera y jurisprudencia de la Procuraduría General de la República, misma que establece la relación de estos como de coordinación y no de subordinación”, comentó.
Según estimó, el Concejo Municipal de Santa Ana no fue respetuoso del debido proceso, toda vez que la Sala Constitucional tiene en redacción el voto del expediente 11.
008342-0007-CO donde se establece que la sanción administrativa de pérdida de credencial interpuesta por el Tribunal Supremo de Elecciones puede ser objeto de fiscalización ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, conforme al artículo 49 Constitucional.
Denunció que en el seno del Concejo Municipal se está dando una guerra política, por cuanto, el alcalde tiene solo el acompañamiento de su partido de dos regidores y la oposición de tres.
Según él, por eso el tema debió primero ir al Tribunal Contencioso Administrativo donde se aclararía el procedimiento en el casos disciplinarios contra los alcaldes.
“Lo que le hicieron a Gerardo Oviedo fue un juicio político, no hay duda ”, concluyó Monge.
DIARIO EXTRA intentó localizar ayer a Oviedo para conversar sobre este tema, pero no contestó las llamadas ni los mensajes.
La Defensoría de los Habitantes es clara y se pronunció ante las manifestaciones de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias. De acuerdo con la institución defensora, las víctimas de hostigamiento sexual no debe ser juzgadas “ni por su forma de vida, ni por sus relaciones amorosas presentes y pasadas, ni por sus asuntos de su intimidad con base en estereotipos discriminatorios, ya que ello constituye una forma de violencia y disminuye de manera contundente los derechos que las asisten”.
“La Defensoría muestra su preocupación por las diferentes manifestaciones emitidas por la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, ante un reciente caso donde consideramos que sí ha aplicado presión, medidas frente a la autoridad y ayuntamiento, en el cual desconocen el mandato de ley; más grave aún es que censuren la actuación del Concejo por la resolución que emitieron”, dijo Lilliana Castro, directora de la Mujer de la Defensoría de los Habitantes.
